Fernando Velázquez

Guanajuato.- Genaro Ahumada García, investigador de la organización Causa en Común, calificó como un “absoluto despropósito” que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde de Juventino Rosas, Fernando Gasca Almanza, hayan decidido despedir a todos sus policías y tránsitos, quienes, advirtió, podrían terminar por engrosar las filas del crimen organizado.

Indicó que esta depuración debió realizarse de manera gradual, y sin dejar en las fuerzas armadas la mayor carga de responsabilidad en las labores de seguridad pública del municipio.

Además, sostuvo que la decisión fue tomada en un momento inadecuado, tomando en cuenta el alza en la incidencia delictiva del municipio.

Si la idea era desintegrar esa policía, yo creo que fue precipitado; en segunda, fue en un momento muy equivocado con índices de violencia creciendo muchísimo en la entidad, y además, renunciando a esa atribución que tienen los gobiernos de garantizar seguridad a la población, por eso es un absoluto despropósito por parte del gobierno estatal”, dijo en entrevista.

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El investigador de Causa en Común añadió que las autoridades locales al menos deberían garantizar los derechos laborales de los policías y tránsitos despedidos, además de ofrecerles alguna alternativa para seguir llevando dinero a su familia.

Lo anterior, al considerar que tienen información de protocolos y estrategias policiales que son de interés para grupos delincuenciales.

“Es sacar a la calle al menos a 100 elementos en un contexto en el que precisamente la pobreza, la falta de empleo o la precarización del mismo son también factores estructurales que detonan la inseguridad, entonces ellos teniendo también información de protocolos policiales, por ejemplo, ante la ausencia de un empleo, fácilmente pueden optar por ayudar a grupos del crimen organizado”, dijo.

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Genaro Ahumada añadió que esto deja de manifiesto que algunas autoridades locales han abandonado el trabajo elemental de fortalecer sus corporaciones de seguridad, para evitar que sucedan este tipo de depuraciones masivas.

El caso

Foto: Martín Rodríguez

El pasado 20 de octubre el gobernador Diego Sinhue dio a conocer que las Fuerzas Estatales, en conjunto con el Ejército y Guardia Nacional, tomaron el mando en Juventino Rosas. En el operativo trueno habrían encontrado droga y faltante en municiones.

Lo anterior luego que se decidiera liquidar a los 135 policías y tránsitos municipales que conformaban la corporación. Según afirmó: “hay señales que hacen pensar que las corporaciones estaban infiltradas por la delincuencia”.

“Ha habido ya varios temas en Juventino que nos hacen pensar que hay una infiltración de la delincuencia en estos cuerpos policiales y se ha optado con el alcalde mejor quitar toda la corporación. Va a tener que formar una nueva”, dijo.

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Sin embargo, el despido indignó a los 135 uniformados que aseguran: “se trata de un despido injustificado”, pues ahora han quedado sin su fuente de trabajo.

Coincidieron que la única postura por parte del alcalde Francisco Gasca es que la próxima quincena se les pagara el tiempo restante laborado, su prima vacacional, así como sus prestaciones y posteriormente se les dará su finiquito.

Después de entregar todo su equipo, los más de 100 elementos tanto municipales como de Tránsito y Vialidad, estuvieron esperando en el patio de presidencia municipal a que se les entregará el oficio correspondiente sobre su baja de la corporación.

Una crisis de violencia

Foto: Archivo

Esta, no sería la primera vez que los elementos eran blanco de la detallada inspección, pues en enero y febrero ya las FSPE y la Guardia Nacional revisaban a los elementos, pero con algunos ‘pormenores’.

La primera, registrada el 13 de enero, un día después del asesinato del diputado Juan Antonio Acosta Cano, diputado local del PAN y expresidente municipal de Juventino Rosas en dos periodos. Juan Antonio fue atacado a balazos en la calle Venustiano Carranza, donde falleció casi al instante por las heridas. Lee los detalles: Asesinan a Juan Antonio Acosta diputado local por el PAN

No obstante, se suspendió el 18 de enero bajo la advertencia que las revisiones continuarían.

Y así fue: la segunda inspección —extendida también para los elementos de Villagrán— cuyo operativo llamó la atención al prolongarse por hasta 12 horas debido a la resistencia de los oficiales para proporcionar sus equipos de comunicación.

Foto: Correo

Aunque durante tal inspección resultó sin resultados positivos, en abril, una revisión extraordinaria en el área de Tránsito municipal incluyó a todos los elementos en un extenuante interrogatorio por elementos de la Fiscalía General del Estado.

Esta acción habría derivado de la detención del titular del área, Juan Carlos Jiménez Badillo, como uno de los presuntos implicados en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta. La investigación habría concluido sin resultados positivos aparentes y las inspecciones pararon hasta este martes.

Piden dar seguimiento

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sophia Huett López señaló que se le debe dar seguimiento a cada uno de ellos para evitar que aquellos que no tenían colusión criminal, puedan ser atraídos por la delincuencia.

Sophia Huett manifestó que continúan las investigaciones y afirmó que a casi una semana de que las autoridades estatales y federales asumieron el control de la seguridad en el municipio, no se han registrado delitos de alto impacto y se ha tenido la aceptación de la ciudadanía.