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JAVIER-AGUIRRE-VIZZUETT-(8)

Javier Aguirre Vizzuett

1.- La danza de los delegados

La incógnita puesta sobre la mesa es qué delegados federales se irán y cuándo. No es una cantidad menor, se habla de alrededor de una decena.

Las causas son disímbolas. En algunos casos podría tratarse de una promoción, en otros de reubicación y en unos más de una destitución.

El coordinador de los delegados federales, Javier Aguirre Vizzuett, a su vez delegado de la Secretaría de Gobernación, dice que todos, los 55, están siendo evaluados. Los movimientos podrían empezar en un mes.

Hay un par de delegaciones que están vacantes: la del INAES, que ostentaba Azul Etcheverry, y Banobras, que tenía Ricardo Ramírez Nieto. Ellos son diputados federales electos.

La delegación sobre la que más se ha especulado, tanto por panistas como por priistas, la de la Sedesol, es de las más revisadas. Y sigue sin estar claro qué pueda pasar con Claudia Navarrete Aldaco. A las demandas del PAN en su contra por presuntos delitos electorales les han fallado las pruebas.

Entre las revisiones de rendimiento y circunstancia está la delegación de la SCT, de la cual su titular, Leoncio Pineda Godos, podría ser reubicado en Hidalgo, su estado natal. Ahí el interés está en que habrá elecciones a gobernador el próximo año.

Se evalúa un posible desgaste prematuro, interno, en la delegación de la Sagarpa, y el posible regreso a su estado natal, Veracruz, de la delegada, María de Lourdes Acosta.

Otro tipo de desgaste, por afectar grandes intereses en cumplimiento de su función, es el del delegado de la Profepa, José Isaac González Calderón. Al delegado de Economía, Andrés Bello Albo, se le ha señalado negligencia.

Del delegado del IMSS, Sergio Santibáñez, se refiere que su buen desempeño lo podría llevar a las oficinas centrales…

Aguirre dice que los movimientos no se harían para beneficiar intereses de priistas locales… esta vez. Porque la vez anterior se dieron gusto Gerardo Sánchez, Francisco Arroyo, Miguel Ángel Chico y hasta Bárbara Botello.

Asegura que serán, sólo, “hombres y mujeres del presidente Enrique Peña  Nieto”. A ver…

MIGUEL-ANGUEL-CHICO

Miguel Ángel Chico

2.- La soledad de Miguel Ángel

Con el autodescarte de Francisco Arroyo Vieyra, apenas el viernes pasado, como aspirante a la candidatura del PRI a gobernador en 2018, pareciera que se le despeja el camino a Miguel Ángel Chico, de quien es su nuevo aliado.

Chico ya lleva varias semanas diciendo que él sí quiere. Llegó a este convencimiento luego de la ‘debacle electoral’, atribuida a Gerardo Sánchez, lo cual habría sacado de la carrera al salvaterrense, su anterior aliado y hoy su antagonista.

Falta saber el plan de Bárbara Botello, también una potencial candidata. Ella ha seguido sacudiéndose las culpas por la derrota priista en León, atrincherándose en lo que quedó ahí de priismo. Lo que puede reforzar sus aspiraciones es la coordinación de los diputados federales del PRI guanajuatenses… si la consigue.

Incluso hay otros tiradores, que están agazapados. Tal sería el caso de José Luis Romero Hicks, actual presidente de la Fundación Colosio. Cree que desde ahí puede.

Por lo pronto, Chico ya no trae otra lógica que la de la candidatura. Falta ver si le resulta eso de ser madrugador. Y falta mucho.

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Miguel Márquez

3.- El acertijo del gobernador

Por la combinación de circunstancias, e incluso por mera inercia política, el gobernador, Miguel Márquez, se ha quedado como los viejos gobernadores priistas, con su partido en las manos. No lo tiene del todo, y eso es parte del problema. Aunque sí le queda la responsabilidad.

Él mismo no ha resistido la tentación de meter mano. Antes, mandó de secretario general del PAN al subsecretario de Gobierno, Marco Rodríguez, y ahora ha querido mandar de presidente estatal al propio secretario, Antonio Salvador García López.

