1.- Marcaje personal a Sheffield

Ricardo Sheffield

Basta ubicar el proceder de Alma Laurence Contreras Garibay para darse cuenta de que la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quedó más que consumada.

Finalmente, tres coterráneos del titular de Segob, Adán Augusto López Hernández, fueron ubicados como subalternos de Ricardo Sheffield Padilla, quien se quedó con la victoria pírrica de haber frenado la designación de Miguel Ángel Chico Herrera como subprocurador jurídico de Profeco.

Ahora se sabe que se decidió hacer un enroque entre Contreras Garibay y Chico Herrera; la primera toma la subprocuraduría que antes ostentaba Francisco Javier Chico Goerne Cobián -allegadísimo a Sheffield-, y el segundo se va al espacio que ésta dejó como Coordinador de Seguimiento de la Planeación Institucional de la Segob.

No hay que dejar de lado que todos los movimientos fueron dispuestos a obra y gracia del número dos del gobierno de la 4T, luego de difundir que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR), persiguen denuncias sobre actos de corrupción en Profeco.

Ahora bien, Contreras Garibay es una funcionaria con un fuerte nexo con el titular de Segob. Tras tener un paso consistente en el Consejo de la Judicatura Federal, Adán Augusto la reclutó una vez que abandonó el gobierno de Tabasco para sumarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En una operación muy similar a la de Profeco, en enero de este año Contreras Garibay estuvo entre los tres funcionarios que fueron designados a Segalmex, Diconsa y Liconsa, cuando la SFP y la FGR detectaron irregularidades de burócratas, proveedores y prestadores de servicios de 2019 a 2021.

Alma completa el trio de tabasqueños con Carlos Guillermo Priego de Wit como director de Verificación de Defensa de la Confianza de Combustibles y Rubén de Jesús Cervantes González, director de Oficina de Defensa del Consumidor, para armar el marcaje personal a un Ricardo Sheffield que se había desatado en busca de su tercera oportunidad como candidato de Morena.

La operación de Segob quedó consumada y a estas alturas, el tema Chico Herrera se vuelve poco menos que anecdótico.

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Ricardo Sheffield

2.- Fosas y desaparecidos: la búsqueda a contrapelo

Ricardo Sheffield

Sin duda alguna, el hallazgo de 18 probables víctimas desaparecidas en el predio de Hacienda Arriba en León, se ha convertido en un botón de muestra de la resistencia oficial para informar y asistir a las familias de buscadores que urgen resultados y justicia.

Se trata de un saldo preliminar que los colectivos de búsqueda lograron obtener, dada su aplicación máxima en el lugar de los hechos que, por cierto, ellos mismos detectaron y reportaron a la Fiscalía General del Estado que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre, y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Héctor Díaz Ezquerra.

No había lugar a las discordancias, pero éstas sobrevinieron patrocinadas por estas instancias públicas, enfocadas más a evitar lo que para ellos configuraría ‘un escándalo’, que por dar salida a la deuda histórica que sostienen con las víctimas; aunque la cifra está confirmada, no fue oficializada.

Las labores de búsqueda quedaron cerradas momentáneamente en el lugar, pero con la convicción entre las mujeres buscadoras de que el sitio, ubicado a menos de 20 minutos de la mancha urbana de León y a 12 de la localidad de Comanja de Corona en Jalisco, requiere mucha más exploración dados los indicios que no merecen ser echados a menos.

Pero la demanda de esa búsqueda sólo es el inicio. Hay al menos otros seis puntos en León que se enlistan en las demandas de los colectivos para realizar exploraciones, además de otras decenas en otras regiones del estado que colectivos de Irapuato y Celaya ya abordan por la vía independiente.

Todo lo anterior, con la resistencia del gobierno estatal.

La falta de información, las justificaciones de ser lugares “lejanos e inaccesibles” -como lo arguyó la vocera de seguridad Sophia Huett López-, marcan la evasión que familias y colectivos, ya no están dispuestas a recibir.

No hay convicción para la búsqueda de fosas pese a los discursos oficiales. La demanda de los colectivos se agolpa junto a los reportes de hallazgos que persisten dentro y fuera del corredor industrial.

Ricardo Sheffield

3.- Policía de Irapuato: volver a iniciar

Policía de Irapuato

Después de asumir la contratación y renuncia de Miguel Ángel Simental como secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Irapuato, hacer propio el proyecto para crear una célula policial de alto perfil y enfrentar el conflicto en la corporación por la disparidad de salarios, Lorena Alfaro García decidió dar vuelta a la página.

Después de quejas y señalamientos que derivaron en la renuncia de 50 efectivos reclutados a lo largo de cinco meses, la edil admitió que el Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato (CERII) se disolvió. Sólo 10 elementos exfederales permanecen ahora como agentes rasos.

En ello terminó la apuesta por la seguridad que ahora se sostiene de Víctor Armas Zagoya, como encargado del despacho de la SSC, que a marchas forzadas alista el Plan de Seguridad Pública que quedó trunco a menos de seis meses de iniciado el trienio.

Aunque hay mucho por hacer y esperar en un tema que apremia en la segunda ciudad más grande de Guanajuato, la necesidad de fortalecer la fuerza de tarea frente a la violencia y la inseguridad persisten.

La alcaldesa minimizó la renuncia de los elementos del CERII, pero su corta experiencia con este fue lo suficientemente trascendental para sentenciar que no llegarán más elementos exfederales a la corporación local, al desligarse de estos que para ella eran del “equipo que llegó con Simental”.

Es indudable que en el ejercicio del poder hay imponderables que cambian el curso de la historia o, por lo menos, obligan ajustes no previstos, sin embargo, la responsabilidad de la toma de decisiones no se puede evadir.

Ahora en el gobierno de Irapuato pesa la urgencia de fortalecer la Policía, justo desde el punto en el que se inició.

CONTRA RETRATO

Víctor Alejandro Aguilar Ledesma

Obispo de Celaya

Desde su llegada a la Diócesis de Celaya, hace casi un año, el obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma tiene plena conciencia de que le tocó un municipio difícil, a merced de la violencia, donde hace falta más que ayuda espiritual.

El religioso no se ha quedado callado respecto al tema; se ha manifestado a favor de depurar las corporaciones de seguridad, así como del arribo de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. “Yo celebro que hayan llegado”, declaró el pasado 20 de marzo cuando la federación envió un contingente de 500 uniformados.

Este viernes, Aguilar Ledesma reaccionó a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, luego de que el presidente reiterara su política de salvaguardar toda vida posible, incluidas las de los delincuentes. Esto, tras la difusión de un video donde elementos del Ejército son perseguidos por presuntos miembros del crimen organizado en Nueva Italia, Michoacán.

El obispo señaló que la ley debe aplicar a todos por igual, y en materia de seguridad hay que hacer “lo que sea necesario para mantener el orden”.

“Para eso tenemos un Ejército, para eso están gastándose recursos en mantener un Ejército, ¿la seguridad pública para qué es?”, señaló, exhortando a defender el estado de derecho.

La postura del obispo es menos piadosa que la del presidente, porque vivir en Celaya no da espacio para tibiezas.

Víctor Alejandro Aguilar ha optado por involucrarse desde su trinchera. Hace unos días anunció la creación de ‘Centros de escucha’ para brindar apoyo psicológico y espiritual a víctimas de violencia. Hablar de trincheras en el municipio cajetero, no es sentido figurado. La población, los comerciantes, empresarios, estudiantes, madres de familia, se protegen como pueden.

Ricardo Sheffield

JRP