Jessica de la Cruz

León.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, comentó que para la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar al 43% de los presos en México tendrían que revisarse los expedientes de cada persona, así como investigar por qué no se les ha dado una sentencia.

Dio a conocer que en la entidad, en un promedio de dos años máximo, se les da una sentencia aquellas personas que se encuentran en un centro penitenciario por cometer algún tipo de delito,  por lo que este decreto que pide el presidente tendría que analizarse.

“Hasta ahorita todos han sido sentenciados en el lapso de dos años que marca la prisión preventiva, ¿por qué? Porque tenemos que recordar, que cuando se judicializa una carpeta al Poder Judicial, nosotros tenemos una audiencia preliminar, y tenemos un plazo de investigación complementaria que como máximo puede llegar a 6 meses”, dijo.

Agregó que una audiencia oral se programa en los siguientes 60 días hábiles, entonces en dos años es un tiempo prudente para a lo mucho que se fuera el proceso, se logre sentenciar a una persona.

El presidente añadió que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política Federal establecen que la prisión preventiva como media cautelar puede durar como máximo dos años, y si en dos años no se ha sentenciado a la persona, hay que ordenar su libertad.

Por otro lado, resaltó que en Guanajuato no existen casos de reos que han pasado más de dos años sin recibir su sentencia, pero sí existen los casos que se alargan y es por los recursos que utilizan los abogados defensores del inculpado, entre ellos los amparos, pero no hay casos en la entidad que después de permanecer 10 años en la prisión no se les ha dictado una sentencia.

El decreto

El pasado 29 de julio, durante la conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador anunció que se firmaría un decreto para liberar presos que no hayan cometido delitos graves y que cumplan con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75, o adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas.

Estas acciones se harían en coordinación con la Secretaría de Gobernación para que entre en vigor inmediatamente con el objetivo de evitar que la liberación se exceda del 15 de septiembre de 2021.

Por su parte, la Olga Sánchez Cordero explicó que López Obrador los instruyó en los cuatro puntos en los que puede ser aplicable, además, en todos los casos se seguirá un procedimiento simplificado.

1. Todos aquellos no sentenciados por el fuero federal y con más de 10 años en prisión se convertirán en personas libres.

2. Los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves.

3. Adultos mayores de 65 años que estén en la cárcel, con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves. En este caso se le pedirá a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes.

4. Todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.

EZM