La Prodheg documentó más de cien negligencias en búsqueda de desaparecidos en Guanajuato por parte de la FGE

Staff Correo y Daniel Moreno

Celaya.- El 8 de octubre de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó una alerta Amber por un adolescente que se extravió desde el 24 de julio de 2018. Habían transcurrido dos años y 76 días desde que el menor fue visto por última vez cuando la alerta se activó.

En el caso de un adulto desaparecido en 2020, el Ministerio Público ordenó cotejar los perfiles genéticos un año y ocho meses después; no solicitó los videos de las cámaras que había en el sitio donde la víctima fue vista por última vez, ni gestionó la geolocalización de su teléfono celular.

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Como esas omisiones, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) documentó más de cien negligencias y/o casos de inacción en las agencias del Ministerio Público “especializadas” en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto en seguimiento a 47 quejas que recibió entre 2019 y 2021 por la falta de rigor en la integración de las carpetas de investigación.

Tras acreditar diversas carencias y desapego a los protocolos de búsqueda, la PRODHEG dirigió tres recomendaciones a la FGE el pasado 24 de enero. En ellas pide capacitar a su personal y dar atención psicosocial y atención especializada a las víctimas indirectas y los familiares de las personas desaparecidas.

El 24 de abril, cuando rindió su informe anual de actividades, el fiscal Carlos Zamarripa presumió que en 2021 atendieron solo cinco recomendaciones de parte de la PRODHEG, que significaban una disminución del 93 % con relación al año anterior. En enero de 2022 ya llevaban tres.

Falta de diligencia y exhaustividad

El expediente más robusto es el 307/19-II y sus acumulados, en el cual se concentraron las 44 quejas que se presentaron por el deficiente actuar del Agente del Ministerio Público Número 8, con sede en Irapuato. Estas quejas están relacionadas con la desaparición de dos menores de edad, ocho mujeres y 27 varones.

En total, de esta recomendación se desprenden 107 observaciones por omisiones, incumplimiento de protocolos, actuaciones inadecuadas y dilaciones durante las indagatorias que la FGE desplegó para tratar de dar con el paradero de las personas no localizadas.

“Una vez analizadas las quejas que ahora se resuelven, así como las pruebas y evidencias recabadas en los expedientes, se desprende que los hechos que motivaron la queja consisten en violaciones al derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia y al derecho a la verdad, por la falta de diligencia y exhaustividad en la investigación de la desaparición de los familiares de las personas quejosas”, se advierte en las conclusiones.

En el caso de los dos menores desaparecidos, se documentaron seis omisiones; en las indagatorias por las ocho mujeres no localizadas se acreditaron 27; y en los casos de los hombres se hicieron 78 observaciones.

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“Quedó acreditada la violación al derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia y su derecho a la verdad, por parte de la Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas número 8 en la ciudad de Irapuato, por la falta de diligencia y exhaustividad en la investigación de la desaparición de familiares de las personas quejosas”, reiteró la PRODHEG.

Predomina desidia en caso de expolicía

Diversos yerros del personal de la Fiscalía en Celaya fueron exhibidos en dos recomendaciones que emitió la PRODHEG. Estas señalaron que no se aplicaron los protocolos básicos para la búsqueda personas desaparecidas.

En el expediente 191/19-B-I se le dio seguimiento a una denuncia que se presentó el 3 de febrero del 2018 por la privación ilegal de la libertad de un expolicía -al parecer de Celaya, aunque la PRODHEG no lo especifica en el documento-. Ahí se indica que sus familiares describieron detalles de un vehículo en el cual se lo llevaron.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público de Celaya no investigó exhaustivamente la desaparición , documentándose las siguientes omisiones:

  1. Supuestamente hubo peritaje balístico en el domicilio del desaparecido pero nunca se conocieron los resultados.
  2. No se analizó el registro de llamadas del equipo del teléfono móvil de la víctima.
  3. No sé investigo a una persona extranjera relacionada con el caso.
  4. Personal del Ministerio Público se tardó en entrevistar a dos policías de Celaya también relacionados al caso. Incluso de ellos no sé pidió un expediente laboral.
  5. Tampoco se investigó el auto del desaparecido.
  6. Como parte del protocolo se busco en redes sociales para encontrar alguna pista, pero se concluyó que el Ministerio Público solamente encontró el perfil de la víctima y solo tomo capturas de pantalla. Sin embargo, el MP debió pedir a las empresas responsables de esta redes sociales acceso a los mensajes privados con otra personas.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que, de acuerdo con los relatos de los familiares y testigos, a la víctima se la llevaron en un vehículo que ese mismo día fue ubicado a las 9:21 horas en un arco carretero en el tramo Celaya-Cortázar; sin embargo, el Ministerio Público no pidió mayor información de cámaras o radares a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sólo pidió el apoyo a Seguridad Pública de Jaral del Progreso para revisar los videos de las cámaras del Municipio. Sin embargo, se les respondió que los videos sólo los guardan cinco días y se borran en automático. Y aunque los agentes de la FGE debieron insistir, no lo hicieron.

Incumple búsqueda de dos mujeres

El expediente 47/20-B-II se inició en seguimiento a la queja de familiares de dos mujeres desparecidas el 22 de octubre del 2018, que acudieron a poner su denuncia, pero el personal de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas no investigó a fondo lo sucedido.

Se reprocharon las siguientes omisiones:

  1. No se revisaron los contactos telefónicos.
  2. No se entrevistó a tres personas sospechosas.
  3. Nunca se investigó la cuenta bancaria de otra persona que estaba relacionada con el caso y cuya cuenta surgió en la investigación.
  4. Tardaron siete meses para pedir información a la Secretaría de Salud para descartar la posibilidad que las mujeres estuvieran recibiendo atención médica. La misma información tardo nueve meses en llegar al IMSS, ISSSTE y Cruz Roja.
  5. Nunca se les buscó en hospitales privados de Celaya.
  6. La desaparición se involucra al municipio de Villagrán, pero el Ministerio Público no indagó en las centrales de autobuses de Celaya y de Villagrán. Tampoco en el Aeropuerto Internacional del Bajío.

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La PRODHEG concluyó que se violó el acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia y el derecho a la vida debido a la falta de diligencia y exhaustividad en la investigación de los desaparecidos. Ordenó reponer e investigar más a profundidad para dar con los desaparecidos.

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