Tiene enfrente al grupo de Fernando Torres Graciano y Juan Manuel Oliva, quienes conservan un tercio de la estructura, y al de Luis Alberto Villarreal, que tiene otro tanto. A todos debe otorgar posiciones con el cambio en la dirigencia estatal.

Además, tiene su propio grupo. Ahí se adscribe el actual dirigente, Gerardo Trujillo Flores, a quien ha mandado a la labor de sacrificio de organizar al cambio y sacrificar su aspiración de reelegirse. Falta ver con qué lo compensa.

Márquez tendrá, apenas, dos semanas de gracia para acomodar las piezas. Y amarrar la ‘candidatura única’ que quiere.

CONTRA RETRATO Yerbamala

miguel-angel-osorio-chongMiguel Ángel Osorio Chong

El secretario de Gobernación enfrenta la más dura de las pruebas, como si el destino lo hubiera hecho deliberadamente: la fuga del narcotraficante que se considera el más poderoso del mundo, Joaquín, ‘El Chapo’ Guzmán.

Aunque no es una fatalidad. Desde el principio del sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que las tareas de seguridad se concentraran en esta Secretaría.

El esquema ha estado a prueba, y aunque ha tenido varias fallas, como la de la Gendarmería Nacional, la de la administración de los centros de reclusión viene a ser crucial.

La segunda fuga de ‘El Chapo’ de un penal de alta seguridad, esta vez del penal de El Altiplano, en el Estado de México, y la anterior del de Puente Grande, en Jalisco, viene a ser evidencia de que muchas cosas en la estrategia de seguridad no han cambiado.

Una, en extremo preocupante, es el poder de infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno, en particular las de Seguridad Pública.

A reserva de que las investigaciones del caso, a cargo de la procuradora de la República, Arely Gómez, ilustren sobre la mecánica de la fuga y los implicados que la hicieron posible, la impresión es la de la complicidad de funcionarios.

Esa aclaración, y la captura del fugado, a cargo de Osorio, permitirían recomponer un poco las cosas. Pero sólo para comenzar otra vez, de bases más profundas.

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1.- Creció el Pacto y ganó Diego Sinhue
2.- Fibras sensibles de nuestra sociedad
3.- La OCL se queda sin un invitado
De la Valija. De nuevo Karina “N”
Héctor René López Santillana

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1.- Creció el Pacto y ganó Diego Sinhue

Diego Sinhue Rodríguez

Este día, el gobernador de Guanajuato estrenará corona durante la reunión de la Conago en Baja California Sur, donde el ente cambiará de dirigente ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue designado ayer como titular de la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO) que pretende la instauración de una entidad suprarregional para mantener el desarrollo económico y social.

A 15 días de que presente su segundo informe de gobierno, Diego Sinhue, recibe la representación de las entidades que integran la alianza conformada por: Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. En la reunión verificada en la entidad potosina se constituyó legalmente la agrupación, haciendo a Rodríguez Vallejo su primer presidente por un periodo de seis meses. Se anunció que pronto dos estados más podrían sumarse a la ACBO.

Durante su primer informe, en marzo de 2019, el guanajuatense presentó la alianza, cuando todavía se le consideraba como el Pacto de San Miguel de Allende, entre los estados que gobiernan los panistas en el centro de la República, sin Jalisco. Ese día, Sinhue Rodríguez dio a conocer el proyecto insignia para detonar el crecimiento económico de la región por encima de la media nacional, como se estaba presentando en los estados aliados.

2.- Fibras sensibles de nuestra sociedad

La condición sine qua non que ofrecen los estudiosos de la niñez, bajo condiciones de anomia social, han mostrado que son el producto de condiciones sociales específicas; así, en un escenario de inseguridad y violencia se van mostrando una serie de infantes sometidos a problemas de abuso y explotación. Con base a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el 2016 llamó la atención que el tema sensible respecto de los menores de edad era su desaparición, totalizando 25 mil casos, donde Guanajuato ocupó el segundo lugar con 2 mil 925.

Tres años después, incrementadose la comisión de los delitos en la entidad, sobresaliendo los homicidios dolosos, los infantes se han inscrito como la parte más dolorosa, pues en 2019 fueron asesinados 390. Y, de acuerdo con el SESNSP, la trata y corrupción de menores sumaron 171 carpetas judiciales. Guanajuato se colocó en el primer lugar nacional en tráfico y cuarto lugar en corrupción de niñas, niños y adolescentes.

