Nayeli García

Irapuato.- El relleno sanitario de manejo de residuos especiales proyectado en Aldama no será construido; el Juzgado Noveno de Distrito concedió la suspensión definitiva a los habitantes del Ejido de Jaripitío, quienes interpusieron un amparo indirecto para evitar que se llevara a cabo este proyecto a cargo de la empresa Promotora Ambiental La Laguna.

En el incidente de suspensión J.A 585/2020-II resuelve que: “Se concede Lorenzo Vázquez Villafaña, Jovita Cedeño Mosqueda y Rosendo Solórzano Barajas en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del núcleo ejidal ‘Ejido Jaripitío’, la suspensión definitiva contra las autoridades y respecto a los actos reclamados precisados en el considerando tercero, por las razones señaladas en le considerado cuarto de esta resolución”.

El pasado 5 de octubre durante la primera la audiencia incidental sólo la parte quejosa se presentó para rendir los alegados en relación al amparo indirecto, pues por parte de la empresa PASA y el Municipio de Irapuato se habían solicitado diferir la audiencia para el 23 de octubre de este año y presentar la respuesta al amparo y a la suspensión provisional concedida el pasado 24 de septiembre.

La juez determinó innecesario diferir la audiencia, ya que pese a que las partes responsables (El Municipio de Irapuato y la empresa PASA), argumentaron que no existía el acto reclamado, los quejosos presentaron las pruebas necesarias documentales y de inspección ocular que comprueban el acto reclamado (la construcción del relleno sanitario), por lo que no tenía sentido aplazar la audiencia incidental, además de que se contaba con el informe requerido para llevar a cabo la audiencia incidental.

Y es que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guanajuato, la cuales también fueron señaladas como responsables junto con la Presidencia Municipal y la Semarnat, sí presentaron un informe previo con respecto a los permisos y autorización emitidas para la construcción del relleno sanitario, las cuales se basaban en la opinión técnica y el permiso de uso de suelo autorizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial.

El Juzgado Noveno de Distrito determinó prudente desahogar las pruebas y dar por cerrado el periodo de alegatos y llevar a cabo la audiencia el día 5 de octubre y declarar precluido el derecho de rendir de sus alegatos, es decir que ya no lo podrán hacer.

Virginia Olmos comentó que esta suspensión representa un triunfo para la comunidad de Aldama, que luchó para no permitir la instalación de un relleno sanitario que contaminaría el medio ambiente de la zona, así como señaló que dese hace tres semanas el Municipio se había comprometido a entregar la información con respecto a la construcción lo cual no cumplió, pues el argumento del contralor Municipal, Guillermo Patiño Barragán fue que como existía el proceso legal se podía tener la confianza de que no habría relleno sanitario, pero no hubo un compromiso como tal.

Agregó que la resolución emitida por el juzgado es sólo del amparo presentado por el ‘Ejido de Jaripitío’, pero aún falta el amparo que como comunidad interpusieron y que se encuentra radicado en el Juzgado Décimo de Distrito, en el que aún no se tiene ningún pronunciamiento.

Fue a principios de agosto que habitantes de la comunidad de Aldama denunciaron la construcción ‘clandestina’ de un relleno sanitario en el predio del Varal, a escasos dos kilómetros de la zona habitada, por lo que empezaron a movilizarse a través de marchas, recolección de firmas, reuniones con autoridades y finalmente interpusieron amparos para evitar la construcción del relleno sobre 62 hectáreas de terreno que cuenta con vocación agrícola.

Los trámites para la construcción iniciaron desde el 2017 y en septiembre del 2018 consiguieron la Manifestación de Impacto Ambiental para llevar a cabo las obras por parte de la SMAOT que estuvo basado en los permisos otorgados por el Municipio de Irapuato, el cual est

e año emitió dos permiso de construcción a la empresa PASA, pese a que ésta nunca socializó el proyecto como parte de las condicionantes para otorgar la autorización de construcción.

En el amparo los habitantes de Aldama señalaron la violación de tres derechos fundamentales: salud, ambiente sano y la participación democrática de la ciudadanía a través de la consulta pública para tomar decisiones; los cuales fueron considerados como de difícil reparación en caso de que se llevara a cabo la construcción del relleno.

LC