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Serpientes y escaleras

Por Covid-19, preparan área de “Inteligencia en Salud”

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Por Covid-19, preparan área de “Inteligencia en Salud”

Aunque en el discurso el presidente López Obrador diga que sólo estamos ante una “crisis transitoria” y que los efectos de la pandemia del coronavirus le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación, la realidad es que la dimensión de los efectos negativos que tendrá la enfermedad del Covid-19 en México son aún incalculables para las propias autoridades federales, tanto en la salud de los mexicanos como en la economía nacional por la recesión en que caeremos este año, pronosticada por todas las agencias y analistas nacionales e internacionales y reconocida ya oficialmente por la misma Secretaría de Hacienda y los analistas del Banco de México.

En el tema sanitario lo único que puede salvar al país de una catástrofe, es el cumplimiento que la sociedad haga del aislamiento social que podría reducir el número de contagios, pero tampoco va a evitar que en las próximas semanas se disparen los casos confirmados de Covid-19 y que la capacidad hospitalaria se vea comprometida, incluso con casos como los que ya comenzaron a ocurrir en hospitales regionales del IMSS, como el de Monclova, donde la falta de equipamiento, insumos y medidas de seguridad y protección para el personal médico (denunciadas en varios estados) convertirán a algunas instalaciones médicas en focos de propagación del virus. Las muertes serán inevitables y con todo y el Ejército y su Plan DN-III (por cierto un plan específicamente diseñado para “desastres”), la demanda de hospitalización para pacientes críticos podría rebasar la capacidad de respuesta a nivel federal y en los estados.

En esos escenarios, que nadie quiere pero que están contemplados en las proyecciones federales, el gobierno ha comenzado a tomar algunas decisiones que buscan garantizar la disponibilidad de recursos, sobre todo a partir de dos premisas: el Presidente no quiere aumentar el déficit público ni contraer más deuda (como sí lo están haciendo la mayoría de los gobiernos para enfrentar los efectos de la pandemia) y tampoco se quieren cancelar o sacrificar “por ningún motivo” los “proyectos emblemáticos” de la 4T (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, rescate de Pemex) y, sobre todo, los programas sociales y de apoyo directo a la población más vulnerable.

Por eso la polémica decisión de decretar la extinción de fideicomisos públicos, una figura que siempre ha sido vista con recelo y desconfianza por López Obrador y que, efectivamente fue utilizada en gobiernos anteriores como un instrumento para el desvío y ocultamiento de recursos públicos, aunque en los últimos años se han aprobado reformas legales y mecanismos que transparentan y vigilan el desempeño de esos fondos públicos utilizados en su mayoría para pagos de pensiones, ahorros como los del Fondo de Estabilización (que por cierto ya utilizó este gobierno para inyectarle recursos a Pemex), prestaciones laborales, desastres naturales y, precisamente Gastos Catastróficos en la Salud.

¿Podría el gobierno federal en estos momentos disponer de recursos de esos fideicomiosos sin estructura orgánica? Sí, en teoría puede, pero el entramado legal y financiero como están diseñados esos fondos, hará muy complicada la disponibilidad de esos recursos, que significan cerca de 878 mil millones de pesos, según el reporte de Finanzas Públicas al cierre de 2019, sin que se afecte a trabajadores, jubilados y a algunos programas públicos importantes o sin que se enfrenten incluso recursos legales de impugnación.

Pero esa es sólo una medida, que tiene que ver con los escasos recursos financieros para atender la pandemia; hay otra decisión que están tomando en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la forma de atender y enfocar el tamaño de esta emergencia sanitaria. El gobierno de López Obrador tiene lista una reforma a la estructura de la Secretaría de Salud en la que se va a desaparecer la Dirección de Epidemiología, hoy a cargo del doctor José Luis Alomía, para crear en su lugar un “Centro Nacional de Inteligencia en Salud”, algo como el equivalente al antiguo Cisen pero para emergencias y crisis sanitarias como la del Covid-19. Hasta ahí el tema suena lógico y habla del tamaño real con el que las autoridades están viendo los efectos de esta pandemia, que dista mucho de la “crisis transitoria” o el “anillo” a la medida que comenta el Presidente.

