Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La mayoría de los menores infractores provienen de entornos en donde hay una fractura familiar, social y educativa, lo cual ha sido mal atendido debido a una falla en las políticas públicas, reconoció la jueza especializada en la materia, Angélica Álvarez Garfias.

Advirtió que de los casos que tocan conocer al Poder Judicial de Guanajuato, la mayoría tiene que ver con delitos contra la salud que son del orden federal y aquellos vinculados con la delincuencia organizada.

“El desinterés por atender este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo del Estado Mexicano, sino que ha permeado en toda América Latina”, aclaró.

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¿Cómo se les juzga?

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es el marco que rige en los casos de menores infractores, aunque siempre se busca que sean los menos casos en los que se les pueda privar de su libertad en un centro de internamiento, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño.

“A veces se dice: ‘es que fíjate lo que hizo y la ley es muy suavecita’, pero la forma de percibir la privación de la libertad de un joven a un adulto es abismal (…) En ese desarrollo psicoemocional, privarlos, aunque sea un año, es terrible. Tenemos que cumplir con una finalidad de reintegrar familiar y socialmente al chico, pero es una tarea titánica, porque —la mayoría— no están integrados familiar ni socialmente, entonces traemos ahí un gran problema”, apuntó la juzgadora.

De acuerdo con la ley, los menores de 12 años —y hasta antes de los 14— no pueden ser ingresados al Centro de Internamiento para Adolescentes, sin importar la gravedad del delito que haya cometido, inclusive homicidio o violación. Estas sentencias siempre se cumplirán en el exterior y el juez encargado de la causa debe buscar una medida acorde para que el adolescente la cumpla con el acompañamiento de la familia del menor.

Sólo cuando el infractor tiene entre 14 años y antes de cumplir 18, se aplican medidas de internamiento: máximo tres años de encierro para los de 14 a 16, y un máximo de cinco años para los de 16 a 18.

En el supuesto que un adolescente cometa un delito teniendo 17 años, a pocos días de cumplir 18, su proceso se atenderá con base el sistema de justicia para adolescentes. Los que cumplen la mayoría de edad al estar en el tutelar de menores, ahí deberán concluir la sentencia —lo que le falte—, pero se les traslada a un área separada.

“No los vamos a llevar con adultos porque cuando cometieron el delito eran menores, pero los tienen separados porque es lógico que no los pueden tener con los de 14, 16, 17, porque tienen otro desarrollo y les ponen otras tareas. Sí hay chicos que han permanecido internados a lo mejor de 20 o 21 años de edad, por el tiempo que se consideró de su internamiento en el mismo centro, en un apartado, y jamás podría pensarse que pudieran estar en la de adultos”, acotó.

Tentados por el hampa

Contrario a hace unos años, cuando la mayoría de los asuntos que conocían los jueces en materia de adolescentes eran relacionados con el delito del robo, “desde finales del 2019 a la fecha, el grueso de los casos son del orden federal, vinculados a la delincuencia organizada”, advirtió la jueza Angélica Álvarez.

Reconoció que las pocas opciones de vida que tienen los jóvenes en situación de vulnerabilidad han generado que sean presa fácil de la delincuencia organizada. Además, los grupos criminales saben que el marco legal facilita su salida del tutelar.

“Nosotros hemos visto incremento en los delitos federales, y sí, en segundo término viene este involucramiento de los chicos con la delincuencia organizada, definitivamente”.

Los delitos federales cometidos por adolescentes son atendidos por la autoridad estatal, derivado de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo del 2010, que le otorgó dicha competencia.

Ha faltado interés

La jueza Angélica Álvarez, a título personal, opinó que ha habido un desinterés por atender el tema de los adolescentes y por brindarles opciones de vida que los alejen de la delincuencia.

Señaló que todos aquellos que cumplen un internamiento salen con la esperanza de lograr esa reintegración que tanto anhelan.

Sin embargo, son muy pocos los casos de éxito, pues muchos menores que han atravesado por estos procesos judiciales, regresan a un hogar fracturado, así como a una sociedad totalmente hostil.

Dijo que desde el Poder Ejecutivo ha faltado entender el Sistema de Justicia para Adolescentes y como consecuencia aplicar todos los programas con que ya se cuentan en materia educativa, de salud y económicos para coadyuvar en la reintegración de los adolescentes.

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