La modificación del fenómeno del 2016 hasta nuestros días, muestran el desinterés de parte de las instituciones gubernamentales por tomar con la celeridad que corresponde los casos sensibles de nuestros menores. Lo que nos queda, a partir de los referentes, es elaborar las respuestas a los problemas. El gran reto histórico para Guanajuato.

3.- La OCL se queda sin un invitado

A una década de constituirse como un concurrente de la sociedad, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) giró invitaciones a partes del Estado Mexicano para que participen activamente en el proyecto que pretende convertirse en apoyo para la gobernanza. La invitación del organismo trasciende, con su sana malevolencia, pues quiere una reunión urgente para que el gobernador de Guanajuato, el alcalde de León y el superdelegado del gobierno federal en el estado, para pedirles cuentas puntuales sobre el escenario de violencia e inseguridad local.

Este jueves, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que no acepta asistir al evento de la OCL que preside Rocío Naveja Oliva, porque el organismo está viciado por un posible tema de corrupción suscitado en las administraciones municipales de Ricardo Sheffield Padilla -actual procurador federal del Consumidor- y de Bárbara Botello Santibáñez en León. Ya con ganas de colaborar, se dijo dispuesto a enviarles a un asesor de la Secretaría de Gobierno para que les atienda.

En una segunda parte, cuando ya se mencionó a la representante de la OCL, Naveja Oliva, el gobernador acusó: “pareciera que a ellos lo que les interesa es el show político y no me voy a prestar”. Agregó que las investigaciones del Observatorio dejan muchas dudas, pues tratan los integrantes de lucirse, que desvelar los verdaderos datos.

Curioso, Rocío Naveja, en otro momento ha sido señalada aliada de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública estatal, pues le ha apoyado económicamente para la celebración de talleres y cursos, en su calidad de rectora de la “Universidad Humani”, propiedad de la actual representante de la OCL. Diego Sinhue deja en claro que no asistirá a los eventos de organizaciones cuya postura política es diferente a la suya o, que la instancia, tenga visos de cuestionamiento.

De la Valija. De nuevo Karina “N”

De acuerdo a diversas fuentes, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión de un juzgador federal para anular la liberación de Karina “N”, supuesta pareja sentimental de José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Alejandro Gertz Manero, no se anduvo tras las ramas ni con criticismo estéril y ejerció sus atribuciones para volver a la mujer ante un tribunal. Aunque queda la duda de dónde la van a localizar, pues en otro momento se liberó a “Don Neto” y todavía no logran cazarlo. No se puede soslayar el interés de la FGR de actuar en consecuencia a la opinión pública.

Héctor René López Santillana

Los menores de edad son como la especie de muestra de nuestra célula básica, la familia. En consecuencia, es el hilo más delgado de los efectos perversos de la sociedad. Se les encuentra como víctimas de violencia familiar, se les señala como reproductores de los quehaceres de los padres, además, algunos de ellos, constituyen el grupo más vulnerable pues lo mismo son utilizados por los delincuentes para serviles para su provecho, en el tráfico, consumo y su corrupción.

Héctor René López Santillana, presidente municipal de León, ante la revelación nacional de que Guanajuato es una de las entidades con altos índices de tráfico y corrupción de menores, destacó, con base a las experiencias de su gobierno, que se está produciendo un incremento en el maltrato de los niños en sus hogares; cimiente de la construcción social de los menores descuidados, donde cabe la tolerancia hasta de su adicción a sustancias y su utilización en la delincuencia.

De manera específica y sustancial, el alcalde leonés no descuida la parte más triste del asunto, al señalar que actualmente las niñas, niños, y adolescentes son los nuevos “halcones” de la delincuencia; pero también, forman parte del engranaje del narcomenudeo.

Al momento, con base a lo expuesto por López Santillana, existen las condiciones para que incremente, como bola de nieve, el número de menores inducidos, pues por su condición legal, no enfrentan la justicia.