La propuesta de reforma, que surge del equipo del doctor Hugo López Gatell, va en la línea de la gravedad que tiene este tema en el mundo y la forma en que la mayoría de los países está enfocando el problema, y estaría acorde con la intención de crear un área de “inteligencia” especializada en el tema de salud pública. Lo que no parece encajar con esa intención es el perfil de la persona que están pensando nombrar como titular del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Entre científicos allegados al gobierno de la 4T mencionan el nombre de Dwight Dyer, un consultor independiente en temas de energía y seguridad en México, con doctorado en Ciencia Política y maestría en Estudios Asiáticos por la Universidad de California de Berkeley.

Los mismos científicos que conocen el proyecto de reforma de primera mano, cuestionan por qué se nombraría en esa nueva área de inteligencia en salud a un especialista en temas energéticos, políticos y de seguridad, más que a un científico. El currículum de Dyer confirma experiencia en el sector público y en el privado. Fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener de 2017 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto, y antes, en el gobierno calderonista, de 2009 a 2012 trabajó como director General de Análisis de Inteligencia en el Cisen. El resto de su experiencia en el sector privado fue como analista de riesgos y consultor independiente.

De concretarse la reforma a la estructura de Salud y el nombramiento mencionado en la nueva área de inteligencia sanitaria, el mensaje sería que por el tamaño y el nivel de daño que dejará la pandemia en México —como en el resto del mundo— en el gobierno lopezobradorista, más allá del discurso falaz y demagógico que maneja el Presidente, están viendo la realidad que también ven los gobiernos del resto de los países: que el Covid-19 es una amenaza histórica no sólo para la salud, sino para la seguridad nacional y la estabilidad social y política del país y del mundo.

NOTAS INDISCRETAS…

En medio de la contingencia sanitaria en el país y por razones que no están muy claras, el Gobierno federal volvió a otorgarle el 90% de los contratos de la licitación del IMSS para el servicio de laboratorios de análisis clínicos, a empresas que integran el llamado “Cártel de la Sangre”, como Hemoser, Centrum Promotoria Internacional e Impromed, a pesar de que varias de ellas habían sido “rescindidas” en sus contratos en Puebla y en varios estados de la República por las delegaciones estatales del IMSS, por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus contratos. Según el “Acta de Fallo” de la licitación LA-050GYR988- E7-2019 de la Dirección de Administración del IMSS, fechada el 1 de abril de 2020, las empresas mencionadas, que habían sido acusadas de conformar un “cártel” en el que sus dueños se confabulaban para acaparar, con prácticas de sobornos y “moches”, licitaciones públicas e inhibir la competencia en el área de los suministros para laboratorios clínicos en el sector público, se llevaron el 90% de la millonaria licitación en donde el contrato más bajo fue por 49 millones de pesos, y el más alto por 1,999 millones de pesos, todos para el abasto de insumos para laboratorios de análisis clínicos en el Seguro Social. La decisión, que pasó desapercibida en medio de la emergencia por coronavirus, echó por tierra la idea de que la 4T iba a “limpiar de corrupción” la industria de suministros para laboratorios y, según versiones que dan algunos laboratorios afectados, tuvo que ver con “cabildeos y padrinazgos” de algunos funcionarios públicos en la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud. Es el caso de la empresa Hemoser, que a pesar de haber sido sancionada en julio pasado por “incumplimientos” o que le rescindieron un contrato en Puebla el 31 de diciembre de 2019, tuvo el padrinazgo del poderoso empresario Patrick Devlin, quien maneja la Comisión de Salud tanto en Coparmex como en el Consejo Coordinador Empresarial. Devlyn cabildeó, según afirman de los laboratorios, para que Hemoser se llevara el segundo contrato más grande de esa licitación por 13 partidas y un monto total de 1,275 millones de pesos. Así que con “padrinos” y cabilderos, el “Cártel de la Sangre” sigue chupando contratos en plena 4T…

En medio del embate del coronavirus, en el Ayuntamiento de Guadalajara, el alcalde Ismael del Toro Castro logró que todos los síndicos del Cabildo Municipal hicieran a un lado sus filias y fobias políticas, para suscribir un pronunciamiento público en el que todos se comprometen a trabajar para garantizar la salud de los habitantes de la capital de Jalisco. Si ese mismo espíritu lo tuviéramos a nivel nacional, otro gallo nos cantaría…

Los dados mandan Serpiente. Semana difícil para todos los mexicanos. Arriba el ánimo y la unión nacional.

