La contralora dijo que la carpeta de investigación de “reciprocidades” está en su etapa final, donde todavía trabajan en determinar quiénes fueron los funcionarios responsables

Carolina Esqueda
León.-
A 8 meses de haber iniciado una investigación contra la Dirección de Desarrollo Institucional por las “reciprocidades” cobradas a distintas empresas durante el segundo trienio de Héctor López Santillana, la Contraloría no ha podido concluir el expediente debido a la cantidad extra de pruebas aportadas.

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La contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno dijo que la carpeta CM/DAINV/088/202, iniciada desde septiembre de 2021, está en su etapa final de investigación, donde todavía trabajan en determinar quiénes fueron los funcionarios responsables de institucionalizar los “moches” a distintas prestadoras de servicios como contraprestación, por permitirles promocionarse entre los empleados municipales.

“Todavía está en investigación, yo quería que ya hubiera salido, pero todavía se encuentra en análisis. Son muchas constancias que nos llegaron y se tiene que analizar la totalidad, verificar todas las faltas en que pudieran incurrir y quiénes son los responsables. Todavía no se hacen las determinaciones correspondientes”, dijo.

El cobro de reciprocidades establecido desde la primera administración de López Santillana, con Enrique Sosa Campos como titular de Desarrollo Institucional, consistía en establecer un pago de entre el 10 al 30% de las ganancias obtenidas por los proveedores, por cada venta realizada a un trabajador municipal, las cuales podían ser entregadas en efectivo o en especie.

Sin embargo, en su investigación, la Contraloría solamente abarcó el periodo de 2018 a 2020, cuando la dependencia estaba a cargo de Alberto Martínez Aguayo, donde detectó 19 contratos firmados con esta cláusula.

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La contralora dijo que la carpeta de investigación de “reciprocidades” está en su etapa final, pero falta saber quienes fueron responsables

Las empresas participantes fueron ópticas, papelerías, tiendas de electrodomésticos y mueblerías, a las que la dirección de Desarrollo Institucional les permitía promocionarse durante sus eventos y cobrar sus ventas a través de descuentos de nómina.

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La práctica quedó al descubierto en septiembre de 2021, casi al final de la administración de López Santillana, cuando la encargada de despacho, Elizabeth Yurudith Muñoz García reportó el faltante de 97 mil 327 pesos en efectivo, tras lo cual la Contraloría a cargo de Leopoldo Jiménez López abrió el expediente.

Pero fue hasta diciembre que la Contraloría, ya con Viridiana Margarita Márquez como encargada de despacho, presentó la denuncia penal correspondiente a la Fiscalía, con el número de carpeta 131271/202.

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