De los muchos escándalos políticos y de corrupción que mancharon y afectaron a su gobierno, sin duda uno de los más graves que enfrentó el presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio fue la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural “Isidro Burgos” el 26 de septiembre de 2014. 

El “Caso Ayotzinapa” está a punto de cumplir 8 años en septiembre y todavía sigue siendo no sólo una investigación no resuelta y un rompecabezas que no encaja, sino que continúa generando un movimiento político que trascendió al sexenio peñista y hoy es un problema para el gobierno de López Obrador. 

Y mientras en las nuevas investigaciones que realiza este gobierno, bajo la Coordinación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CovaJ-Ayotzinapa) con las que se busca sustituir a la “verdad histórica” del gobierno peñista con nuevas acusaciones y órdenes de aprehensión e incluso llegar hasta los verdaderos móviles, se escucha que la Fiscalía General de la República va a solicitar en los próximos días nuevas órdenes de aprehensión y captura contra exmandos de la extinta PGR. 

Se menciona por ejemplo el nombre del exfiscal antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, que se sumaría a la orden de aprehensión pendiente en contra del exsubprocurador Tomás Zerón. 

Pero la paradoja es que mientras las nuevas investigaciones de la CovaJ-Ayotzinapa apuntan hacia los exfuncionarios de la extinta PGR, hay un personaje que, a pesar de haber sido clave , nunca fue involucrado por el gobierno de Peña Nieto y fue hasta esta administración cuando lo llamaron a declarar sobre Ayotzinapa: el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. 

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Aguirre hoy se mueve de lo más tranquilo y se le ve en lujosos restaurantes de la Ciudad de México con sus camionetas Suburban blindadas y sus varios escoltas. El exgobernador acudió el 17 de septiembre de 2019 a una reunión con la CovaJ-Ayotzinapa en la Secretaría de Gobernación, en donde habló de los hechos de 2014 en Iguala ante el subsecretario Alejandro Encinas y varios de los padres de los normalistas. “Vamos a contribuir porque por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado, el presidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a recibirme para conocer mi versión”, declaró Aguirre Rivero. 

Ahí, Ángel Aguirre, quien fue obligado a pedir licencia a la gubernatura un mes después de la desaparición de los normalistas, el 24 de octubre de 2014, les dijo a los padres y a Encinas que se debe ubicar y revelar la identidad de “El Patrón”, personaje que dio la orden de secuestrar y desaparecer a los 43 estudiantes. 

En todo caso Ángel Aguirre Rivero fue sin duda un político afortunado o más bien “blindado” en su momento para que no se le acusara. 

Algo muy fuerte debe haber sabido el gobernador en aquel 2014 para que el presidente Enrique Peña Nieto se negara a imputarlo y a que fuera acusado e investigado tras la desaparición de los normalistas. Porque hoy, casi 8 años después, se sabe por fuentes fidedignas, que unos días después de la desaparición de los normalistas, en una reunión en Los Pinos, Peña pidió la opinión de las fuerzas armadas. Ahí estaban el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el almirante secretario de Marina, Vidal Soberón. Los dos recomendaron al presidente “detener e investigar al gobernador Aguirre Rivero” y le dijeron que había elementos, según los datos e investigaciones de la inteligencia militar. 

Después de revisar la información que presentaron los mandos castrenses, Peña dijo sin mayor explicación: “No puedo acusarlo y menos detenerlo”. Y lo que vino después de esa decisión de Peña Nieto todavía hoy, casi 8 años después, lo persigue incluso en la tranquilidad de su cómodo exilio en Madrid.