Salvador García Soto

El presidente López Obrador ha dado la instrucción a su gabinete de desaparecer otros 82 fideicomisos y fondos públicos que administran recursos financieros por casi 60 mil millones de pesos que pasarían al Presupuesto del gobierno federal para ser utilizados “en la atención de la pandemia por Covid”.

Los nuevos instrumentos financieros que se desaparecerán están adscritos y administrados en varias secretarías del gabinete federal y en organismos públicos descentralizados y comprenden desde el Fondo para la Protección de los Derechos Humanos, de donde se pagaban indemnizaciones o apoyos a personas violentadas en sus garantías fundamentales por el Estado, hasta el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

La lista de los 82 nuevos fideicomisos que deberán ser eliminados ya fue enviada a las distintas dependencias federales desde la Presidencia de la República con la instrucción precisa de que procedan a su desaparición inmediata, que en estos casos, por tratarse de fondos y fideicomisos que son de acceso directo para las dependencias públicas, no requieren de aprobación en la Cámara de Diputados y sólo serían materia de un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación para dar aviso de su extinción por causa de utilidad pública, aunque sí tendrán que seguir todo el proceso legal y administrativo para extinguir esos instrumentos, que requieren de una serie de trámites y del nombramiento de un responsable de la extinción que asumirá las responsabilidades legales que se deriven de estas acciones.

Entre los fondos que van a eliminarse en los próximos días también está un Fondo para investigaciones ambientalistas, un Fondo para políticas sociales sostenibles y un Fideicomiso para el Fomento y la Preservación de lenguas originarias, entre muchos otros.

Otro de los que se ha ordenado desaparecer es el Fondo para ayuda de mexicanos en el exterior, que es de donde la Secretaría de Relaciones Exteriores durante las gestiones de Luis Videgaray, José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu, entregó 1,500 millones de pesos (73 millones de dólares) a la Fundación “Juntos Podemos” de Josefina Vázquez Mota, actual senadora del PAN y excandidata presidencial, según la denuncia que presentó ante la Auditoría Superior de la Federación el director de RTC, Rodolfo Gutiérrez Valderrama, quien esta semana presentó los detalles de esas transferencias a la panista, las cuales pidió revisar exhaustivamente en una auditoría forense de la ASF, para detectar eventuales irregularidades y responsabilidades en el manejo de esos recursos públicos durante el sexenio de Peña Nieto.

Con los 60 mmdp que se obtendrán de esta extinción, el gobierno de López Obrador sumaría ya una bolsa de 128 mil millones de pesos, cuyo destino no está debidamente transparentado ni etiquetado, aunque genéricamente se argumenta que serán recursos que se inviertan en la atención de la pandemia.

En total, con los 82 fondos ya enlistados e identificados para que los desaparezcan las dependencias federales, sumarían 191 fideicomisos y fondos extintos, sumados los 109 que ya extinguieron las Cámaras de Diputados y de Senadores, aunque todavía permanecerían activos cerca de 150 fideicomisos públicos que administran un total de 600 mil millones de pesos en sus arcas.

TAMBIÉN LOS ESTADOS TIENEN SUS FIDEICOMISOS

 En medio de la polémica y las protestas que generaron en diversos sectores sociales la desaparición de fideicomisos federales ordenada por el presidente López Obrador, cuya eliminación también es impugnada por 10 gobernadores de la Alianza Federalista que han anunciado incluso controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Secretaría de Hacienda tienen documentada la existencia de 322 fideicomisos creados y administrados por los 32 estados de la República y que en conjunto administran fondos por 290 mil millones de pesos de recursos públicos que, en muchos de los casos, no son fiscalizados ni reportan sus movimientos porque se amparan en el secreto fiduciario.

Los fideicomisos estatales son de asuntos tan variados que van desde el Fideicomiso para la Administración del Puente Internacional Nuevo Laredo III, que administra el gobierno de Tamaulipas y que recibe cerca de 300 millones de pesos para “mejoras en la urbanización y el funcionamiento” del puente fronterizo con Estados Unidos, hasta fondos y fideicomisos para el fomento ganadero, la administración de créditos y deudas, las estas y ferias estatales, entre muchos otros motivos y razones para su creación.

