Lourdes Vázquez 

Guanajuato.- Solo 17 de los 40 centros de asistencia para niños y adolescentes bajo la tutela del estado que hay en la entidad y que pertenecen a organizaciones civiles están regularizados, por lo que buscan su certificación ante la Procuraduría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, informó el director del DIF Estatal, Gerardo Trujillo Flores. 

Dijo que se trabaja para lograr esta regularización y también para impulsar el esquema de Hogares de Acogida, que es un tema que no se ha explorado en la entidad, pero que dijo se está impulsado para que la ciudadanía lo conozca y se puedan certificar como familias de acogida, para que los niños en tutela del Estado puedan tener convivencia familiar temporales, en tanto se resuelve su situación jurídica.

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Actualmente son 700 menores atendidos en 40 centros de asistencia, todos pertenecientes a la sociedad civil, pues el DIF Estatal solo cuenta con un centro que es institucional ubicado en la capital del Estado. 

“Estamos trabajando y estamos preocupados por los niños que hoy están dentro de las casas de asistencia social, cómo vamos a trabajar con estas casas para que se regularicen, a la fecha solo hay 17 centros de asistencia social que son regulares y que están en proceso de regularizarse ante la Procuraduría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (…) tenemos que lograr que los 40 centros que tenemos en Guanajuato estén regularizados, tengan el certificado por parte de la Procuraduría para atender a los niños que hoy están bajo tutela”, señaló Gerardo Trujillo. 

Dijo que con los 17 centros de asistencia que están regularizados, se trabajará de manera permanente a fin de que en estos se implemente una crianza positiva y que los niños y niñas tengan una mejor calidad de vida el tiempo que estén bajo la tutela del Estado. 

“Y construir un proyecto de vida para esos adolescentes y jóvenes que no van a lograr ser restituidos ni van a poder ser adoptados y que hoy están bajo la tutela del Estado”. 

Por otra parte señaló que el próximo año en conjunto con el Congreso del Estado se revisarán la normativa actual pues se busca fortalecer la política pública vinculada a la atención de los niños, niñas y adolescentes respecto a la restitución del derecho de vivir en familia.

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