De esas cosas que pasan en México. Al fin una autoridad gubernamental, no la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por cierto, ni la de Economía, sino la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), de esos organismos malqueridos en la 4T, tomó medidas contra los dueños de equipos profesionales de futbol por prácticas que lastimaban la dignidad y vida de jugadores y jugadoras, sobre todo estas, donde fue con más saña las prácticas de explotación y abuso laboral. La decisión se tomó desde la óptica de concentrar acuerdos entre partes supuestamente competidoras. Tuvo que ser por ahí, porque en otros lados ni los ven ni los oyen.

Desde hace mucho tiempo se sabía que los dueños de los equipos de futbol profesional, sobre todo los de la llamada Primera División, hoy llamada Liga MX, aprovechando relaciones políticas y, primordialmente, el peso de la actividad entre millones de seguidores en nuestro país al principal deporte del planeta, habían conformado una especie de mundo paralelo donde la legislación laboral y hasta fiscal no existía. Todo en medio de todo tipo de complicidades, bajo el velo del fanatismo deportivo que ha hecho, hasta a periodistas, voltear a otro lado y callar. Quién no ve a los candidatos ponerse la camiseta esmeralda en Guanajuato cada tres años y mostrarse hincha del León para lograr aprecio entre la afición, aunque de futbol sepan nada o le vayan, en sus adentros, a los “Chichimicuiles” de Aguengueo.

Tan se ha volteado la mirada, que por décadas se sabe que los jugadores, cuales gladiadores, eran reducidos a esclavos y no trabajadores deportivos. Se les vendía y se les compraba. De un día a otro, se les decía quién era su nuevo dueño y hacia dónde debían viajar, con todo y familias. Y claro, todo eso se justificaba, porque se decía que ganaban mucho más dinero que cualquier mortal; aunque esto último tampoco fuera del todo cierto. Los grandes salarios sólo eran de unos cuantos. Tampoco se citaba que su carrera es de las más cortas, apenas entre los 20 y 35 años. Más tarde, salvo excepciones, pasan a un retiro donde pocos encontraban oficio y beneficio. Y de sindicatos, ni hablar, han sido hostigados quienes creyeron que podrían asociarse como otros mexicanos, como permite la Constitución. Fruto de esto, es que nos debemos “chutar” la frustración eterna de Carlos Albert, por ejemplo.

Claro, la mayoría de los jugadores, sobre todo previo a la década de los noventa del siglo pasado, eran personas que no contaban con estudios profesionales, apenas algunos con nivel de bachillerato. Dependían de intermediarios, apalabrados con los dueños de los clubes, para comercializarlos, representarles y hasta explicarles qué firmaban. Junto con la sociedad, la aparición de internet, mayor masificación de información y otros factores, esto fue cambiando y muchos jugadores ya tenían mayor grado de estudios y comprensión de su entorno, peleando más por sus derechos, aunque al final, dependientes de lo que hicieran los dueños del balón.

También entre los propietarios ha ido cambiando el perfil. La historia nos habla de militares, caciques, empresarios, políticos, comerciantes, aventureros. Son los primeros dueños. Ahora, ya son corporativos, sociedades, trasnacionales, son menos los individuos mandamases. Cuidan más las formas, pero la estructura subyace.

Por eso, lo que ha logrado la Comisión Federal de Competencia Económica es histórico. Impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de futbol de la Liga MX, entre ellos el sacrosanto León, por la realización de prácticas monopólicas absolutas, así como a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a 8 personas físicas por coadyuvar en la realización de estas.

Los clubes, determinó el organismo, se coludieron para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichaje de futbolistas, específicamente en el caso femenil donde el descaro fue total, mediante dos medidas: imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras, lo cual profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas, y segmentar el mercado de los jugadores al establecer un mecanismo que les impidió negociar y contratarse libremente con nuevos equipos.

De esta forma la COFECE no sólo mostró el abuso laboral, sino la misoginia de la Femexfut y de la Liga MX. Vea usted la calidad del abuso contra las mujeres en el futbol profesional: Se impusieron topes máximos al salario de las mujeres futbolistas, desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016, los clubes acordaron el establecimiento de un tope salarial para estas deportistas en función de tres categorías: las mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos; las menores de 23 años, 500 pesos más un curso para su formación personal y las jugadoras de la categoría Sub-17 no tendrían ingresos, pero podrían tener ayuda de transporte, estudios y alimentación. Sueldos de hambre.

Los cuales, por cierto, mejoraron para la temporada 2018-2019; la Liga MX dejó evidencia en un comunicado a los clubes que el tope máximo sería de 15 mil pesos y solo 4 de sus jugadoras podría ganar por arriba de tal monto. Luego de que se supo en medios que pagaban de forma miserable.

No está de más decirlo, pagan mejor a los varones, pero también hay este tipo de reglas. Además de que el llamado “Pacto de Caballeros” que cerraba puertas a quienes salían de los equipos, fue considerado en la sanción de COFECE.

No faltarán los alienados, que no comprenden que hacen el juego a un grupo de empresarios con un espectáculo, que avalarán las medidas, hasta con misoginia, pero lo cierto es que acaba de hacerse evidente la explotación decimonónica del futbol mexicano. Y sépalo, mi cabeza también sigue al balón, como dijera Eduardo Galiano, quien no se equivocó al escribir: “El fútbol, fuente de emociones populares, genera fama y poder. Los clubes que tienen cierta autonomía, y que no dependen directamente de otras empresas, están habitualmente dirigidos por opacos hombres de negocios y políticos de segunda que utilizan el fútbol como una catapulta de prestigio para lanzarse al primer plano de la popularidad”.

P. D. Esperaremos a ver qué hace o al menos qué dice Luisa María Alcalde, silente en tres años al frente de la STyPS sobre estos abusos. Y la directiva del Club León, que por amor compró un estadio, pero que es cómplice a los ojos de la COFECE, o sus defensores de oficio.