Fernando Velázquez

León.- La sobrepoblación en las cárceles de Guanajuato y en muchos estados del país es producto del creciente catálogo de delitos que amerita prisión preventiva de oficio, a la alta carga de trabajo de los defensores públicos y de la tendencia entre los jueces para dictar prisión preventiva como medida cautelar.

Así lo afirmó María Sirvent Bravo Ahuja, socia fundadora y director ejecutiva de “Documenta A.C.”, que trabaja en favor de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y con discapacidad psicosocial o intelectual.

Correo publicó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Púbica del estado, la sobrepoblación en las cárceles de Guanajuato es del 20 por ciento, y 35 de cada 100 reos están tras las rejas sin haber recibido sentencia todavía.

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En entrevista, la directora de “Documenta A.C.” indicó que a partir del 2020 se notó un acelerado crecimiento en la población carcelaria, producto de las reformas al artículo 19 constitucional que aumentó la cantidad de delitos meritorios de prisión preventiva de oficio.

Además, aseguró que existe una preocupante tendencia entre los jueces de dictar dicha medida cautelar, que en el país se aplica en promedio al 85 por ciento de los detenidos, según dijo, cuando en realidad la prisión preventiva debería ser la excepción, no la regla.

Estas circunstancias provocan la sobresaturación de cárceles, justo lo contrario a las recomendaciones internacionales que pedían despresurizarlas con motivo de la pandemia de la covid-19.

“Evidentemente esto se vuelve más grave cuando estamos en medio de una pandemia que el objetivo era despresurizar las prisiones, de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales, y no que aumentara la prisión. Los jueces debieron haber liberado a más personas, no encarcelando a más; eso es lo grave, la falta de conciencia sobre el problema”, dijo.

También dijo que alarma mucho que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presuma que en los primeros tres años ha triplicado la cantidad de encarcelados en comparación con todo el sexenio pasado, pues una tercera parte de los reos están recluidos sin haber recibido una sentencia.

A lo anterior se suma la gran carga de trabajo que tienen los defensores públicos, que se encargan de alrededor de 300 casos por año, en promedio en el país, indicó la directora de Documenta A.C.

“No es forzoso que, si detienes a personas, la delincuencia baja, porque además tenemos que analizar quiénes están en prisión, qué personas, por cuáles delitos, si son graves, si son personas en situación de vulnerabilidad, sin recursos. ¿Quiénes son la mayoría que están en prisión, los grandes delincuentes o quiénes?”, dijo.

Finalmente, María Sirvent señaló que para combatir el problema no es solo necesario reducir el catálogo de delitos con prisión preventiva de oficio, sino también cambiar la cultura punitiva hacia un modelo de reinserción social efectiva.

Buscan nuevo penal, detenciones no pararán

Los centros penitenciarios del estado están sobrepoblados y los reos viven en el hacinamiento, reveló el Censo Nacional del Sistema Penitenciario en los ámbitos estatales y federales 2021, del INEGI, con una tasa de ocupación del 105.7 por ciento.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública reveló que en promedio, las cárceles de Guanajuato presentan una sobrepoblación del 20 por ciento, y 35 de cada 100 reos están ahí sin siquiera recibir una sentencia.

También se informó que los 11 centros penitenciarios a cargo del estado, tienen la capacidad de albergar a 6 mil 043 prisioneros. Sin embargo, con corte a octubre, había 7 mil 269 personas recluidas en ellos, 6 mil 952 hombres y 317 mujeres.

La cárcel de Celaya es la que presenta la situación más crítica, pues a pesar de contar con solo 406 espacios, tiene encarceladas a 796 personas, es decir, prácticamente el doble de su capacidad.

Ante la sobrepoblación creciente el Gobierno del estado buscará que la Federación destine recurso para ampliar algunas de ellas.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que la mejor opción sería construir una nueva, pese a que tal opción implicaría invertir entre 3 mil y 5 mil millones de pesos que el estado no tiene.

Más tarde el mandatario se pronunció a favor de buscar una Asociación Público Privada (APP), para la construcción de un nuevo penal en el estado, pero administrado por el gobierno, además de tomar la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador para mientras tanto trasladar a los reos al CEFERESO de Ocampo, ante la saturación de cárceles que tiene el estado.

LC