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No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro

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No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer martes la jefa de la política fiscal de este gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de más de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aun así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Así que doña Raquel, la de la “mano dura” en el SAT, no se asume como “terrorista” y más bien se dice “convincente” con los empresarios, sobre todo con los grandes que están haciendo lo que no hicieron por varios sexenios, protegidos y consentidos desde el mismo sistema donde les condonaban o les “arreglaban” sus adeudos. La estrategia de “convencer” y cazar a los grandes deudores seguirá dando frutos y muy pronto se anunciará otro par de corporativos importantes que, como en el chachachá cubano, tomarán chocolate y pagarán lo que deben.

Y una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el SAT y la UIF, nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y “factureras” para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal. Tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas. ¿Será que en momentos donde la relación entre la Federación y los estados está tan tensa por la pandemia del coronavirus se animarán a sacar ese expediente a los gobernadores?

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Cecilia Durán Mena

Renta mínima y empleo garantizado

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Renta mínima y empleo garantizado

Ahora que ya nos inauguramos en esta nueva etapa de normalidad —cualquier cosa que eso signifique—, hay hechos y opiniones que debiéramos analizar y discernir. El hecho real es que la economía ha sido golpeada con furia, que la oferta de empleo se ha contraído y que las necesidades se han multiplicado.  Los países latinoamericanos tuvimos la oportunidad de anticiparnos a lo que nos iba a llegar, sabíamos lo que estaba sucediendo en Europa y pasaron unas cuantas semanas para que aquello se replicara con la furia acentuada de la precariedad. No somos países ricos. Seguimos gozando de ese privilegio, podemos mirar lo que pasa allá para prepararnos para el impacto.

Según Alberto Pastor, profesor de Economía de la IESE, en España se ha triplicado el número de solicitudes para recibir alimentos; solo un veinte por ciento de quienes creen tener derecho a ayudas las han recibido; hay más de mil doscientas personas durmiendo en la calle. Mientras la emergencia médica parece calmarse, es indudable que crece el sufrimiento social. Si allá la situación es dura, ya nos vamos imaginando el escenario probable que vamos a observar en México.

Me temo que no podemos hablar de normalidad, nueva o como la conocíamos, mientras la causa de esa anomalía no esté en vías de solución. No se trata de ser ave de mal agüero, pero si antes ya estábamos viendo una desaceleración en la economía del mundo y en territorio nacional también, la pandemia ha empeorado las cosas. Las perspectivas inmediatas son malas, porque se prevé que este año la tasa de desempleo va a aumentar.

Mientras hablamos de normalidad y de entender que hay que abrir las puertas porque en el corto plazo ya no hay posibilidad para seguir encerrados —hay que salir a traer el sustento—, en el mediano plazo el panorama es aún más alarmante: un consumo privado débil y un turismo convaleciente auguran un crecimiento lento, de tal modo que sólo una política decidida de gasto público puede frenar un descenso continuado de la actividad. Se trata de economía, eso es lo que dicta la teoría económica.

Ante semejante panorama, que es el que nos toca sortear, hay que temer que las empresas busquen consolidar su posición ganando en eficiencia más que ampliando sus operaciones, y que para ello presten especial atención a la rentabilidad y a prescindir de personal, aprovechando las oportunidades que brindan los avances de la digitalización. Si privilegiamos a las máquinas por encima de la generación de empleos, corremos así el riesgo de que el crecimiento del PIB no se vea acompañado de una creación adecuada de trabajo. Si eso es así, sálvese quien pueda. O, como dijera Keynes, si el mercado no responde, el Estado tendrá que hacerlo. Sólo el Estado puede evitar la catástrofe impulsando directamente la oferta de empleo.

