Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Congreso del Estado exhortó a los 46 Municipios para que se intensifiquen los mecanismos de protección de niñas y mujeres frente al acoso callejero y que reeduquen a acosadores. 

El punto de acuerdo fue impulsado por el Grupo Parlamentario del PAN, expuesto por la legisladora Noemí Márquez Márquez. En este también se exhorta a los Municipios a incrementar la seguridad y la protección a través de la realización de campañas de sensibilización y programas de prevención del acoso callejero.

“El acoso que cotidianamente padecemos las mujeres y niñas en los espacios públicos es inaceptable e intolerable, pues no sólo limita su libertad de movimiento, sino también su capacidad de participar en la vida pública, su acceso a los servicios esenciales y el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, se puede prevenir y es ahí en donde debemos concentrar nuestras energías, pero una vez que ocurre, no puede quedar en la impunidad, se debe sancionar”.

Recordó que, hasta el momento, los municipios que han implementado sanciones administrativas al acoso callejero son: Guanajuato, León, Doctor Mora, Purísima del Rincón, Pénjamo y Cortazar, mientras que en San José Iturbide, Comonfort, Salvatierra y Apaseo el Grande continúan en proceso de elaboración de reformar sus reglamentos o bandos de policía.

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Aunque el exhorto se aprobó por unanimidad, la legisladora de Morena, Martha Edith Moreno Valencia, reprochó que desde la pasada legislatura esté “en la congeladora” la iniciativa presentada por su partido para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres.

“Compartimos la necesidad de que el problema de la violencia en contra de las mujeres se aborde con cambios sustantivos en la normatividad municipal, sin embargo, desde el Grupo Parlamentario de Morena, creemos que no basta con realizarse desde el ámbito municipal, también es necesario que, desde el ámbito estatal, las autoridades hagamos nuestro trabajo”.

Buscan regular órdenes de protección

Foto: Especial

En la misma sesión del pleno del Congreso local, la diputada del PAN, Katya Soto Escamilla, presentó una iniciativa para regular las órdenes de protección y que sean emitidas por oficio o a petición de parte, a través del Ministerio Público, la autoridad administrativa o por órganos jurisdiccionales.

De esta manera, desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, se podrá emitir la orden evitando en todo momento que el agresor, ya sea de manera directa o a través de un tercero, tenga contacto con la víctima.

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La iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también contempla los principios de órdenes de protección, tipos, temporalidad y lineamientos.

Soto dijo que, ante situaciones de riesgo para la vida e integridad de las mujeres y niñas, el Estado debe asegurar que su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para hacer cumplir los términos de dicha orden de protección. Esta propuesta será analizada en la Comisión para la Igualdad de Género.

Políticas con perspectivas de género

Por otra parte, la diputada de Acción Nacional, Cristina Márquez Alcalá, propuso establecer en la Ley Orgánica Municipal la obligación para que los ayuntamientos incluyan la perspectiva de género en los ejercicios de planeación, presupuestación y diseño de la política pública, para fortalecer los derechos de las mujeres y niñas.

Además, se busca que las Comisiones de Igualdad de Género municipales den seguimiento, vigilancia y promoción de las políticas públicas de transversalización de la perspectiva de género en la actuación de la administración pública municipal.

Dichas iniciativas fueron presentadas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres conmemorado este 25 de noviembre.

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