HACE EXACTAMENTE UNA semana, un senador le preguntó a la gobernadora del Banco de México si conocía el plan de Andrés Manuel López Obrador para controlar precios de algunos productos, en aras de mitigar la inflación.

Victoria Rodríguez Ceja dijo que no. Siete días después, queda claro que mintió piadosamente a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, porque tras bambalinas, desde el principio los técnicos del instituto central se dieron a la tarea de diseñar el programa.

Qué incómodo resultaba para la funcionaria criticar hace una semana lo que algunos legisladores de oposición ya empezaban a cuestionar y que hoy ya es generalizado entre los más respetados economistas: volver a los controles de precios de hace más de 50 años.

Rodríguez Ceja está entre la espada y la pared, pues como gobernadora del Banxico no puede someterse a los deseos del Presidente de obligar a los productores de los 24 principales bienes de consumo de la canasta básica, a topar el precios de sus artículos.

Su silencio y sus acciones en torno a este plan de contención de precios de la 4T no hacen más que confirmar a sus críticos que sigue actuando como Subsecretaria de Egresos y que continúa respondiendo a los intereses del inquilino de Palacio Nacional.

Ayer el Presidente López Obrador adelantó que el Programa para Combatir la Inflación y la Carestía (Pacic) será anunciado oficialmente el miércoles de la siguiente semana.

Sin embargo las cámaras y asociaciones desconocen su contenido porque al menos en la primer semana de negociaciones fueron excluidas de las reuniones que lideran las secretarías de Economía y de Hacienda, dependencias que optaron por llamar, uno a uno, a los representantes de los tres principales productores de cada rubro.

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Lo anterior provocó incluso ya un extrañamiento por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Francisco Cervantes, a las secretarios Tatiana Clouthier y Rogelio Ramírez de la O.

El que el gobierno de la 4T esté convocando a cada empresa en lo individual para solicitar descuentos de 20% en los 24 productos de primera necesidad que le dimos a conocer desde el martes, también viola la Ley de Competencia Económica, porque es una manera de colusión que distorsiona los mercados.

Por donde se le vea, el Pacic se está haciendo sobre las rodillas y sin el concenso de todos los actores. Más bien es una imposición que tampoco va tener los efectos esperados por la Presidencia, porque la inflación se debe a factores externos de los que no se tienen control aquí.

EL VIERNES 3 de diciembre de 2021 cayó una bomba en el Infonavit: un oficio firmado por el propio Secretario General y Jurídico, Rogerio Castro, del grupo de la 4T, cercano a Palacio Nacional, que exigía a la administración de Carlos Martínez aclarar dos cosas: por qué se estructuraba un nuevo programa de crédito para no afiliados, a través de una empresa, Javo Capital, y no como Andrés Manuel López Obrador había instruido, esto es, de manera directa. Y segunda, le pedía a la Coordinación Jurídica una opinión legal sobre si los funcionarios de la administración habían violado la ley del instituto al haber diseñado este nuevo programa. Es decir, Castro puso en papel la división entre bandos del Infonavit y defendió la visión de la 4T frente a lo que consideró se alejaba de los dictados del Presidente. El oficio tuvo un efecto inmediato: el programa no voló y las acusaciones quedaron sin materia. Pero quedó claro de qué lado juega cada bando y el desorden que esto ha generado en la institución. Hoy, por cierto, el Infonavit celebra su Asamblea General en medio de ese clima de guerra que deja constancia por oficio.

DESDE QUE ROGELIO Ramírez de la O llegó a Hacienda pidió que le quitaran la responsabilidad de las compras gubernamentales. Incluso solicitó que la Oficialía Mayor fuera resectorizada en la Secretaría de la Función Pública, instancia de la que igualmente descolgaran todos los órganos internos de control y las unidades de administración de todas las dependencias, a excepción de las secretarías de la Defensa y Marina, así como Pemex y CFE. Desde julio del año pasado le informamos que Thalía Lagunas se perfilaba para absorber todas esas funciones, a semejanza de la poderosa oficina de Administración General de Servicios de Estados Unidos. El martes el secretario de Gobernación Adán Augusto López mandó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador con dichas reformas a la Administración Pública Federal. En realidad Lagunas desde hace seis meses ya opera así, solo que ahora se moverá a las oficinas de la secretaría de Roberto Salcedo.

EL QUE ANDA por Washington en estos días es Gonzalo Gil White. Y es que se están celebrando audiencias determinantes en el arbitraje de su empresa, Oro Negro, y Pemex. Recuerde que el hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, demandó en el sexenio de Enrique Peña Nieto al Estado mexicano bajo el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio. Las audiencias en Washington curiosamente coinciden con la pérdida esta misma semana del amparo contra una orden de aprehensión librada en su contra por el presunto desvío de más de 160 millones de pesos de IVA que debió aplicar a Oro Negro. Nadie descarta que le reactiven la ficha roja y que aprovechen su presencia en las audiencias. EL LUNES PRÓXIMO el Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer, emitirá los fallos para la compra de 360 claves de medicamentos y 274 de material de curación que adquirirá vía la Unops, a cargo de Grete Faremo. En el primer rubro los contratos podrían llegar a unos seis mil millones de pesos y en el segundo a tres mil millones. Son cinco laboratorios los que desde ahora se perfilan para llevarse el mayor numero de claves. Apunte a la india Sun Pharma, la empresa de genéricos más grande de ese país y que dirige aquí Vipul Timbadia; Psicofarma, de Efrén Ocampo; Farmacéutica Hispanoamericana, de Felipe González; Bioresearch de México de José Antonio Ramírez, y Amarox Pharma de Jorge López Gallo.

EJECUTIVOS DE INBURSA confirmaron ayer que ese banco podría ir en alianza con un conjunto de inversionistas independientes por la compra de Banamex, que dirige Manuel Romo, y que buscaría mantenerla en manos mayoritariamente mexicanas. Aquí le hemos referido en más de una ocasión que Carlos Slim Helú es uno de los empresarios que Antonio del Valle Ruiz invitó a ser parte de un grupo tirador. El otro con muchas posibilidades también es Banorte, que preside Carlos Hank González, cuya familia, nos dicen, no corre riesgo de diluirse si es que llegan a fusionarlo.