Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La regulación del teletrabajo en la ‘Ley Burocrática’ podría costar más de 46 millones de pesos anuales, cantidad similar a lo autorizado al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), es decir que representaría una importante carga financiera para el estado.

Así lo señaló Federico Ruiz Chávez, representante de la Coordinación General Jurídica del Gobierno estatal, durante el análisis de la iniciativa para regular el trabajo en casa en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, llevado a cabo en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

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Mencionó que para solventar esa cantidad se debería tomar el dinero de los recursos de libre disposición, los cuales hasta el momento están limitados, ya que el 85% se destina al pago de servicios personales y cerca del 15% a pago de materiales, servicios básicos, equipamiento, mantenimiento y ayudas de todo el Poder Ejecutivo.

Alto costo

El funcionario estatal precisó que dichos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) derivado de un estudio realizado a la propuesta de reforma del Grupo Parlamentario del PAN.

Señaló que los costos de operación se trasladarían de un centro de trabajo al hogar del servidor público, lo que conllevaría un incremento en el presupuesto al compensar al trabajador del estado o los municipios para el pago de internet y otros servicios del hogar y “se estimó que estos costos podrían ser entre 100 y 200 pesos”.

“Considerando el escenario de 200 pesos por cada servidor público que emigra a una modalidad de teletrabajo y que el 100% de la plantilla emigra a este esquema, se estima un impacto superior a los 46 millones de pesos anuales. Sin embargo no es una cuota que pueda cubrir los servicios básicos indispensables para el desempeño sus funciones, lo que podría generar una importante carga financiera al estado”, refirió Ruiz.

Dijo que si bien la modalidad de trabajo en casa permite contar con esquemas de trabajo flexibles para minimizar los efectos negativos ante contigencias laborales como la ocasionada por la pandemia, pero según señaló “no hay evidencia sólida de que ésta pueda derivar en un incremento en la productividad”.

Es servicio, no derecho

En la mesa de estudio, los participantes señalaron la necesidad de que quede establecido de manera expresa, que el teletrabajo es una modalidad para prestar el servicio y no un derecho adquirido por parte de los servidores públicos. 

Por su parte, David Enríquez Maldonado, director de Asuntos Contenciosos de la Fiscalía General del Estado, que es necesario que en dichas modificaciones propuestas a la normativa actual “quede patente que la modalidad de teletrabajo constituye simplemente una modalidad, no una obligación de las instituciones públicas para implementarlo”.

“Dado que la implementación va a depender de la naturaleza de las funciones que se lleven al interior de cada ente público para prestar los servicios a la comunidad y considerar el impacto económico en función de la adquisición de software, equipos de seguridad, y otras cuestiones”.

Durante la mesa de trabajo se acordó instruir un dictamen positivo que contenga todas las opiniones vertidas por representantes de Poder Ejecutivo y organismos autónomos y que será sometido a aprobación en una próxima reunión de la comisión.

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