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Don Giovanni

1.- Van por desparecidos, en campo
2.- Se resisten los bancos a aplicar la factura instantánea
3.- Nuevo proceso a funcionario de Mauricio Trejo Pureco
De la Valija.- Suple con GN a polipreventivos
Alvar Cabeza de Vaca Appendini

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1.- Van por desparecidos, en campo

Libia Dennise García Muñoz

Representantes de víctimas de desaparición forzada en el estado revelaron que hay un avance crucial en la lucha de las familias guanajuatenses por encontrar a sus seres queridos, pues se acordó con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzar las acciones de localización en campo.

La información proporcionada por defensores de derechos humanos se da en un contexto de violencia, pues José Gutiérrez y Janet Miranda, activistas que apoyan a los familiares de los desaparecidos en la entidad, fueron amenazados de muerte, quienes exigieron al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre que se realice una investigación por las amenazas y se generen las condiciones para que puedan defender los derechos humanos de víctimas y sus familias.

Colateral, los activistas señalaron las dilaciones y negligencias en el tratamiento del problema. En el proceso de aprobación de las leyes estatales de desaparición forzada, indicaron que se hace sin la participación de los familiares, a pesar de que les fue prometido ello por la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Frente a la preocupación por la seguridad de los activistas José Gutiérrez y Janet Miranda, las organizaciones demandaron a los tres órdenes de gobierno proteger su integridad física y de sus familias, lo que representaría el primer paso de una política pública en materia de investigación, identificación y búsqueda, pues se protege a los primeros interesados en resolver el problema. Se anota que en la comunidad de San Rafael de Yustis en Celaya, se encontró un cuerpo enterrado y nueve más en un predio en Moroleón.

2.- Se resisten los bancos a aplicar la factura instantánea

Luis Niño de Rivera

En un escenario poco halagador para la economía nacional y la prospectiva de su crecimiento en 2020 y 2021, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que suspendió, de momento, el proyecto de facturación instantánea de los pagos con tarjetas de débito y crédito, hasta reunirse con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Posiblemente por la preocupación de que los usuarios se inconformen y generen controversias contra las instituciones bancarias por el uso de sus datos personales y registro fiscal de sus gastos.

El presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, señaló que no ha tenido contacto con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, para analizar el tema de la factura instantánea. Cabe mencionar que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al cierre de enero pasado, informó que en Guanajuato se han levantado 10 mil 504 controversias contra bancos en defensa de las personas usuarias por diversos abusos.

En materia de proyección, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado informó de los riesgos, dados los cambios en materia tributaria, como el asunto de las tarjetas, de enfrentar el gobierno federal una crisis tributaria para el 2021, que se suma a la desaceleración económica y reducción de inversiones.

De los trances en los municipios, puede observarse que en Salamanca se registran cero inversiones, de acuerdo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raymundo Gómez García, quien cosificó la situación con un “estamos muy atorados”. Por lo pronto, el sistema llamado facturación instantánea, quedó en el limbo.

3.- Nuevo proceso a funcionario de Mauricio Trejo Pureco

Mauricio Trejo Pureco

El municipio de San Miguel de Allende podría recuperar recursos que la procuración de Justicia considera fueron tomados indebidamente, en un procedimiento fraudulento, en la administración de Mauricio Trejo Pureco en el trienio 2012-2015. Juan Edgar Bautista García, a la sazón director de Desarrollo Urbano, fue vinculado a proceso por peculado, en agravio de los sanmiguelenses.

De acuerdo con la información oficial, Bautista García, contrató una empresa para la elaboración de un proyecto ejecutivo para la imagen urbana de la salida a Celaya de San Miguel Allende y ciclovía para un plan maestro de desarrollo del turismo alternativo, el proyecto, de acuerdo a la autoridad, presumiblemente no se ejecutó y sin embargo sí se pagó por la dirección de Desarrollo Urbano a cargo de Edgar Bautista.

El ex funcionario además ha sido ligado a los expedientes PRA21/2016, PRA24/2016, PRA23/2016, PRA29/2017 y su acumulado PRA84/2017 por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, por los cuales se le ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Ha sido Juan Edgar Bautista García el signo de una administración en donde al responsable no lo alcanza la justicia.

