Staff Correo

Guanajuato.- En dos meses, la relatoría especial de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha recibido respuesta a su pronunciamiento por el asesinato de los buscadores de personas desaparecidas Rosario Zavala Aguilar y Javier Barajas Piña.

Por ello, la Relatora de la ONU, Mary Lawlor, emitió un extrañamiento al Gobierno de México y externó su preocupación por la seguridad de los integrantes de colectivos de desaparecidos en Guanajuato.

Se trata de un segundo pronunciamiento en torno a las amenazas y agresiones en contra de familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la localización de personas desaparecidas y “en la búsqueda de verdad, justicia y reparación se habría intensificado recientemente en el estado de Guanajuato”.

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En este, informó que la Secretaría Técnica del Consejo Estatal sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha reportado, durante 2021, 24 casos de atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos en 11 de los 46 municipios de Guanajuato, siendo los municipios de Celaya, León e Irapuato los mayormente afectados.

“Entre las agresiones reportadas se incluyen amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones, allanamientos, desapariciones y asesinatos (…) Los familiares de personas desparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda habrían recibido amenazas en redes sociales y llamadas telefónicas con el fin de disuadir su labor y revelando el presunto conocimiento de sus datos y ubicación. Los perpetradores habrían amenazado con desaparecer a las personas defensoras, así como afectar su integridad física y sexual”, denunció.

Foto: Archivo

Asimismo, incluyó su señalamiento a los casos de Rosario Zavala Aguilar y Javier Barajas Piña, quienes fueron asesinados durante sus labores de búsqueda en el 2000 y mayo del 2021, respectivamente.

Mientras buscaba por cielo, mar y tierra a su hijo, a María del Rosario Zavala Aguilar le quitaron incluso eso, el derecho de buscar a quien le habían arrebatado casi un año antes, se llevaron ese anhelo junto a su vida.

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Más casos

Además, la relatora también se pronunció por los casos de Norma Patricia Barrón Núñez y Angélica Zamudio Almanza, defensoras de derechos humanos e integrantes de los colectivos ‘Una luz en mi camino’ y ‘Ángeles de pie por ti’, respectivamente, quienes han sido víctimas de hostigamientos por personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

“Expresamos nuestra preocupación por los asesinatos, hostigamientos y amenazas en contra de las personas defensoras mencionadas estarían relacionados con sus labores de búsqueda de personas desaparecidas. Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre todos los colectivos de búsqueda quienes realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas”, agregó Lawlor.

Cabe recordar que a este grupo se suma el caso de Paula Rojas Nieto, integrante del colectivo Buscadoras Guanajuato, que junto con su familia y su hijo menor de edad fue víctima de golpes por parte de elementos de la Guardia Nacional.

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“Es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor”, termina la declaración.

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