Nayeli García

Irapuato.- Por casi cuatro horas, al menos 200 integrantes del grupo ‘Fuerza Uber’ tomaron las Oficinas de Gobierno del Estado para exigir a la Dirección de Movilidad y Transporte del Estado detener los abusos en contra de los integrantes de la plataformas digitales, así como denunciaron sobornos que reciben los inspectores por parte de otros trabajadores de otras aplicaciones para detenerlos a ellos.

Cerca de las 14:30 horas, integrantes de la plataforma llegaron a las oficinas de Irapuato para apoyar a un compañero, a quien presuntamente le solicitaron el servicio de taxi ejecutivo y cuando llegó a recoger al cliente, descubrió que eran inspectores de Movilidad y Transporte del estado.

Sin autorización, estos se habrían subido al automóvil y de la guantera sacaron la tarjeta de circulación del vehículo, perteneciente a una mujer que había rentado el auto al trabajador.

Según relataron los afectados, el inspector condujo el vehículo por varias cuadras, pero una vez que se vio seguido por un compañero del afectado, decidió bajarse y abandonar el automóvil sin entregar una multa y yéndose en un vehículo oficial con la tarjeta de circulación.

Foto: Eduardo Ortega

Fue hasta hora y media después que la dueña del automóvil acudió a las Oficinas de Gobierno cuando los empleados le entregaron una multa por 25 mil pesos, supuestamente por no contar con los requisitos para trabajar con la aplicación Didi, en la que también está dado de alta.

La compañera solicitó el apoyo de sus compañeros para poner un alto a los abusos por parte de la dirección de Movilidad y Transporte del Estado, por lo que al sitio llegaron al menos dos representantes de las plataformas digitales y tomaron las oficinas estatales exigiendo que les regresaran la tarjeta de circulación, pues la multa se había levantado de forma arbitraria.

Escala la petición

Foto: Eduardo Ortega

Ante lo álgido de la situación, al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional para resguardar las instalaciones estatales y evitar alguna situación de vandalismo pues algunos de los integrantes amenazaron con incendiar las oficinas en caso de no ser atendidos.

Los empleados de gobierno optaron por resguardarse al fondo de las instalaciones, mientras que los policías actuaron como mediadores del conflicto y la Guardia Nacional optó por retirase para evitar un enfrentamiento

Aunque los policías acordaron con los empleados de la dependencia estatal que entrara una comitiva, al final se negaron y fue a través de una llamada telefónica que tuvieron el primer acercamiento con los inconformes, quienes bloquearon las escaleras del edificio entre gritos e insultos, así como advertencias de destrozar las oficinas.

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Reprocharon que las detenciones son continuas ante el grupo de ‘Fuerza Uber’, mientras que para los integrantes de un grupo denominado ‘Legacy’ no se les infracciona, pues cuentan con un holograma que les permite trabajar y denunciaron que éstos les dan dinero a los inspectores para laborar. 

Ante la falta de una solución, los inconformes abrieron las puertas e ingresaron hasta una oficina en donde se reguardaban los encargados, encabezados por Francisco Javier Rosales Rico, quién dijo no poder cancelar la multa y desconocer el apoyo al grupo denominado ‘Legacy’.

Ante la tensión que se vivió en las oficinas, tuvieron que intervenir asesores de la Secretaría de Gobierno para calmar los ánimos y entablar una mesa de diálogo con los afectados, la cual duró hasta minutos después de las 18:00 horas.

Finalmente logran acuerdos

Foto: Eduardo Ortega

Los acuerdos, según comentaron, fue sostener una reunión el día miércoles y tratar de reducir la multa a un pago mínimo tras aceptar que se había levantado de forma arbitraria.

También se pidió a los integrantes de las plataformas que se ciñan a los protocolos y requisitos para poder operar como taxis ejecutivos y así evitar que la situación llegue a los extremos como ocurrió la tarde del martes.

Finalmente, los conductores de retiraron y liberaron las oficinas, las calles de la periferia en donde tenían estacionados sus vehículos.

Una vez que se retiraron, al menos 30 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado llegaron a las oficinas estatales para resguardarlas y evitar que vuelvan a ser tomadas.

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