Aunque prácticamente en las 32 entidades tienen y utilizan estos instrumentos fiduciarios, el estado de la República que mayor número de fideicomisos tiene activos es Aguascalientes, que administra 13 mil 519 millones de pesos en 14 fideicomisos estatales; le sigue CDMX con 5,103 mdp depositados en 14 fideicomisos; el tercer lugar lo ocupa Veracruz que invierte 4,697 mdp distribuidos en 22 fideicomisos; Puebla con 2, 114 mdp en 26 fideicomisos; Morelos con 1,888 mdp en 13 fideicomisos; Jalisco con 1,693 mdp en 43 fideicomisos (es el estado con más cantidad de fideicomisos); Nuevo León que administra 1,583 mdp a través de 33 fideicomisos y Chihuahua que tiene depositados 1,507 mdp en 10 fideicomisos.

La pregunta obligada y necesaria, sobre todo para los gobernadores que han defendido la permanencia de los fideicomisos en el gobierno federal y han cuestionado su desaparición, es ¿qué tantos de las decenas de fideicomisos que tienen en sus estados resisten una auditoría y una revisión del uso y destino de los recursos públicos que administran? Sería importante que, ahora que el tema se ha puesto en el ojo público y en el debate nacional, los gobiernos estatales hicieran un ejercicio de transparencia y les informaran a sus ciudadanos con total claridad y con el ánimo de rendición de cuentas cuántos fideicomisos y fondos públicos se manejan con recursos estatales y cómo se ejercen esos recursos.

Digo, para que hubiera congruencia entre el decir y el hacer.

NOTAS INDISCRETAS…

 Un movimiento de ajedrez interesante del Presidente fue el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuando nadie se esperaba el nombre de la periodista de profesión, López Obrador sorprendió con su designación porque, además de ser una colaboradora y amiga de todas sus confianzas, es también un mensaje interesante en términos de la estrategia de seguridad de su gobierno.

Rosa Icela llega sin nada preconcebido y con su propia visión del manejo de la seguridad y no querrá que permanezca mucho de lo de Durazo, por lo cual, sin ser una ruptura, sí es un deslinde o distanciamiento de la estrategia y del enfoque que Durazo le imprimió a la SSPC en los casi dos años en que estuvo al frente.

Además, al no tener aspiraciones políticas ni proyectos personales que cuidar, la primera secretaria mujer en encabezar la seguridad pública del país, tendrá sin duda una actuación mucho más directa y decidida en el difícil estado de la inseguridad y violencia que aún privan en la República.

Y todo con la cercanía y la comunicación directa que tiene con el Presidente. Por eso López Obrador no quiso atender la “sugerencia” de Durazo que se dedicó a ensalzar y a ponderar ante el mandatario al subsecretario Ricardo Mejía como su “recomendado” para sucederlo en el cargo.

Pero está claro que la decisión presidencial fue apostar por una visión nueva para enfrentar el que es aún el gran pendiente de su gobierno y una de las promesas de campaña que no ha podido cumplir: la pacicación del país…Por lo demás, en lo político, el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez recibió diversas interpretaciones, algunos lo vieron como un “avance” para Claudia Sheinbaum y para su grupo por su reciente colaboración en la Secretaría de Gobierno, y lo explicaban en la lógica de que “si Marcelo avanzó con la llegada de Mario Delgado a Morena, Claudia gana con el nombramiento de Rosa Icela en Seguridad”.

Sin embargo, no hay que olvidar que Rosa Icela también fue colaboradora de Ebrard en el gobierno de la CDMX y que incluso fue su coordinadora del gabinete de Seguridad entre 2006 y 2009.

En todo caso, la que también avanza es doña Beatriz Gutiérrez Müeller, quien tiene una relación de amistad muy cercana con la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana…Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.

DM