María Espino

Guanajuato.- Ante la falta de información y transparencia de los recursos asignados y ejercidos por el DIF estatal, la Auditoria Superior del Estado (ASEG) tendría que auditar a esta instancia de gobierno y con ello aclarar la falta de recursos que obligan al cierre del Centro Desarrollo Infantil del DIF (CDI). Asimismo, deberá informar a donde se redirigirá el dinero que ya estaba presupuestado para este año.

Tal fue la petición de las familias afectadas con el cierre del CDI al término de la reunión con el director general del sistema DIF en la entidad, Gerardo Trujillo, de la que salieron decepcionadas y angustiadas al toparse ‘con pared’ y no conseguir acuerdos que les favorezcan. Lee más sobre la reunión AQUÍ.

Según revelaron, en tal reunión les reiteraron que la decisión de cierre ya está tomada y es “irrevocable”, por lo que exigen ser escuchadas por el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien —dijeron— “se niega a recibirlas”.

 “Queremos hacer un llamado a la Auditoria del Estado para que auditen a donde se van a ir esos recursos (…) hacemos un llamado a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para que auditen el destino de esos recursos”.

Esto, a pesar que las mamás propusieron que se hiciera un análisis de los costos y que, si era necesario, ellos pagarían una cuota más alta a la anterior con el fin que el servicio extendido de guardería no se cancele. Propuesta que fue rechazada y únicamente les dijeron que, si ellas lo deciden, pueden reubicar a los niños para que sigan con los cuidados.

Sin opciones

Berenice Reyes Cruz, una de las mamás afectadas, explicó que les dieron una lista de 10 escuelas a las que pueden cambiar a sus hijos. Entre éstas se incluye al DIF municipal que cerró sus puertas desde el 2020 y el resto son particulares, cuyo costo va de los 3 mil hasta los 6 mil pesos mensuales, lo que no pueden pagar.

Además, de permanecer en el mismo edificio —ahora bajo la SEG—, los padres de familia tendrían que pagar 800 pesos mensuales para recuperar gastos, pero las inscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 ya cerraron y tendrían que esperar un año a ser reubicados.

También comentó que durante la reunión les reiteraron que el cierre obedece a los recortes presupuestales federales y a que para este 2021 el presupuesto para el DIF era menor. Y apuntó que el costo real anual por niño es de 26 mil pesos, que dividido entre doce meses es de unos 2 mil pesos mensuales.

Sin embargo, de acuerdo al análisis de fuente de financiamiento publicado en el Paquete Fiscal 2021, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) contemplaba 15 millones 980 mil 009.42 pesos para el rubro de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, provenientes al 100 por ciento de participaciones e incentivos federales.

De esa cantidad, 9 millones 214 mil 175.40 pesos en sueldos y salarios de una  plantilla de 65 trabajadores del área, entre los que se incluyen las empleadas de la guardería recién cerrada por la administración estatal.

Lee más sobre el cierre: Maestras acusan incumplimientos tras cierre de guardería del DIF en Guanajuato

Por ello, Berenice Reyes alegó que es injusto el cierre ya que se han destinado apoyos económicos millonarios a otras instituciones y/o particulares, según ella lo constató al consultar la base de información pública del DIF estatal por lo que dijo considerar que el cierre no es un asunto de presupuesto, sino de “no querer invertir en el cuidado de los niños”.

“Dicen que se redujo el presupuesto al 32% para este año, pero no dicen cuánto en dinero. Dicen que se hace un análisis cuidadoso de las circunstancias legales y financieras del organismo y que la educación pertenece a la SEG. (…) Dicen que el costo anual del 2019 fue de 14 millones 803 mil pesos, del 2020 fue de 12 millones 727 mil 939 pesos y del primer semestre 2021 fue de 7 millones 697 mil pesos, detalló Cruz.

Piden intervención de Prodheg y el IACIP

Cruz precisó que son 408 niños los que están siendo perjudicados. Por esta causa, algunos padres de familia ya acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) en donde ingresaron una queja bajo el argumento que se están violando los derechos de los niños al privarlos del servicio. En este sentido, la acción va en contra del interés superior del menor, por lo que esperan la intervención del ombudsman, Jesús Esqueda Méndez.

Incluso, hicieron un llamado a las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) para que intervenga, toda vez que las mamás aseguraron que DIF estatal filtró su información a escuelas particulares.

Según indicaron, luego del anuncio del cierre les han estado llamando a sus teléfonos ofreciendo el servicio de preescolar y guardería, entre los que mencionaron a la Universidad Santa Fe, donde se manejan distintos niveles educativos desde preescolar y el costo es caro.

“Hemos recibido llamadas del colegio Santa Fe ofreciendo los servicios y el costo de inscripción es de 6 mil pesos y mensualidades de 3 mil pesos. (…) Nos están llamando para ofrecer sus servicios, no nos parece justo, están obligados a cuidar nuestra información y la de nuestros hijos. (…) Pediríamos a las autoridades correspondientes que se finquen las responsabilidades correspondientes por la filtración de nuestra información”, acotó Berenice Reyes.

ndr