Centros de rehabilitación buscan retomar ‘certificación municipal’ en Irapuato

Fotos: Cortesía

Nayeli García

Irapuato.- El líder de la Unión de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, Nicolás Pérez Ponce, se reunió con el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez para dar seguimiento el trabajo coordinado para el combate de las adicciones de los jóvenes.

La idea dijo es retomar el tema de la ‘certificación municipal’ que pretendía otorgar el Gobierno Municipal para que los centros de rehabilitación o los conocidos anexos puedan operar, ya que existen muchos en la clandestinidad y algunos tiene quejas violencia.

“Está en la mejor disposición de apoyar, se había dicho que iba a haber una certificación municipal para los centros de rehabilitación que hicieran buenas prácticas, nosotros estamos de alguna manera acatando las medidas y hemos tocado muchas puertas para que nos revisen y estar en regla”, señaló.

Consideró que con el gobierno de Lorena Alfaro sí se va a tener apoyo y buenos resultados, ya que es la primera alcaldesa que decidió entrarle a las adicciones junto con los centros de rehabilitación.

Piden investigar

A principio de mes Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío denunció la apertura de anexos que son utilizados como ‘escuelas de la delincuencia’ por grupos criminales, por lo que solicitaron a las autoridades investigar los antecedentes y someter a los líderes de estos centros a rigurosos exámenes que eviten la proliferación de más centros de este tipo. En Irapuato se tienen al menos 105 centros y los de la unión son sólo 26.

Tres en una semana

El pasado 8 de noviembre, en un operativo “sorpresa”, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, suspendieron un anexo y a otro más le fue levantada un acta de Protección Civil y Desarrollo Urbano en Irapuato.

En dicho anexo, había 18 personas internadas, Protección Civil, determinó que el lugar tampoco contaba con los permisos requeridos para su operación. Por consiguiente, los encargados tienen15 días para regularizar la situación y reiniciar con sus labores.

Dos días después, otro el anexo San Judas Tadeo fue suspendido debido a que los 56 internos, convivían en un espacio muy reducido. Las personas tuvieron que ser evacuadas y los encargados del anexo los llevaron a sus domicilios.

Además, durante la supervisión de este centro, se identificaron como internos a un menor de 17 años, dos de 14 años y uno más de 16, por lo que las autoridades determinaron que tenían que regresar con su familia.

Poco después, autoridades municipales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional suspendieron el anexo IAPAAC debido a que no contaba con el permiso correspondiente de uso de suelo, además carecía de las medidas sanitarias y de seguridad.

Tras detectar las irregularidades, las autoridades inhabilitaron el lugar y otorgaron diez días a los encargados, para que regularizaran su situación y puedan funcionar como espacio de rehabilitación.