Óscar Jiménez

León.- Tras haber confesado su autoría intelectual en el ataque a la periodista Karla Silva, e inclusive haber estado preso durante casi un año y medio, el exalcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, ya goza del permiso para ejercer la función notarial.

Fue el 4 de septiembre de 2014, cuando tres sujetos atacaron a golpes a la periodista por instrucciones de Solís Arzola, bajo la consigna de que “le bajara de huevos a sus notas”.

Tras ello se desencadenaron investigaciones, reclamos desde el gremio periodístico, e incluso, participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

El 11 de marzo de 2016 cuando el político fue detenido, para a la postre, el 21 de julio, reconocer su responsabilidad y atenerse a una sentencia de dos años en prisión.

A la semana siguiente, 17 de marzo de 2016, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato se publicó el decreto que suscribió el entonces gobernador, Miguel Márquez Márquez, para ordenar la suspensión del ejercicio de la función notarial del político silaoense.

“Por lo que el protocolo a cargo del referido fedatario –Enrique Benjamín Solís Arzola— obra en resguardo del Archivo General de Notarías”, añadía el aviso firmado por David Cabrera Morales, director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías.

La Secretaría de Gobierno, sin embargo, nunca registró la revocación del fiat para la función notarial, tal como se comprueba mediante la solicitud de información del 6 de enero de 2021, folio 00006721, que señala: “Sin revocaciones”, para la estadística correspondiente a los años de 2016 y 2017, cuando se dio el proceso legal del exalcalde.

“La revocación del fiat de manera definitiva se realizará si es encontrado culpable y recibe una sentencia condenatoria”, adelantó el entonces secretario de Gobierno, Salvador García López, ante la suspensión provisional de Solís Arzola, quien contaba con más de 15 años como notario público.

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En libertad… y con permiso para ejercer

El 22 de julio de 2017, Benjamín Solís Arzola fue sentenciado a dos años de prisión tras admitir ser el instigador de los delitos de lesiones calificadas y amenazas contra la periodista Karla Silva y por el delito de amenazas contra Adriana Elizabeth Palacios, ambas colaboradoras de El Heraldo de León.

Al ser una pena que no excedía los tres años en cárcel, pudo obtener la libertad condicional bajo fianza, cuando ya lleva un año y cuatro meses en prisión preventiva.

A su salida del Cereso de Irapuato, se le inhabilitó para ocupar un cargo público por dos años y se le impuso una multa económica de 3 mil 507 pesos.

Uno de sus objetivos al salir de prisión era poder recuperar las facultades en su notaría pública, ahora ubicada en la calle Fundación 6-B, en la zona centro de Silao, y esto se le cumplió, ya que la Secretaría de Gobierno actualmente lo tiene registrado como notario en funciones, desde su aviso el 12 de febrero de 2021.

En el documento se lee el nombre de Enrique Benjamín Solís Arzola como notario público disponible en el municipio de Silao –con facultades para ejercer también en Romita—, a pesar de lo especificado en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, que en el artículo 12 establece los requisitos para obtener el fiat.

“Acreditar haber tenido y contar con buena conducta”, se lee en el punto IV, que se complementa con el punto X: “No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad”.

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Paradojas de la ley

El artículo 124 de la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato, establece que se revocará el fíat al notario por cualquiera de las causas siguientes: IV. Por sentencia condenatoria que cause ejecutoria dictada por autoridad judicial como consecuencia de la comisión dolosa de un delito de tipo patrimonial, de falsificación o permita que se falsifique, contra la administración o la fe pública, o de aquéllos considerados como graves. El delito por el Benjamín Solís Arzola que fue condenado –lesiones dolosas—no es considerado grave.

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Foto: Lourdes Vázquez

Un par de notarios guanajuatenses que habían sido inhabilitados para ejercer la profesión debido a ilegalidades, pudieron retomar sus funciones con el permiso de la Secretaría de Gobierno.

A través de una solicitud de acceso a la información, Correo pudo conocer que de 2015 a 2021, un total de ocho notarios fueron sancionados por revocación de fiat (permiso notarial) por alguna ilegalidad realizada.

De ellos, Miguel Ángel Contreras Zaragoza, notario público 4 en San Francisco del Rincón, pudo regresar a las funciones notariales, tal como se constata mediante la relación de Notarías Públicas del Estado de Guanajuato, actualizada en febrero de este año.

Miguel Ángel Contreras tiene, además, la posibilidad de operar con casos de Manuel Doblado, así como Purísima del Rincón y el propio municipio de San Francisco del Rincón.

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En su caso, el gobierno estatal no especificó a que se debió la revocación, aunque en el resto de los notarios sancionados se especificaba “por incurrir en la causal de infracción prevista en la fracción IX del artículo 124 de la Ley de Notariado para el Estado de Guanajuato”, lo que corresponde al expedir testimonios sin el instrumento necesario o firmas de los involucrados.

Sin embargo, en el directorio notarial publicado por la Secretaría de Gobierno a través del sitio web del Registro Público de la Propiedad, se contempla también a José Luis Benjamín Godínez, notario público 1 de San Francisco del Rincón, con permiso para operar, luego de que fuera sancionado durante el año de 2019.

“Notarios les ha sido devuelto el protocolo, su apéndice e índice, el libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas testimonio, hologramas, folios no utilizados y expedientes judiciales, para el efecto de reincorporarse al ejercicio de la función notarial”, señala la Secretaría de Gobierno en una respuesta por medio de la respuesta de transparencia.