En la última mañanera donde estuvo presente Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del consumidor, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le hizo una deferencia, le señaló como uno de sus funcionarios más eficientes en la administración a su cargo al decir: “me aliviana la carga, es uno de los mejores servidores públicos del gobierno federal”.

Sheffield es de los pocos funcionarios que cada semana, generalmente un día al arranque del septenario, se presenta junto al presidente. Tiene una sección en ese espectáculo político matutino de Palacio Nacional, denominado ‘Quién es quién en los precios’, apartado donde se habla de los precios de las gasolinas y otros artículos de consumo, donde usualmente se exhibe a quienes ‘se pasan de rosca’, como dice el abogado leonés, que un día fuera alcalde de la ciudad zapatera bajo las siglas del PAN. De ahí que resulta de particular interés de los medios sus alocuciones, sobre todo cuando se desbocan precios en productos o no se cumple con las condiciones de lo que venden, como pasó con una lista de marcas de quesos y otros lácteos.

Habrá que decir que para los mexicanos la Procuraduría Federal del Consumidor es una de las instancias ‘apreciadas’ desde que fue instituida en el sexenio de José López Portillo (Jolopo) para proteger a la población ante los abusos de quienes subían precios de productos que tenían costos controlados o abusaban en sus condiciones de venta. Así fue como se conoció su famoso número para conocer precios, el 568-88722 o su consejo: ‘regale afecto no lo compre’. Profeco emergía como respuesta ante la creciente inflación, que por más de una década empobreció a millones de hogares. Sheffield, al interior de un gobierno que en buena medida gusta de rescatar la filosofía jolopista, ha impuesto su sello, pero enfrenta problemas sistémicos diferentes a los de aquella época. Habrá que reconocerle que ha buscado dotar de dientes a la Profeco, aunque no le han dado lo que pide.

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Todo esto viene a cuento, porque el leonés es ahora acusado de perseguir a la industria tortillera, como aseguran liderazgos de esta industria, tiene seguramente orden de impedir que los precios no se disparen porque es un alimento básico para los mexicanos. Sin embargo, el precio ya está liberado desde hace años y los precios del maíz andan por las nubes.

Resulta que en el último mes el costo por tonelada de maíz tuvo un aumento de 600 pesos para las tortillerías. Quienes tienen en sus bodegas maíz, ofrecían en la última semana de febrero el grano a 7 mil 600 pesos por tonelada, para el 16 de marzo la tonelada se cobraba en 8 mil 200 pesos. Un 7.89% de aumento en menos de un mes. Costos donde no interviene Profeco, por cierto. Además de que ha aumentado el costo del gas, la electricidad y otros insumos. Así, las escaladas recientes en el costo del maíz han sido difíciles para los tortilleros.

La situación abre una brecha de oportunidad para Sheffield. Los tortilleros necesitan aumentar sus precios, la gente necesita precios bajos, dada la carestía del momento. Los tortilleros, bien pueden dejar de producir, como ha sucedido en otros sectores productivos, y eso afectar a la población, porque a los precios se sumará la carencia de disponibilidad. Así que la cosa será intervenir en otras instancias para que el grano esté disponible a mejor precio. No solo tenerlo, también producirlo. Evaluar también medidas con la energía.

En este orden de ideas, el procurador del consumidor, con la confianza que le tiene el presidente, bien puede ofrecerle un panorama certero de una serie de problemas que presenta la economía nacional y donde los ‘otros datos’ no funcionan. Hacer los ajustes. A nombre del consumidor, puede mostrarle la ruta que mejoren las condiciones de la cadena de producción de este insumo esencial para los mexicanos. Solo perseguir a los tortilleros, es poner entre la espada y la pared a una industria básica en el país.