Nayeli García

Irapuato.- Ante la suspensión definitiva de la construcción del Relleno Sanitario en Aldama, en donde se establece que el Gobierno Municipal tenía la obligación de realizar una consulta pública a fin de otorgar los permios de uso de suelo y de construcción a la empresa PASA, la regidora Karen Guerra señaló que se debe investigar, y en su caso sancionar, a los responsables de estas omisiones.

En el incidente de suspensión definitiva 585/2020, establece que tanto el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez como el síndico Jaime Morales Viveros negaron haber incurrido en omisiones frente a los habitantes de Aldama, ya que “no existe norma jurídica que de manera expresa los obligue a realizar el proceso de plebiscito, referéndum o consulta pública a la ciudadanía con respecto a la construcción del proyecto de relleno sanitario o tiradero municipal, en el predio rústico ‘El Varal’”.

Alegato que fue desvirtuado por el Juzgado Noveno de Distrito, quien determinó que las autoridades tienen la obligación de garantizar la participación ciudadana de sus gobernados en los asuntos que versen sobre la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Karen Guerra consideró que se debe iniciar una investigación para saber si el Municipio emitió o no las autorizaciones que se señalaban y si existían las condiciones administrativas, ambientales y jurídicas para emitir estos permisos que dieron origen, e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa para aquellos que en su momento otorgaron deliberadamente los documentos sin tener claro el impacto ambiental que habría en la zona.