Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- En El Talayote de Apaseo el Alto entre 80 y 100 familias deberán ser desalojadas de sus hogares luego que un particular reclamara los terrenos donde viven y un juez fallara a su favor.

Desde el 2008 inició el juicio en el que un particular reclamó 13 hectáreas de terreno que representa casi la mitad de la superficie edificada en esta comunidad teniendo entre los inmuebles afectados predios rústicos, terrenos con cimentación, casas construidas o en obra negra y también se encuentra en el templo de la comunidad sin terminar, pues su obra debió ser suspendida por estas razones además de la secundaria propiedad del gobierno de Guanajuato.

El caso fue dado a conocer por Alfonso Miranda, director jurídico de la Presidencia, quién señaló que se ha tratado de negociar con las partes involucradas para evitar un conflicto social, dado que el demandante está reclamando se le regresen sus terrenos al demostrar la legítima propiedad del terreno, sin embargo, Alfonso Miranda explicó que los vecinos de El Talayote tienen tal vez 40 o 50 años viviendo allí. Lo que ocurrió fue que en aquel momento el dueño de ese espacio vendió el terreno a dos vecinos quienes hicieron una cesión de derechos para vender o repartir a sus herederos, amigos o vecinos, estos a su vez mediante el esquema de jurisdicción voluntaria tramitaron un ante un juez sus escrituras, pero estas finalmente fueron anuladas.

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“Se fueron e hicieron jurisdicciones voluntarias y con ese motivo la mayoría de la gente tiene escrituras. Fueron ante el Juzgado Civil, solicitaron escrituras y como el juzgado no tiene otros datos se las dan, pero después ellos van y demandan en una sucesión a través de sus apoderados y en ese juicio la parte demandada se da cuenta que tenía esas 13 hectáreas y en 1ra instancia ganan los abuelitos de los afectados, pero en la apelación revocan la sentencia y se ordena la restitución”.

Allí fue donde las escrituras de los vecinos de la comunidad fueron anuladas y ya han sido al menos dos ocasiones que los herederos del dueño original han intentado tomar posesión de los predios con apoyo de la fuerza pública. No obstante, los habitantes han salido a defenderse y han impedido la judicial por lo que se necesitaría de mínimo 200 elementos de Seguridad Pública.

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