De la Valija.- Suple con GN a polipreventivos

Fernando Rosas Cardozo

El alcalde de Santiago Maravatío si puede sostener que la Guardia Nacional le está salvando la gestión, porque al municipio ya sólo le quedan 27 policías preventivos, quienes prestan sus servicios, divididos en tres turnos con nueve agentes. Aunque el presidente Fernando Rosas Cardozo no ha explicado las razones del porqué de la reducción de su cuerpo de gendarmes, si ha revelado que la fuerza nacional GN le está ayudando complementando el servicio con 30 elementos por cada turno. Dadas las condiciones que vive el municipio no es recomendable la disminución del personal, pero el alcalde da ejemplo de solvencia para la protección de la población.

Santiago Maravatío se ha distinguido por sufrir las consecuencias por la violencia de sus vecinos. Amén de que ha aportado para la lista de decesos violentos, el regidor panista Cornelio López Moreno, fue uno de ellos el último cuatrimestre de 2019.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini

La unidad jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato no necesitará mucho tiempo para atender las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la entidad (PDHEG), por el asesinato del migrante Leonardo Reyes en San Miguel de Allende, por seis elementos de la policía estatal, porque de un solo golpe, el titular de la dependencia hizo cera y pabilo la investigación del ombudsman local.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini, eterno secretario de Seguridad Pública, informó ayer, que las recomendaciones presentan deficiencias en su integración, sin embargo, concedió que las aceptará. Señaló que ninguno de los elementos involucrado tenía, antes del homicidio en diciembre de 2018, antecedentes “negativos” por su desempeño.

La postura del funcionario, frente a la acción del organismo encargado de proteger a los ciudadanos, es la carencia de mesura y en consecuencia, de menosprecio a las tareas pro Derechos Humanos que limitan el abuso del poder contra las personas. De paso reveló que ya le contestó y aclaró a la Procuraduría algunos puntos de su documento, pues tienen “un error de dedo”, aunque no quedó claro si fue de sus policías.

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1.- Parteaguas en derechos humanos
2.- La difícil tarea de legislar
3.- En jaloneo la integración de comisiones
De la Valija. Por la seguridad de los mexicanos
José Huerta Aboytes

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1.- Parteaguas en derechos humanos

José Raúl Montero de Alba

Después de un año de los hechos en que fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPEG), Leonardo Reyes Cayente, residente en los Estados Unidos, que visitaba a su familia en San Miguel de Allende, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) entregó recomendaciones a dos funcionarios del Gobierno del Estado y al Fiscal General, al violarse el derecho a la vida y el acceso a la justicia de la víctima y su familia, respectivamente.

Se encontró uso excesivo de la fuerza y que no se dio atención médica al occiso por los elementos de la FSPEG; además, funcionarios no realizaron una investigación transparente y a fondo de los hechos.

La PDHEG está actuando en un momento en que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Alvar Cabeza de Vaca, la Fiscalía General bajo el mando de Carlos Zamarripa Aguirre y la Secretaría de Gobierno dirigida por Luis Ernesto Ayala Torres, son señalados por diversos sectores para que se resuelva la inseguridad y se acabe la impunidad.

Esta acción del ombudsman estatal, José Raúl Montero de Alba, marca un parteaguas en la vida política y jurídica local, pues en los últimos años la oposición ha criticado a la procuraduría por su poca firmeza para actuar ante el Ejecutivo y organismos autónomos. Las recomendaciones por múltiples omisiones de parte del personal involucrado, como de los mandos, podrían devolver a la autoridad al sendero de la justicia. Lo que sigue es la respuesta de los funcionarios aludidos y sobre todo el cumplimiento de las recomendaciones para la reparación del daño a favor de las víctimas.

2.- La difícil tarea de legislar

Lo que contempla el Código Penal de Guanajuato sobre terrorismo está claro, como dice el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, J. Jesús Oviedo Herrera; sin embargo, en el momento, no es el debate, sino la forma en que fue aplicado y sobre todo, porque un juzgador consideró que los cueramarenses a quienes se intentó cosificar como terroristas por exigir justicia para 4 adolescentes asesinadas, fue categórico al sostener que no hubo los elementos probatorios suficientes dejándoles en libertad inmediata.

