Yerbamala

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Bárbara Botello

1.-El desafuero de Bárbara

El PAN quiere a Bárbara en la cárcel. O inhabilitada. O ambas. Siempre lo ha querido, pero hasta ahora dio con la coyuntura.

Antier, el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, es decir, el gobernador, Miguel Márquez, interpuso la demanda de desafuero en ‘San Lázaro’, a instancias del gobierno de León, encabezado por Héctor López Santillana.

La acusan de peculado. Es decir, de usar bienes públicos en provecho propio. Este delito se castiga con multa, cárcel, de entre dos y diez años, e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Carlos Zamarripa
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La historia de confrontaciones entre Bárbara y el PAN es larga, pero tuvo especial intensidad cuando fue alcaldesa de León.

Contó con el favor y el apoyo de funcionarios federales, también del PRI, y consiguió recursos extraordinarios. Eso le dio para envalentonarse y sostener una postura hostil contra Márquez y su gobierno.

Ahí está aquel episodio de hace cuatro años, cuando las huestes ‘barbaristas’ abuchearon a Éctor Jaime Ramírez Barba en su Informe. Hoy, éste se la cobra al anunciar con deleite lo del desafuero y sus implicaciones.

Bárbara dice que los panistas están reaccionando en su contra por su demanda para que se sancione a los funcionarios panistas involucrados en el fraude de ‘Metrofinanciera’, el cual causó un quebranto a las arcas municipales de $33.4 millones.

Confía en ganar la partida, tanto ante el juez del caso como en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Una Sección que preside su correligionario, oriundo de Silao, Ricardo Ramírez Nieto, a quien acompaña otra priista, Sandra Méndez. Los otros dos integrantes son del PAN, Juan Pablo Piña, y del PRD, Omar Ortega.

Bárbara asegura que trae con qué ser candidata a gobernadora o para volver a competir por la alcaldía.

Por eso dice que los panistas la atacan: “Me tienen miedo”.

Juan Antonio Morales

2.- La complicidad perfecta

Ni la burla perdona el alcalde que gana más que ninguno en Guanajuato, el de Silao, Juan Antonio Morales Maciel, quien intenta justificar el abuso con la noticia de que da apoyos a asociaciones sociales y deportivas.

Morales, quien llegó al poder por el PAN, se paga $161 mil, casi el doble de lo que recomienda el Congreso, $85 mil 707. Esto es, $5 mil 298 diarios.

Como referencia, el gobernador, Miguel Márquez, gana $177 mil.

Se ha justificado con que ese salario fue el que le heredó su antecesor, del PRI, Enrique Benjamín Solís Arzola, de triste memoria.

Dice que está ‘para acatar lo que marque el Congreso’. Lo hace con sorna, pues defiende ‘lo que diga el Ayuntamiento’… donde cuenta con la confabulación que necesita.

Porque el síndico gana $92 mil y los regidores $82 mil, muy por encima de las recomendaciones del Congreso…

Enrique Díaz

3.-Justicia terrena

A propósito de la última audiencia, para aportar pruebas adicionales contra del sacerdote preso, Jorge Raúl Villegas, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz, exigió justicia para las víctimas de sus excesos.

Esto lo acerca a la postura del Papa Francisco, quien ha llamado a los obispos a proteger a los menores de los abusos sexuales de los sacerdotes, y lo aleja de las de su predecesor, José de Jesús Martínez Zepeda, quien se mostró reacio.

Villegas enfrenta cinco denuncias penales por violación calificada, abusos sexuales, corrupción de menores y hostigamiento sexual. También está demandado ante la PGR por pederastia.

Lo protegieron varios curas, y le dio empleo la Madre Superiora del ‘Colegio Atenas’, Carmen Carbajal Méndez. Ahí fue el escenario de sus tropelías.

Díaz tendría que convencer a Carbajal de que se presente a declarar y a Villegas de que no retrase el juicio con sus amparos. Ambos están bajo su autoridad.

Jesús Badillo

4.-La deseada magistratura

Finalmente, llegaron a 17 los inscritos para competir por la magistratura que dejó vacante Ignacio Cruz Puga, quien se anotó de nueva cuenta, en el Tribunal Estatal Electoral, TEE. Semejante concurrencia le complica la vida a Cruz.

Sobresalen quienes acaban de quedar cesantes como consejeros del IEEG, Yari Zapata, Dolores López y René Palomares.

También, quienes son empleados del TEE, Alejandro Javier Martínez, Juan Manuel Macías y Juan Antonio Macías.

Destaca Jesús Badillo Lara, el solvente abogado dolorense que fue presidente del IEEG.

La Comisión de Justicia del Senado, que preside Pilar Ortega, recibe hoy los expedientes para emitir su dictamen el 6 de diciembre.

Aparte el poder que significa esta magistratura, es muy cotizada porque paga muy bien y tiene unas ‘vacaciones largas’, de dos años entre una elección y otra…

Juan Carlos Cano Martínez

Por sus empeños en buscar otros cargos, el actual Secretario Ejecutivo del Consejo del IEEG da evidencia de sentirse incómodo en donde está…

Recientemente, compitió para convertirse en consejero del IEEG y no lo consiguió. Ahora, es uno de los 17 aspirantes a ocupar la vacante de magistrado en el Tribunal Estatal Electoral.

Se trata de un funcionario que ha hecho carrera en el IEEG.

Fue secretario del Consejo antes de la reforma legal que quitó al Congreso del Estado la facultad de nombrar consejeros, trasladándola al Instituto Nacional Electoral, INE.

También fue director de la Unidad Técnico Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG, inmediatamente antes de ser nombrado para su puesto actual.

Lo anterior ocurrió a principios de 2015, luego de la inexplicada renuncia de Eduardo García Barrón, luego de 20 años de servicio.

Cano tiene la experiencia electoral necesaria, y credenciales académicas sobresalientes, como posgrados en derechos humanos, notaría pública, ciencias jurídico-penales, gestión pública…

Luego de cursar uno de sus posgrados en el extranjero, siendo empleado del IEEG, regresó a la institución, por lo cual se supuso una lealtad estimable.

Su cargo actual tiene vigencia hasta febrero de 2019…

De ahí que su búsqueda de otros aires impregne de inestabilidad su función, justo cuando se viene lo más álgido del proceso electoral.