Carolina Esqueda

León.- El área jurídica del SAPAL ofreció indemnizaciones de 434 mil pesos a los familiares de los 5 trabajadores fallecidos en la planta tratadora de aguas residuales, a cambio de que desistan de las denuncias penales interpuestas contra el presidente del consejo Jorge Ramírez Hernández ante la Fiscalía estatal, por considerarlo el principal responsable del desastre ocurrido el 13 de noviembre de 2020.  

La primera mediación entre las partes tuvo lugar en las oficinas de la Fiscalía regional de León ayer al mediodía, en la que participaron los deudos de José Salvador Afanador Martínez, Alberto Jesús Silva Zúñiga y Victor Ricardo Briseño Rangel, además de la representante legal del SAPAL Irma Lira y el asesor legal externo Jorge Estrada. 

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Los familiares aseguraron que en la reunión les ofrecieron indemnizarlos por 434 mil pesos, el monto máximo reconocido por la Ley Federal del Trabajo, incluyendo a los otros dos trabajadores que ya habían aceptado finiquitos de 32 mil pesos. Pero a cambio deberían desistirse del proceso legal iniciado desde diciembre del año pasado en contra de los altos directivos del SAPAL.  

“No quisimos llegar al acuerdo y no por las cantidades(…) Lo mínimo que yo esperaba del SAPAL, después de las recomendaciones y de lo que dijo la alcaldesa, yo pensé que lo primero que iban a decir era señores, les ofrecemos una disculpa, queremos pagar sus indemnizaciones, que primero quisieran llegar a un acuerdo y la disculpa pero veo que no. Querer cerrar lo penal para que alguien sea culpable y no ellos” dijo Víctor Briseño, padre de una de las víctimas.  

En la sesión de Ayuntamiento correspondiente al 11 de noviembre la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos emitió un exhorto contra la paramunicipal pidiéndoles acatar las recomendaciones emitidas por la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos, además de garantizar las medidas de no repetición de la tragedia y de solucionar la demanda de los familiares a través de la Justicia Alternativa, tratándoles con respeto durante el proceso.  

Gustavo Lozano, abogado de Acción Colectiva Socioambiental que acompaña a los familiares en la querella, explicó que la mediación llevada a cabo ayer no es legalmente considerada justicia alternativa, ni tampoco se podrá garantizar la medida de no repetición, pues lo que ocasionó el deterioro de la planta tratadora fue haber permitido que los curtidores envíen aguas residuales de mucha menor calidad a la establecida por las normas ambientales.

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Los familiares también rechazaron que a la mediación haya acudido Irma Lira, quien en las primeras reuniones los violentó en un intento por obligarlos a aceptar los finiquitos de 32 mil pesos por la muerte de Alberto de Jesús, 52 mil por la de Salvador y 150 mil pesos por Víctor Ricardo.  

Hasta el momento el único imputado ante la Fiscalía por las 5 muertes es el director de la planta tratadora, Édgar Correa Torres, que los afectados consideraron, no es suficiente para garantizarles el acceso a la justicia, ya que esperan que también existan responsabilidades para el presidente del consejo directivo del SAPAL y también para el director de la paramunicipal Enrique de Haro Maldonado 

“Yo le propuse a (Héctor López) Santillana la primera vez que lo mínimo era la destitución de estas personas, si no iban a pisar la cárcel, cuando menos sí ser sancionados económicamente, porque yo sé que él (Jorge Ramírez) no fue a asesinarlos, pero sí tomó malas decisiones por las que tendrían que haber sido sentenciados o encontrados culpables” sentenció Víctor Briseño.

Contestan exhorto de la alcaldesa

Frente al exhorto lanzado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) relacionado con garantizar el acceso a la justicia a las familias de los 5 trabajadores, la paramunicipal lanzó un breve comunicado de respuesta en donde solamente manifestó que cumplirá con las recomendaciones emitidas por la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.  

“Sabemos que ningún acuerdo económico será suficiente para compensar la pérdida de nuestros compañeros. Sensibles a estos hechos, reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento y apoyo a las familias de los colaboradores fallecidos, en el accidente, y nuestra total disposición para indemnizarles conforme a derecho” consigna el comunicado, emitido inmediatamente después de que el área jurídica sostuviera la primera reunión de mediación con familiares de 3 de los fallecidos.  

La paramunicipal también insistió que las recomendaciones emitidas por la PDHG ya fueron aceptadas desde el 9 de noviembre, de las que garantizó su cumplimiento total.  

Respecto al posicionamiento emitido, el asesor legal de las familias Gustavo Lozano Guerrero, consideró que no es suficiente para considerar cumplido el exhorto lanzado por la alcaldesa, pues si bien las indemnizaciones ofrecidas esta vez sí corresponden a lo establecido por la ley, no han garantizado la no repetición del daño ni cerrar el procedimiento mediante un acuerdo de justicia alternativa, que les permitiría reconocer los acuerdos tomados como una sentencia y con ello, la posibilidad de obligar a su cumplimiento ante un Tribunal.  

“Entendemos que efectivamente Sapal se pronunció hoy, pero de los tres puntos que planteó la alcaldesa solamente se pronunció sobre uno. Nos interesa escucharlos respecto a los otros dos puntos (…) Lo fundamental en término de las víctimas es transitar al esquema de Justicia Alternativa, en donde se puede plantear la totalidad de las exigencias que existen” puntualizó al respecto.  

Las familias y el área jurídica del SAPAL acordaron una segunda reunión de mediación para el 25 de noviembre, de nueva cuenta en las instalaciones de la Fiscalía regional de León.