Lo que tienen que hacer los legisladores locales, más que defender lo indefendible, es recapitular sobre el tema, terrorismo, a fin de que la interpretación que se haga de la conducta no sea a voluntad de cualquier autoridad. Se exige, en el orden penal, la tipificación.

Quizá al Grupo Parlamentario del PRI no le asista la razón cuando en el momento más álgido de la aplicación del delito de terrorismo y, sobre todo, por sus efectos, pues en el caso de los jóvenes de Jerécuaro sí le funcionó a la Fiscalía General del Estado, o sea, es menester que se consulte a los tres Poderes del Estado y organizaciones sociales sobre el asunto para obtener de forma consensuada una propuesta de reforma que garantice que el uso del delito de terrorismo no sea discrecional.

3.- En jaloneo la integración de comisiones

Luis Felipe Guerrero Agripino

El movimiento de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Guanajuato (CEUG) por erradicar la violencia en la casa de estudios, dio un nuevo paso este martes para que la autoridad de la UG los incorpore a las comisiones para el seguimiento de los acuerdos para frenar la violencia de género contra estudiantes y trabajadoras.

Con una marcha la CEUG rechazó la conformación de las comisiones y condenó, otra vez, la permanencia en los campus y escuelas de la universidad pública estatal de los profesores y directivos señalados por la comunidad como violentadores de las mujeres.

En respuesta, el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino dio a conocer, en un comunicado, que el procedimiento seguido para integrar las comisiones se realizó siguiendo el orden jurídico universitario establecido, donde participaron estudiantes, académicos y autoridades.

Mientras en la Universidad de Guanajuato las partes de La Colmena están en pos de una resolución común de los problemas que dañan las relaciones entre la comunidad, en la Máxima Casa de Estudios del país, la UNAM, los integrantes de la comunidad puma han determinado en su Estatuto General como “especialmente grave de responsabilidad” a la violencia de genero. Además, fueron más allá de cambiar su marco normativo, modificaron la composición de su Tribunal Universitario al garantizar la paridad y dar un enfoque de género en su integración.

De la Valija. Por la seguridad de los mexicanos

Son dos las celebraciones que sirven al Ejército Mexicano para recordar y perpetuar en la sociedad mexicana su papel histórico y la responsabilidad de sus miembros en la actualidad. La primera, la Marcha de la Lealtad, el 9 de febrero, cuando los altos mandos llamaron la atención de su Jefe Nato, Andrés Manuel López Obrador, con su vocación por mantener la paz en la República, que permitió la democracia por la cual consiguió su ascenso al poder.

La segunda, el Día del Ejército Mexicano, este 19 de febrero, que celebra el CVII aniversario de su fundación. La ocasión más oportuna para que el presidente y el Ejército invoquen sus orígenes y funciones constitucionales, para que ante la necesidad nacional y por los rumores suscitados con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, celebren en medio de la sociedad un acuerdo por la seguridad de los mexicanos, que esperan resultados. Es la oportunidad.

José Huerta Aboytes

Es necesario, en ciertos momentos, que el funcionario reciba el respaldo de alguna parte de la clase política, en especial para que mejore su trabajo y evite omisiones y fallas. Pero, cuando cotidianamente se incurre en dicho aliento, con tufo a protección, se vuelve una práctica dañina para la sociedad, porque el servidor público se cree intocable e infalible. Y sus errores, afectan, a fin de cuentas, los intereses de quienes lo protegieron.

José Huerta Aboytes, político experimentado y líder de la bancada del partido tricolor en el Congreso Local, llamó la atención a la diputación panista que acordó con el Ejecutivo ir a la Fiscalía General del Estado para recoger el informe de Carlos Zamarripa Aguirre, para que haya un mínimo de dignidad parlamentaria y como Poder que son se reciba el informe en el Palacio que corresponde, la Casa del Pueblo.

Para el santacrucense y ex secretario de Gobierno, se tiene que cumplir con la Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía General para que Carlos Zamarripa comparezca ante el Pleno y explique por qué Guanajuato se encuentra sumido en la violencia, con grave crisis de inseguridad, lucha entre grupos delictivos e incremento desmedido en los delitos. Por cierto, Zamarripa no ha comparecido ni como Fiscal ni como Procurador en un sexenio, sólo asiste a reuniones de petit comité.

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