Lo más probable es que los próximos meses veamos crecer el número de personas aptas para trabajar que habrán perdido su empleo. Según el profesor Pastor, poca gente, tal vez los más jóvenes, podrán participar en programas de formación; el resto pueden sentirse abandonadas por una economía que quizá recupere su ritmo de crecimiento, pero sin contar con ellas. Lo único que parece ofrecerles nuestra sociedad es un ingreso mínimo garantizado: una ayuda indispensable, en una emergencia como la que estamos viviendo.

Es el Estado –y nadie más que el estado– quien tiene la capacidad de evitar la catástrofe impulsando directamente la oferta de empleo. Esta propuesta no es una novedad,  la agencia creada por Roosevelt como pieza central de su new deal se hizo cargo de crear fuentes de trabajo. La Work Progress Administration (WPA), fue una agencia estatal cuya misión era ofrecer empleos. Una buena propuesta sería buscar un salario mínimo local y en condiciones de trabajo decentes para todos aquellos desempleados que lo necesitaran. Es lo humano.

En España ya se discute sobre este tema. Ya lo piensan y analizan propuestas para una renta mínima y empleo garantizado. Sé que se trata de una idea atractiva, aunque de difícil puesta en práctica y que muchos están listos para criticar. Pero, allá ya se inició la reflexión y el debate. Están preparándose y, los países latinoamericanos tenemos la oportunidad de anticiparnos a lo que nos va a llegar, sabemos lo que estaba sucediendo en Europa y lo que nos va a tocar.

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Darío Celis Estrada

Carlos Cabal, el banquero de AMLO

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Carlos Cabal, el banquero de AMLO

El que persevera alcanza. Gabriel García Hernández, el jefe de los superdelegados del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene muy clara esa máxima de su jefe.

Y es que el Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de la República, por fin logró abrir la concha de un negocio superior a los 5 mil millones de pesos.

Hablamos de la compra de cajeros automáticos que se instalarán en las sucursales del Banco del Bienestar, un proyecto que por caro canceló el año pasado Raquel Buenrostro, siendo Oficial Mayor de Hacienda.

En octubre de 2019 dimos cuenta aquí que Presidencia lo desechaba, además, por claros visos de irregularidades que acompañaban el proceso de compra y la irrupción de un personaje: Alejandro del Valle.

Este empresario opera como representante de García Hernández, con quien incluso desde diciembre del 2017 empezó a tener los primeros acercamientos con directivos del entonces Bansefi.

Pero aún más interesante es que atrás de Del Valle hay otro personaje que sazona todavía más esta historia: Carlos Cabal Peniche, el célebre hombre de negocios que encumbró Carlos Salinas de Gortari.

El paisano de AMLO se perfila como el banquero que apuntala el megaproyecto que tanto incomoda a la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, pues va contra la tendencia del sector.

López Obrador informó que este año estarán listas las primeras mil 350 sucursales del banco que dirige Rabindranath Salazar y que el año próximo quedará concluido el otro tanto, para sumar 2 mil 700.

Los cajeros automáticos se adquirieron en promedio a 20 mil dólares la unidad a un proveedor coreano llamado Hyosung. El gobierno de la 4T ni siquiera convocó a una licitación pública. Fue una asignación directa.

Es el primer negocio que Cabal hace con las huestes de López Obrador. Estaba relativamente alejado de la grilla cosechando y vendiendo en su natal Tabasco mangos. A este hombre de negocios no le iba mal.

Cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno del extinto DF le asignó la concesión para operar la Central de Abastos. Pero llegó Miguel Ángel Mancera y le rescindió el contrato para dárselo a Mauricio Amodío.

En su momento Cabal hizo negocios con otros catapultados por el salinato, como Raymundo Gómez Flores, William Karam, Bernardo Domínguez, Alvaro López Castro y Carlos Hank Rohn.

