El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos la supervivencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; mismo que podría incluso desaparecer en caso de que se confirme una mini rebelión inducida que se expresa en las protestas de trabajadores en las diferentes refinerías del país.

En las recientes manifestaciones de Tula y Cadereyta, los petroleros aluden a una cancelación de plazas transitorias, alrededor de mil por cada centro de operación, que pondrían en riesgo la refinación de combustibles y, presuntamente, el abasto de estos insumos en el país.

No obstante, dentro de la misma base trabajadora se asegura que estas posiciones fueron creadas por la dirigencia histórica para consentir el fenómeno de duplicidad de funciones que fue aprovechado en su momento por el grupo compacto, en el que se encuentran personajes como Ricardo Aldana, Fernando Navarrete, Héctor Sosa y el actual dirigente interino del organismo, Manuel Limón.

El amago del STPRM hacia la administración de la 4T, por aplicar políticas de austeridad en Pemex, inició mediante el oficio SIA-003-2021, con fecha del 5 de enero, en el que acusan violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que, de no corregirse, abrirían “la posibilidad de un fuerte reclamo de los trabajadores”.

De no ser cumplidas sus exigencias, se prevé también que el sindicato paralice el centro procesador de gas en el Estado de México, que opera ductos de gas natural, gas LP, petróleo crudo y gasolina; el centro distribuidor de gas y gasolina de Guadalajara, que recibe producto de la zona del Pacífico, y por último, diversas posiciones en la zona del Golfo, que contempla la infraestructura petrolera desde Tamaulipas hasta Yucatán.

Las diferentes secciones controladas por la gente de Limón han amenazado incluso con paralizar la operación total de Pemex, ocasionando daños económicos que superarían los 340 millones de pesos diarios, además de que se traduciría en un daño patrimonial para la empresa por la obligación de establecer una producción diferida.

En este escenario, el gobierno de López Obrador tiene la solución jurídica del tema en la Reforma Energética de 2013, que al desaparecer a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos desapareció también al sindicato de mano de obra que la acompañó desde el sexenio del general Lázaro Cárdenas en 1938.

El nacimiento de las Empresas Productivas del Estado obliga a los trabajadores a pertenecer a un sindicato nacional de industria, acorde jurídica y operativamente con las nuevas funciones y capacidades legales de Pemex, condiciones que también comparte la Comisión Federal de Electricidad.

Pero, a seis años de la promulgación de la nueva Ley de Pemex, el sindicato no sólo sigue administrando las cuotas de los petroleros, sino que administra el Contrato Colectivo de Trabajo a pesar de no contar en la actualidad con una toma de nota avalada por la Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa María Alcalde.

El único perjuicio, y quizá el más importante, que sufrió el STPRM con la Reforma Energética fue la pérdida de su posición en el Consejo de Administración de la nueva empresa. Pero fue una pérdida que la actual dirigencia pudo tolerar gracias a los mil 200 millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó al gremio durante la segunda mitad de su sexenio.

ESTE FIN DE semana habrá asambleas en los sindicatos de pilotos y sobrecargos. Los gremios que lideran Rafael Díaz Covarrubias y Ricardo del Valle someterán a votación otra nueva propuesta de Aeroméxico con miras a modificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). La aerolínea que tiene de accionistas a Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo planteó un ajuste de entre 27 y 30% al actual cláusulado y el ya famoso congelamiento de salarios durante los próximos cuatro años. Desde finales de diciembre la compañía que dirige Andrés Conesa debió jalar del fondo Apollo Global Manegement hasta 200 millones de dólares pero los desacuerdos detuvieron la capitalización. Aeroméxico se está acabando su flujo de efectivo y ya están teniendom problemas para pagar a proveedores.

CINÉPOLIS ES OTRA gran empresa mexicana que está negociando con sus acreedores financieros oxígeno. La firma que capitanea Alejandro Ramírez arrastra deudas por unos mil 350 millones de dólares con Santander que lleva Héctor Grisi, BBVA que comanda Eduardo Osuna, HSBC al mando de Jorge Arce y el Bancomext que dirige Carlos Noriega. La cadena de cines gestiona de entrada un stand-still de entre tres y seis meses, tiempo en el que el programa de vacunación contra el Covid-19 podría empezar a arrojar los primeros resultados. El semáforo rojo es el principal freno para que los bancos accedan a nuevas capitalizaciones. Rothschild, que maneja Víctor Leclercq, está entrando como asesor.

HOY LA CFE recibe ofertas para sus servicios nacionales de call center. La plataforma de telecomunicaciones costará hasta mil millones de pesos. Le decía que las huestes de Manuel Bartlett alistan las baterías para asignarlo a sus proveedores favoritos: Cisco de Isidro Quintana e Ikusi de Iñaki Maiz. El año pasado les adjudicaron la primera fase de la Red Eléctrica Inteligente, contrato de 600 millones de pesos. En el concurso que se empieza a desahogar hoy también se interesaron HO1A de Enrique Yamuni, Alestra de Rolando Zubirán, Telmex de Carlos Slim, Total Play de Ricardo Salinas y Bestel, filial de Televisa, de Emilio Azcárraga.

TAMBIÉN HOY CONCLUYE el periodo de reuniones de Daniel Becker con los 48 socios de la Asociación Mexicana de Bancos. El presidente de Banca Mifel arrancó en noviembre. Termina las visitas en su calidad de candidato de unidad en las que expuso un bosquejo del plan de trabajo que como nuevo presidente del gremio empujará y donde los comentarios de sus colegas enriquecerán su proyecto. La elección formal de Becker y el relevo de Luis Niño de Rivera se dará entre el 25 y 29 de enero. Tomará protesta en marzo en la 84 Convención Bancaria, que por el coronavirus este año será virtual, en la CDMX, y lejos de las playas de Acapulco.