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Vender facturas se acusará como delincuencia organizada

El Senado avaló tipificar la defraudación fiscal y negocios fantasma como acto criminal; quien compre una factura podría alcanzar penas de hasta ocho años de prisión

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El Senado avaló tipificar la defraudación fiscal y negocios fantasma como acto criminal; quien compre una factura podría alcanzar penas de hasta ocho años de prisión

Agencias

Ciudad de México.- Negocios fantasma, facturación falsa y defraudación fiscal se tomarán como delincuencia organizada, el Senado de la República avaló la nueva tipificación, que podría costarle ocho años de cárcel a quien adquiera comprobantes de operaciones inexistentes.

Gracias al dictamen que se aprobó esta tarde con 82 votos a favor y 34 en contra, la persona que por sí misma o a través de alguien más obtenga facturas que amparen operaciones jurídicas inexistentes o simuladas pagará con cárcel, ocho años en lugar de los cinco que se tenían previstos.

Los legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional votaron en contra, pero no pudieron frenar la reforma a normas como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La senadora priista, Claudia Ayala declaró en el pleno que con esta reforma se acabará con el emprendedurismo, que es una manera de acosar a los empresarios, a quienes “ahora quieren meter a la cárcel”.

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El director del Insabi no tiene experiencia en el sector salud

Juan Antonio Ferrer Aguilar trabajó en el cuidado del patrimonio cultural del INAH y fue director de zonas arqueológicas en Chiapas y Veracruz

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Juan Antonio Ferrer Aguilar trabajó en el cuidado del patrimonio cultural del INAH y fue director de zonas arqueológicas en Chiapas y Veracruz

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzara a ponerse polémico tras el cobro de los servicios de salud en los hospitales públicos, el nombre de su director se volvió una referencia común para resaltar las poblemáticas de dicha institución desde quien estaba a cargo.

Y es que resulta que Juan Antonio Ferrer Aguilar, actual director del Insabi, no tiene experiencia en el sector salud ya que no ha trabajado en alguna dependencia similar, pues su vocación se ha desempeñado en el área de cultura.

Ferrer trabajó durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país, teniendo como su principal tarea la de conservar, proteger el patrimonio.

Además, es maestro en Administración de Empresas para Ejecutivo por la Universidad Olmeca y licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Tabasco.

Es por ello que muchos funcionarios y ciudadanos en general se muestran expectantes ante los resultados que podría tener el Instituto de Salud para el Bienestar ante un director que carece de experiencia en dicho sector.

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Nacional

Piden ampliar plazo para audiencias de García Luna

Consideran que al caso como complejo por la voluminosa evidencia, por lo que piden sesenta días de plazo entre la audiencia del próximo martes y la siguiente

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Consideran que al caso como complejo por la voluminosa evidencia, por lo que piden sesenta días de plazo entre la audiencia del próximo martes y la siguiente

Agencias

Nueva York.- La Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de Genaro García Luna,  exsecretario de Seguridad de México, han solicitado al juez de Nueva York, Brian Cogan, que presidirá este caso por narcotráfico en Nueva York, sesenta días de plazo entre la audiencia del próximo martes y la siguiente.

Se espera que el juez tome una decisión al respecto durante la audiencia que tendrá García Luna el martes en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde también se llevó a cabo el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, de quien presuntamente aceptó sobornos.

La petición está contenida en una carta que fue enviada al Juez Cogan, en la que también piden al magistrado que catalogue este caso como complejo por la voluminosa evidencia que se proponen presentar.

García Luna fue arrestado el pasado 9 de diciembre en Dallas (Texas), luego de que el gobierno de EE. UU.U le acusara de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a este país y otro por falso testimonio durante su proceso de ciudadanía.

En la carta informan que esperan presentar voluminosa evidencia, que continúan recopilando, relacionada con la conducta del acusado, que se extiende a por lo menos dos décadas, y que incluye registros financieros, de propiedades y de su proceso de nacionalización.

También evidencia confiscada y otra solicitada a otros países y otra recuperada de dispositivos electrónicos, entre otra.

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Estados

Tabasco implementa ley para encarcelar a conductores de taxis ejecutivos y piratas

Según la ley de movilidad del estado ofrecer el servicio de transporte público sin permiso es ilegal por lo que se le impondrá sanciones de hasta mil días de multa y cárcel

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Según la ley de movilidad del estado ofrecer el servicio de transporte público sin permiso es ilegal por lo que se le impondrá sanciones de hasta mil días de multa y cárcel

Redacción

Tabasco.- Para los conductores y dueños de vehículos que presten el servicio de transporte público sin contar con la autorización debida se les encarcelará hasta por seis años.

Esta ley de la Secretaría de Movilidad aplica a taxis ejecutivos como Uber, Didi y Beat, entre las que según se destaca no están autorizadas a trabajar, y en donde se les condena a una pena que va de 2 a 6 años de prisión y hasta mil días de multa por ofrecer los servicios.

Esta sanción se efectúa al considerado como “prestación indebida del servicio del transporte público”, lo cual constituye un delito conforme al artículo 317 BIS del código penal del Estado de Tabasco.

Según el artículo 317 Bis dice

“Al que por sí o por interpósita persona, preste el servicio de transporte público de pasajeros, de carga, mixto o especializado, en cualquiera de sus modalidades, sin contar con la concesión, autorización o permiso de la autoridad competente, se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de quinientos a mil días multa; además de las sanciones administrativas que correspondan.

Las mismas penas se impondrán al propietario del vehículo mediante el cual se realice, contrate o permita la prestación de dicho servicio. Además de las penas previstas en este artículo, se le aplicarán las sanciones que corresponden a los delitos establecidos en los títulos Décimo Segundo, Capítulo II, y Décimo Tercero, ambos de la Sección Tercera del Libro Segundo de este Código, a quien para la prestación del servicio de transporte público, utilice documentos u otros elementos falsificados, alterados, dados de baja, o que correspondan a otro vehículo, relativos a concesiones, permisos o autorizaciones, simulando cromática y numeraria de unidades de transporte público.”

Si el delito es cometido o participa en su comisión el representante, socio o líder de una persona jurídica colectiva concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público, o algún servidor público, las penas se aumentarán en una mitad a las que le correspondan por dicho delito. Además, se impondrá la revocación o cancelación de las concesiones, permisos y autorizaciones que para prestar dicho servicio hayan sido otorgados por la autoridad estatal.

RC

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