Yerbamala

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Edgar Castro

1.- El alcalde tira lastre

Por fin, y antes de que empiece el fuego electoral y le señalen encubrimiento, el alcalde de ‘Cuévano’, Edgar Castro Cerrillo, somete al juicio del Ayuntamiento tres candentes casos de la Contraloría.

El más destacado es el de la regidora priista en funciones, Iovana Rocha Cano. Los otros son los relativos a un par de exfuncionarios de la administración de ‘Güicho’ Gutiérrez.

Se trata de quien fue director de Obra Pública, Jorge Ignacio de la Peña Gutiérrez, y de Lucía Cano, quien fuera titular de la Oficialía Mayor.

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A Rocha, el contralor Juan Manuel Valdés Fonseca le hizo una revisión final de cuando fue directora del extinto Instituto Municipal de la Mujer entre 2011 y 2013.

Hoy habrá dos sesiones del Ayuntamiento, la primera, ordinaria. La segunda, extraordinaria y privada, justamente para que los ediles se pronuncien sobre estos asuntos.

Los expedientes vienen con sanciones administrativas, pero lo más relevante es que, en los tres casos, se proponen inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por diferentes períodos.

Juan Caudillo

2.- Los diputados y la ley… del embudo

No deja de constituir un escándalo el que los diputados hayan decidido duplicar el gasto para el pago de sus seguros de gastos médicos.

El administrador del Congreso, Juan Caudillo, ha informado que este rubro prácticamente se duplicará de un año a otro, al subir de 2.4 millones de pesos a cuatro millones.

La justificación es porque aumentó el ‘índice de siniestralidad’, según dice el presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba. Ello, por las enfermedades de Luis Vargas, Alejandra Torres, Beatriz Manrique y Eduardo Ramírez Granja.

Tanta generosidad consigo mismos, a cargo del erario, resulta incluso ofensiva si se considera que los diputados guanajuatenses son los mejor pagados del país, con 177 mil pesos mensuales.

Con eso, fácilmente, podrían pagar de su bolsillo los mejores servicios médicos sin sufrir mayor merma. O, en su defecto, podrían recurrir a los del ISSSTE si no quieren gastar.

El agravio es mayor si se considera que hay muchos policías municipales que ganan sueldos míseros y no tienen IMSS, ISSSTE ni servicio médico alguno. Ellos, que se juegan la vida por nuestra seguridad.

Lo dicho, los diputados aplican la ‘Ley del embudo’: ancho para ellos, y estrecho para los demás.

Héctor López Santillana

3.-El contrato fantasma

Alguno o algunos de sus colaboradores le han fallado al alcalde de León, Héctor López Santillana, quien ayer, por eso, incluso tuvo que negarse a responder preguntas sobre el todavía presunto convenio con el Club León.

Se trata del acuerdo mediante el cual el gobierno leonés le ha condonado, desde octubre de 2015 hasta la fecha, cerca de $6 millones por el servicio de seguridad en sus partidos.

Los reclamos son porque no hay evidencias de que el Club León haya cumplido con la contraprestación a la que se comprometió: la participación de sus jugadores en campañas de prevención del delito, educativas y de promoción turística.

La Secretaría del Ayuntamiento aseguró ayer que ese contrato sí existe, pero el área de comunicación se negó a mostrar copias bajo la excusa de que sólo se puede entregar mediante una solicitud a la Unidad de Transparencia.

Eso, por supuesto, lejos de despejar las dudas las agudiza.

En el apartado de ‘Contratos y Convenios’ de la UMAIP se pueden consultar 20 acuerdos que el gobierno municipal suscribió en el primer trimestre de este año, pero no existe alguno que sea con el Club León.

Para mayor suspicacia, la Secretaría del Ayuntamiento precisó que el multimencionado convenio se firmó dos días después de que lo aprobara la mayoría panista del Ayuntamiento.

Esto es, el 17 de diciembre de 2016. El problema es que ese día fue sábado…

Luis Miguel Aguirre

4.- Opacidad…

El Gobierno del Estado no informó del feo despido, por haber decepcionado al gobernador, de Francisco Amílcar Mijangos Ramírez como director del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Pero tampoco de su relevo, que ocurrió el pasado 1° de septiembre.

El sustituto es Luis Miguel Aguirre Aranda, y se sabe de su entrada en funciones sólo de manera indirecta. Se le hizo aparecer en un boletín, por su entrevista con Álvaro Vizcaíno Zamora, su homólogo del Sistema Nacional.

Aguirre Aranda viene de ser director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, con Guillermo Romero Pacheco.

En tal calidad, le tocó ‘planchar’ los avalúos con los cuales la empresa JAOS&SGB le vendió los terrenos para Toyota al gobierno estatal…

Juan Miguel Alcántara Soria

Directo, como es, algo infrecuente en los políticos, el exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se lo manda decir al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y le exige que renuncie.

Le señala ineficiencia en la lucha contra el crimen, lo responsabiliza de la impunidad y del alza criminal, junto a la deficiencia de las autoridades preventivas del estado y los municipios.

Evidentemente no se trata de un improvisado, pues Alcántara también fue procurador de Justicia de Guanajuato. También ha sido diputado.

Si eso no fuera bastante, su crítica adquiere un valor extra por tratarse de un militante del PAN, como es el origen del gobierno en el que sirve Zamarripa.

Las críticas de Alcántara no son del todo nuevas, pero si son más contundentes que en ocasiones anteriores.

Ello está en función de la posibilidad de que el procurador en funciones sea promovido por el gobernador,  Miguel Márquez, para que se convierta en el primer Fiscal General de Guanajuato y acabe durando en el  puesto17 años.

Parte de la coyuntura es la crisis de seguridad que vivimos desde hace algunos meses.

De no renunciar, Alcántara le plantea como alternativa que haga una renuncia explícita a la posibilidad de convertirse en Fiscal General.

Un planteamiento que se empata con lo que promueve el PAN a nivel nacional, y que debiera ser considerado.