Su carrera fue efímera: en menos de un sexenio compró Cremi, después el BCH y creó Banco Unión. Antes integró un consorcio de productores agrícolas para adquirir Del Monte Fresh Produce.

Pero al concluir el sexenio de Salinas, Ernesto Zedillo emprendería una cacería que terminó en su extradición de Australia. Cabal purgó sus penas y se borró del mapa público.

Ahora, 26 años después, resurge con Lopez Obrador. Es la mente atrás del Banco del Bienestar.

LA SEMANA PASADA hubo una discusión entre Manuel Bartlett y Octavio Romero sobre el destino final del combustóleo, producto del proceso de refinación. El director de Pemex quería vender a la CFE a precio internacional, mientras que su contraparte pretendía un descuento. No hubo forma de arreglo hasta que un mando superior ordenó “comprar el combustóleo y no utilizar criterios de mercado”. El problema para Romero Oropeza no sólo es el precio de este subproducto de la refinación del crudo pesado mexicano, sino qué hacer con los millones de barriles de combustóleo que salen todos los días de las refinerías de Pemex. Además de que el precio de este subproducto está por los suelos, es muy costoso exportarlo a Estados Unidos porque sale más caro el collar que el perro. La CFE tiene 188 termoeléctricas que producen 54 mil 696 megavatios y muchas usan combustóleo que rebasan las emisiones de partículas contaminantes (15 mil partes por millón) que establece la NOM-085-Semarnat-2011. Una de las razones para seguir consumiendo el combustóleo de Pemex, aunque se excedan las disposiciones ambientales, es que CFE no tiene dinero para cambiar a otro tipo de energías limpias. Además de que políticamente está dicho casi todo.

UN SECTOR QUE de por sí ya estaba afectado con el cambio de políticas públicas de la 4T, pero que con la crisis del Covid-19 acelerará su descapitalización, es el viviendero. Tan es así que en Banobras, dirigido por Jorge Mendoza, ya se evalúa mecanismos de apoyo vía la Sociedad Hipotecaria Federal, como una nueva unidad especializada en reestructuracione financieras. Urbi de Cuauhtémoc Pérez Román y CADU de Pedro Vaca son de las más vulnerables. ARA de Germán Ahumada y Sadasi de Enrique Vainer mejor posicionadas, lo mismo que Vinte de Sergio Leal y Javer de Salomón Marcuschamer.

LA COMISIÓN NACIONAL de Libros de Texto recibió ayer propuestas para distribuir libros de educación especial en 7 mil 317 escuelas. El fallo del concurso, que implica el desplazamiento de casi 29 mil paquetes de cuadernillos en braille y macrotipo, será este viernes. Estafeta de Ingo Babrikowski y DHL de Antonio Arraz son dos interesados. Cabe recordar que apenas en agosto del año pasado el organismo a cargo de Antonio Meza tuvo un retraso importante en la entrega del material educativo, por lo que se tuvo que echar mano de la logística de los programas sociales para completar la entrega antes de iniciar clases en los 32 estados del país.

SERÁN 850 LOS servicios funerarios que el Sistema DIF Nacional, de María del Rocío García Pérez, contrató para la población vulnerable afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19, con una inversión máxima, según los documentos de licitación LA-012NHK001-E33-2020, de 10 millones de pesos. El contrato fue adjudicado el 13 de mayo a la empresa Normatividad Integral Mexicana bajo la marca Serenité, la cual es propiedad de unos ya antiguos contratistas del sector público federal para el servicio de arrendamiento de vehículos: César Ortiz Catalán de Tecno Alta Distribución.

EL MOMENTO QUE está viviendo el sector financiero en nuestro país es complicado. Clientes con poca operación, pero no obstante todavía hay instituciones que han capitalizado la crisis. Tal es el caso de GFI, encabezada por Eduardo de la Garza, que con la amplia experiencia ganada a lo largo del tiempo en el sector, ha sabido llevar a esta firma de corretaje al nivel de los primeros brokers en nuestro país. Ejecutivos de ese nivel y comprometida es lo que hoy necesita el medio financiero.

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