Óscar Jiménez

León.-   Con tal de salir rápido de la crisis por el paro estudiantil de 2019, la Universidad de Guanajuato despidió a tres profesores y los exhibió en la Gaceta Universitaria, a pesar de que no existía un procedimiento administrativo previo que fundara las acusaciones.

Esta situación fue abordada, estudiada y confirmada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) en el expediente 399719-All, en el cual concluyó que la casa de estudios violó los derechos humanos y laborales de los tres docentes.

De la resolución publicada el pasado 3 de septiembre, se desprenden ocho recomendaciones a autoridades de la institución educativa tras violar derechos del personal docente.

Y es que, en la Gaceta Universitaria, como órgano de difusión oficial de la universidad, se dio a conocer en la publicación 12, del trimestre octubre-diciembre del 2019, la destitución de un profesor por supuesto acoso sexual, y otros dos docentes más a raíz de supuesto hostigamiento académico y plagio intelectual.

La publicación se dio justo después de que estallara el paro de actividades que encabezaron los estudiantes de la UG –en diciembre de 2019— bajo la consigna de #NiUnaAbejasMenos, misma que evidenció casos de acoso sexual contra varias alumnas en los diferentes campus.

En las semanas posteriores, la autoridad universitaria se comprometió a cumplir un pliego petitorio con la intención de ofrecer políticas de seguridad para la seguridad, así como a destituir a los docentes y personal administrativo involucrado en los casos denunciados.

Cortan cabezas de inmediato

La PRODHEG documentó que la identidad de los docentes despedidos fue difundida en la Gaceta Universitaria, al darse a conocer el acuerdo que suscribieron el Campus de León de la UG y el Municipio de León, entre otros actores, el 11 de diciembre de 2019.

El nombre de uno de ellos fue incluido entre los siete profesores que serían cesados por acoso sexual; mientras que los otros dos académicos fueron mencionados en otra lista que advertía de otro grupo de docentes que serían destituidos por un plazo de seis meses por incurrir en otras anomalías denunciadas por la comunidad estudiantil.

Sin embargo, no existía certeza jurídica para tomar esta determinación ni exponer públicamente a los profesores, según constató la propia PDHEG.

“La publicación del convenio y su anexo de ejecución en la Gaceta Universitaria se efectuó sin que se hubiera iniciado procedimiento alguno, y se emitiera por ende la resolución correspondiente”, concluyó el organismo.

Fue hasta mucho después –el 6 de enero de 2020— que la UG apenas se solicitó información para determinar si existía un procedimiento en contra de los afectados, lo que terminó por evidenciar la queja.

De esta manera se desprendieron las ocho recomendaciones, en donde se hace hincapié en afectaciones al derecho de seguridad jurídica, al derecho de petición, entre otras consideraciones.

Lee la recomendación completa aquí:

¿Qué dicen las recomendaciones?

  1. Se giren instrucciones a la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, así como a la Contraloría General de la UG, para que informen si existe procedimiento administrativo en los que estén vinculados XXXXX y XXXXX. De existir procedimientos, se instruya que tales instancias resuelvan a la mayor brevedad respetando en todo momento las garantías del debido proceso. Para el caso de que no se haya iniciado procedimiento alguno, hágase del conocimiento de XXXXX y XXXXX dicha circunstancia a fin de que ambas personas tengan certeza y seguridad respecto de su situación jurídicoacadémica.
  2. Se brinde atención psicosocial a los tres docentes agraviados.
  3. Se haga saber por escrito dirigido a las Direcciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y de Ciencias de la Salud, el compromiso para que en lo futuro se abstengan de realizar acciones como las denunciadas y acreditadas en la presente resolución, sin que previamente exista determinación emitida por autoridad competente que funde y motive su proceder.
  4. Se instruya a todos los órganos de investigación y de substanciación de la UG, para que optimicen en el futuro los procedimientos que se inicien con motivo de quejas generadas por actos de acoso sexual, académico o laboral; y generen condiciones de certeza y seguridad jurídica a la comunidad universitaria respecto de su situación jurídico-académica.
  5. Se giren instrucciones a las autoridades señaladas como responsables de la violación al Derecho de Petición para que en lo subsecuente, respondan las peticiones que se les formulen en ejercicio de este derecho, debiendo ser congruentes, completas, expeditas, y sobre todo fundadas y motivadas.
  6. Se solicite a la Secretaría General de la UG, para que se actualice en la Gaceta Universitaria el seguimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración que firmaron el Municipio de León, el Campus León de la UG y el Colegio del Nivel Medio Superior de la UG.
  7. Esta PRODHEG enviará oficio al Presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que se proceda al ingreso de las víctimas reconocidas en la presente resolución al Registro Estatal de Víctimas.
  8. La autoridad se servirá informar a este organismo, si acepta la presente resolución de recomendación en el término de cinco días hábiles siguientes a su notificación; y en su caso, dentro de los quince días naturales, aporte las pruebas de su debido y total cumplimiento.

Un acusado sigue trabajando

Verónica Cruz Sánchez, dirigente de la agrupación civil “Las Libres”, dijo que no es ético ni es moral que la Universidad de Guanajuato (UG) siga dando contratos, trabajo y cobijando a Julio Cesar Kala, ex catedrático de esta casa de estudios, luego de que fue claramente señalado por el delito de acoso sexual.

Resaltó que con estos actos la UG no es congruente con la idea manifestada por sus directivos de transformarla en un espacio libre de violencia de género.

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Cruz recordó que Kala no fue removido de su cargo por una sanción directa de la UG, sino que se vio obligado a renunciar en diciembre del 2019 por la presión estudiantil, pero resaltó que ante las acusaciones por acoso sexual que fueron hechas directamente contra Kala y resaltó que la UG en ningún momento recibió responsabilidad de sancionarlo.

Despiden a 29 profesores en Guanajuato tras denuncias de acoso sexual

En los últimos 12 años (a partir del 2010), un total de 29 profesores de escuelas públicas de Guanajuato fueron dados de baja debido a denuncias por situaciones con connotación sexual.

Estos 29 casos corresponden sólo a las rescisiones de contrato que se han dado en los centros de trabajo para con los profesores, aunque también existen otras ocho renuncias que se presentaron luego de situaciones similares.

El registro corresponde a los procedimientos de investigación disciplinaria laboral que abre la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), y que motivó el despido de los profesionistas del área académica.