A más de dos años del paro en la UG los compromisos pactados apenas avanzan, pero a paso lento y entre grandes faltantes

Alejandra Cervantes
Guanajuato.- El 4 de diciembre del 2019 una alerta se extendió como pólvora por las 13 sedes del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato.

Los edificios de inmediato se desalojaron, las puertas y paredes se llenaban de reclamos y en cuestión de minutos un ‘enjambre’ estudiantil cimbraba: “ni una abeja menos”.

Así dio inicio un paro estudiantil que no se había visto en años y que duró al menos seis días de exigencias constantes, de convertirse en vigilantes y vigilados de la UG.

Frente a las principales autoridades de Guanajuato: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, los estudiantes clamaban por seguridad.

Ante el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, así como el alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro Saldaña, mantuvieron el puño en alto.

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Foto: Especial

El llamado era firme: no más violencia contra los estudiantes. Ellas y ellos, cansados de ser víctimas de asaltos, desapariciones y hasta asesinatos —sin dejar de lado la violencia de género que echó raíz profunda en la universidad—, entregaron un oficio con claras demandas.

Estas pedían lo siguiente:

  • Que haya un reconocimiento de los casos de alumnos asesinados, desaparecidos o asaltados.
  • Crear protocolos de seguridad que cubran los traslados que los estudiantes realizan, derivado de sus obligaciones académicas y de extensión.
  • Que la Universidad reconozca y atienda los casos de acoso por parte del personal docente, administrativo y de alumnos.
  • Destitución y despido de los docentes y administrativos involucrados, así como la expulsión de los estudiantes que incurren en estos delitos. Ello, comenzando con los casos mediáticos que ya cuentan con una carpeta de investigación.
  • Que se lleven a cabo talleres sobre violencia de género dirigidos a docentes, personal administrativo y estudiantes.
  • Revisar los recursos que la universidad destina a la seguridad de los estudiantes con relación a lo que se destina en infraestructura o actividades no prioritarias.
  • Mejora de los horarios en las sedes de la Universidad de Guanajuato. Los estudiantes aseguran que los cambios se hacen en función a las necesidades de los administrativos.
  • Implementación de policías capacitadas y capacitados en zonas aledañas a mayor densidad de población estudiantil.
  • A las autoridades municipales:
  • Casetas policiales funcionales.
  • Elementos de seguridad en los paraderos de zonas poco transitadas.
  • Que se deje de revictimizar por el simple hecho de ser estudiantes.
  • Hacerse responsable de la situación de inseguridad y vulneración en la que viven las y los estudiantes.

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Foto: Especial

¿Cómo va el pliego dos años después del paro en la UG?

Sin embargo, meses después llegó la pandemia y con ello el pliego petitorio —aparentemente— quedó en el cajón hasta el regreso presencial el 7 de marzo.

De ahí a la fecha, finalmente la UG parece poner ‘manos a la obra’. Ello luego que en días recientes ha emitido anuncios que, si bien no lo aclaran ser parte del proceso, sí parecen dar respuesta a las demandas.

Despido y expulsión en delitos de violencia de género

Si bien la UG cumplió con el despido en los casos mediáticos de profesores y alumnos que incurrieron en acoso sexual, abuso o violación, las denuncias continúan.

Aún en clases presenciales, entre 2020 y 2021, la UG registró hasta 98 denuncias por violencia de género. Entre las víctimas hay estudiantes, docentes y personal administrativo.

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En estas cifras de enero en 2022 había casos tan graves que incluso los investiga la Fiscalía General del Estado (FGE).

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De al menos uno se ha tenido noticia: el exestudiante que violó a su compañera y recibió sentencia de 10 años en prisión.

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Pero así como se han ido otros entran.

Figura apenas en esta semana el caso del profesor Rubén Águeda, quien aunque contaba con historial de acoso en La Salle Américas, la UG optó por contratarlo. No fue sino un año después y gracias a la movilización de las estudiantes que justo ayer la UG optó por despedirlo.

Asimismo, aunque luego del paro en la UG se estableció un protocolo de actuación para casos de acoso, la directora de la ENMSL, Dalila Camarena García, lo brincó. De esta manera, cae en la revictimización al preferir como medida contra el acoso el limitar la vestimenta de las jóvenes estudiantes que el despido de profesores o compañeros que incurran en el delito.

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Foto: Especial

¿Y la seguridad?

El pliego incluía demandas directas para Guanajuato capital en torno a los casos de asalto que reportan los jóvenes estudiantes. Pero es precisamente Guanajuato capital el municipio con más riesgo de un asalto en todo el estado.

Aunque pedían al gobierno de Navarro hacer frente a la inseguridad, un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública evidencia a la capital con la tasa de robo más alta.

Frente a ello, apenas con el regreso a clases y dos años después de las demandas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la UG pactaron rondines en las sedes.

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Foto: Archivo

“Son alrededor de 14 elementos los que están de manera permanente en algunos puntos. La petición ha sido la supervisión y no bajar la guardia”, declaró Samuel Ugalde, titular del área, en febrero. Para este 23 de marzo, formalizaron fortalecer las zonas de patrullaje alrededor de las sedes UG, pero no detalló sobre las casetas.

Con todo, los grandes pendientes todavía a la fecha son: el esclarecimiento en recursos de seguridad, en comparación con gastos no prioritarios, y el reconocimiento de alumnos violentados de la UG desde el 2019. De ello, ni sus luces.