Karla Silva

Silao.-La empresa Veolia, responsable de la recolección y confinamiento de la basura en el municipio de Silao, ofreció disculpas a la ciudadanía por las fallas en la prestación del servicio, pero justificó que la falta de pago por parte del Municipio ha afectado su operatividad. Incluso, ello ha orillado a la compañía a solicitar créditos bancarios para no dejar sin sueldo a su personal.

En los últimos meses, la acumulación de desechos en las calles y la irregularidad en el cumplimiento de los horarios de cobertura de las rutas ha sido evidente. Tal situación se suma al adeudo gubernamental que la empresa ha expuesto y que alcanza los 26.8 millones de pesos, lo que la mantiene en un “desequilibrio financiero”.

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En entrevista, Ulysses Ortega Hernández, gerente general del Proyecto Veolia en Silao, se dirigió a la ciudadanía:

“Primero, ofrecer una disculpa por esta situación, pero justificar que no se vea como una falta de Veolia, por el contrario, que se vea como un esfuerzo adicional muy fuerte que está haciendo la empresa para trabajar y dar el servicio de recolección cuando no percibe cobro. (…) Nadie o ninguna empresa puede laborar si no existe un cobro, es imposible realizar un trabajo que no se paga”.

Deuda de tiempo

Foto: Karla Silva

Como parte de los antecedentes, en el año 2002, con Carlos García como alcalde, se obtuvo la titularidad de la concesión —bajo otra razón social— a través de una licitación pública, así como la facultad para gestionar, construir y operar el relleno sanitario.

Luego, en el trienio de Guillermo Aguirre, el título de concesión le fue revocado y se sacó a la empresa del relleno sanitario, por lo que se recurrió a instancias legales. Tras un proceso de más de ocho años en los tribunales, un juez federal emitió una sentencia favorable para Veolia, “donde se dicta que se violó el derecho contractual”, y se condenó al Municipio al pago de 145 millones de pesos.

A la administración de Enrique Solís correspondió asumir la ejecución de la sentencia y, en 2014 se acordó que no se pagaría la cantidad antes mencionada, puesto que se prorratearía (repartir proporcionalmente) en un lapso de 15 años —tiempo establecido en la concesión original—, a través de un nuevo convenio, ahora judicial. En ese mismo año, Veolia retomó la prestación del servicio.

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“Hoy en día tenemos una deuda que significa siete meses de no pagos y que está sumando un importe de 26.8 millones de pesos, más lo que se llegue a acumular para el fin de este mes”, dijo Ortega Hernández, al mismo tiempo en que reconoció que la intención de la empresa no es la de participar en conflictos, sino la de buscar soluciones a la situación.

Evidenció que Veolia paga salarios a sus trabajadores, combustibles, impuestos y por el mantenimiento a sus unidades, y, al no lograr un cobro por el servicio que realiza, el desequilibrio financiero es indiscutible.

Ante la situación, el mantenimiento de su fuerza vehicular se ha postergado y, en ocasiones, se ha priorizado el cumplimiento de las obligaciones patronales y de las ambientales, reflejadas en el mantenimiento que se brinda al relleno sanitario.

Se ha asumido una logística en la frecuencia de recolección para no afectar siempre a las mismas colonias y/o comunidades, para garantizar que en todas se levanten los desechos. Se trabaja con siete vehículos para atender las 14 rutas, los cuales realizan dos o hasta tres recorridos por día.

Eduardo Ortega, gerente general de Veolia. Foto: Karla Silva

Las liquidaciones de los adeudos se habrían interrumpido desde marzo pasado por parte de la Tesorería Municipal a cargo entonces de Eduardo Durán Velo, quien les habría manifestado que los pagos pendientes se realizarían antes de terminar el próximo mes de diciembre. El tema se hizo del conocimiento de la Secretaría de Finanzas de la entidad.

Con relación al supuesto de que parte de los desechos que entran al relleno sanitario podrían pertenecer a otros municipios, el directivo defendió que se factura el tonelaje recolectado, pesado en una báscula con certificación ante la Profeco: “no son las cuentas como las refieren (…) estamos abiertos a que nos demuestren con pruebas” si existe alguna irregularidad.

Concluyó que hasta el momento el Municipio no ha hecho propuesta económica alguna, pero que directivos están dispuestos a participar en mesas de diálogo. Además, que en el saldo requerido no se considera el reclamo de intereses -determinado en el convenio judicial-, sino solamente el monto facturado en los últimos meses.

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