Roberto Lira

Celaya.- Como parte de una medida cautelar fue separada del cargo la administradora del Instituto Municipal de Vivienda en tanto se lleva a cabo la investigación administrativa de la sustracción de casi dos millones de pesos de la cuenta de la dependencia descentralizada.

El contralor municipal, Rubén Guerrero Merino, informó que en seguimiento a la investigación del posible desfalco al IMUVI, hasta el momento el área investigadora de este organismo ha llamado a comparecer a cuatro funcionarios de la dependencia, asimismo, recomendó la medida cautelar de separar de sus funciones a quien tenía directamente la responsabilidad del manejo de los instrumentos financieros, pero enfatizó que esto no es un señalamiento de una posible responsabilidad.

“Ya fue solicitada y hasta donde tengo de conocimiento ya fue aplicada cuidando mucho salvaguardar los derechos humanos y laborales de esa persona o esas personas que se les haya aplicado. El conceder la medida cautelar para nada quiere decir que se tiene acreditada una responsabilidad, como su nombre lo dice es a efecto de lograr nosotros salvaguardar cualquier otro contacto que se pudiera tener con los instrumentos que aparentemente se causó el daño”, comentó el contralor.

De la misma manera, Rubén Guerrero comentó que las acciones que realiza la Contraloría Municipal son exclusivamente de índole administrativo y se trata de determinar una presunta responsabilidad para iniciar el procedimiento correspondiente, mientras que el Ministerio Público se encarga de los asuntos penales.

“Trataremos de determinar si hay alguna responsabilidad administrativa o no de los servidores públicos, el tema penal está en otra cancha, incluso he tenido comunicación con el Ministerio Público estamos tratando de ver qué nos permite la ley para compartir información que nos pueda servir a uno o a otro”, comentó el contralor.

De la misma manera Guerrero Merino comentó que es posible que la investigación de carácter administrativo puede terminarse en esta administración municipal, sin embargo, faltaría elaborar el informe de presunta responsabilidad y que el área sustanciadora determine el resultado, además del tema penal que corresponde al ministerio público.

LC