Estamos por cumplir el primer aniversario del movimiento más importante que se ha producido en La Colmena, la lucha de mujeres por seguridad en general; en particular, su exigencia de justicia contra profesores y jefes administrativos, abusadores. La bandera en la coyuntura fue el asesinato de una estudiante de la universidad pública estatal en su domicilio de Noria Alta en la ciudad de Guanajuato, desatando las manifestaciones y protestas en el estado, contra las autoridades: estatal, municipales y universitarias.

El estado de Guanajuato cumplió, la semana pasada, 8 meses de la suspensión general de clases ordenada por la autoridad, como parte de un plan para prevenir la propagación de la COVID-19. Desde entonces, cambió el método de clases de presenciales a distancia, sostenido desde el ciclo escolar pasado. Ahora, se analiza el probable regreso a las aulas, a propuesta del titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Sin embargo, en los estados se examina la invitación, como al inicio de esta aventura, con pinzas.

La pregunta que emerge es si ya estamos preparados para esa “nueva normalidad educativa”. La Universidad de Guanajuato (UG) podría servir de base para la realización de estudios que permitan “concebir” si los otros niveles escolares están capacitados para ese retorno en la entidad. Pero en La Colmena, su estructura administrativa, incluido el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, no ha ofrecido visos de un regreso al sistema presencial o una idea al respecto. Se fueron y ya.

En el caso muy particular de la UG no sólo requiere de la capacitación para la “introyección” de las medidas higiénicas y sanitización de sus campus, es imperioso saber si la Casa de Estudios ya es espacio apto para las mujeres, porque hace un año, durante las manifestaciones de 2019, se le declaró zona de alto riesgo para ellas: estudiantes, docentes y trabajadoras, por acoso y violencia sexual, laboral y más.

Estamos por cumplir el primer aniversario del movimiento más importante que se ha producido en La Colmena, la lucha de mujeres por seguridad en general; en particular, su exigencia de justicia contra profesores y jefes administrativos, abusadores. La bandera en la coyuntura fue el asesinato de una estudiante de la universidad pública estatal en su domicilio de Noria Alta en la ciudad de Guanajuato, desatando las manifestaciones y protestas en el estado, contra las autoridades: estatal, municipales y universitarias.

Los pendientes en La Colmena

En la mañana del 4 de diciembre de 2019, los alumnos llevaron a cabo la toma de instalaciones de la UG con el lema #NiUnaAbejaMenos, además de recrear un “gran escenario de la ignominia” colocando papeles con los nombres de sus acosadores en las barricadas de madera alrededor de su alma mater, que después llamaron “Muro de las Denuncias”, un tema particular para las cámaras, que obtuvo espacios en los medios de comunicación y redes sociales.

La primera exigencia del movimiento fue la “presencia” del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, ante asamblea de la comunidad universitaria, porque no había respondido a las peticiones de las víctimas y del movimiento, y se sospechaba -con su silencio- el desinterés de la Rectoría General porque se hiciera justicia.

El siguiente paso de los alumnos de las sedes UG fue tomar las instalaciones de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Silao, Pénjamo, y otras, de paso se conocieron las causas de las menores de edad de las Escuelas de Nivel Medio Superior, acosadas sexualmente por sus profesores; el movimiento mostró sus diversos “rostros o matices”. El gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez, heredó un problema muy grande porque los casos se venían acumulando desde un lustro antes. A Luis Felipe Guerrero le correspondió atender el Caso Cero, de Julio César Kala, porque fue durante su primer periodo en el rectorado.

Ante la presión ejercida, se anunció que el feminicida de Daniela Vega había sido capturado, su novio; la respuesta de los estudiantes fue que las autoridades de la UG y estatales habían sido indiferentes y pidieron reunirse con el gobernador Diego Sinhue, el fiscal Carlos Zamarripa, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro y el rector Guerrero Agripino. La consigna lanzada por los universitarios en el paro: “Sin los cuatro, no hay trato”.

El 6 de diciembre, a la cita en el Teatro Principal, el fiscal Zamarripa fue el único de los cuatro que no asistió, por lo que se suspendió la reunión, así como la posibilidad de que la justicia por las universitarias llegará. Y emergieron más casos de acoso sexual. Para el 8, renunció el primer acusado en el 2015, Kala, mentor del rector. No sólo, también se separó de su cargo la titular del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UG, Lourdes Gazol. Quedaron en duda las instancias de gobierno de La Colmena, porque no atendieron más de 70 casos que, luego, ante el Congreso del Estado, reconoció la máxima autoridad, Luis Felipe.       

Para el 9 de diciembre, nuevamente en el Teatro Principal de la ciudad capital, las autoridades signaron el compromiso de atender el pliego petitorio de la universidad, donde se reconocían y planteaban respuestas al grave problema. Guerrero Agripino, ofreció una disculpa pública y llevó a cabo “La Marcha de la Vergüenza” al caminar por el “Muro de las Denuncias”. De las manifestaciones y las pruebas obsequiadas poco se ha resuelto en la Casa de Estudios; no se ha dado a conocer públicamente una exhaustiva evaluación. Lo cierto: la “justicia” es la gran ausente. El Caso Kala, empezó en las aulas de Derecho.

¿Está preparada la comunidad universitaria para el retorno a la nueva normalidad, sin el riesgo de que las alumnas, docentes y trabajadoras, sean acosadas sexualmente, por profesores y jefes administrativos? Durante el confinamiento no existen los referentes de que a todos los acosadores señalados se les haya enjuiciado ni dado de baja, ni que el profesorado recibiera cursos con los especialistas para mejorar su relación con mujeres universitarias. Ni se atendió con cambio de actitud a los enlistados en El Muro de las Denuncias. No se recomienda la técnica Ludovico; si, el psicoanálisis.

Existen muchos aspectos para evaluar a la UG de Guerrero Agripino, que pudieran servir de punta de lanza en el retorno, pero ha cometido muchos dislates su administración -no la gran comunidad-; no se olvida que se tomó la libertad de colapsar el Proceso de Admisión 2020 para los aspirantes del Medio Superior, saliéndose del sistema de examen único de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), para que se les cayera el sistema, encontrando la UG una salida en la ruta de los promedios, quitando a varios solicitantes la oportunidad de ingresar.

El gobernador Rodríguez Vallejo; la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díez y el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, es posible que estén realizando el análisis para la vuelta a las aulas, que deberán hacer junto con las otras autoridades educativas; aunque al parecer, Luis Felipe Guerrero Agripino y su administración no consiguen enterarse de las actuales circunstancias y tienen demasiados pendientes, para poder construir la vanguardia educativa requerida.