Hace más de treinta años, Armando Rangel Hernández conducía un viejo coche en las calles de San Luís de la Paz. En ocasiones se estacionaba en la central camionera y permanecía en su vehículo leyendo algún cómic. Apenas estaba por treparse a la rueda de la fortuna de la política.

Aquel muchacho que entonces recién había concluido su carrera de agrónomo, a la fecha ya acumula casi tres décadas en la función pública municipal, estatal, y federal, sólo tuvo una pausa obligada cuando en 2009 siendo director del Registro Agrario Nacional (RAN) tuvo que dejar el cargo en medio de acusaciones -documentadas en diversos medios- sobre una presunta apropiación irregular de predios en un ejido de las inmediaciones de Tulum, en la cotizada Riviera Maya. Incluso se conoció la existencia en el portal de la Secretaría de la Función Pública del expediente R-57/2011, el cual refería que habría sido sancionado. Seis años después, acudió a su rescate el ex gobernador Miguel Márquez y lo incorporó al gobierno estatal.

Actualmente es diputado local con licencia, busca relección (para hacer proselitismo es muy dado a usar hashtag #armandounmejor noreste). Como compañero de fórmula lleva al Iturbidense Miguel Ferro, ex alcalde vinculado con las vertientes más conservadoras del obispado queretano.

Cuando en 1993 ejercía su primer cargo público como regidor nació Armando, su hijo mayor, de su matrimonio con una hermana de la ex diputada panista Sagrario Villegas. Éste, cursó ingeniería civil en el Tec de Monterrey Campus Querétaro y poco antes de terminar se incorporó a Constructora Chufani con sede en esa misma ciudad, ahí permaneció cinco años hasta mayo de 2019.

Coincidentemente, un mes después de dejar esa empresa está fechado el comienzo de un periodo de intensa actividad como constructor encubierto en la región noreste, negocio que no estaría siendo posible sin las relaciones y los privilegios que obtiene su progenitor del poder político. Pues además, este engranaje que tiene como propósito usufructuar dinero público, está construido en el ámbito de la infraestructura educativa, el cual conoce bien el ahora candidato Armando por la encomienda que tuvo del 2015 al 2018 como delegado de la SEG; también, desde entonces se sabe de su estrecha relación con Pedro Peredo, quien lleva dos sexenios como titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa (INIFEG).

El contratista encubierto…

Entre julio 2019 y marzo 2021, el INIFEG le otorgó 15 contratos mediante adjudicación directa a una persona de nombre José Bernardo Borbolla Escobosa, se trataría de un ingeniero civil oriundo del noroeste del país a quien desde hace unos años se le puede situar en el bajío. Los quince contratos fechados en un lapso de 1 año y 9 meses, suman en total 15 millones 500 mil 595.28 pesos.

Tanto la revisión de documentos oficiales obtenidos vía transparencia, como múltiples datos aportados por diversas fuentes, así como testimonios recabados en lugares donde se han realizado los trabajos, arrojan indicios de que todas estas operaciones terminan aproximándose al círculo íntimo y familiar del diputado con licencia, y aunque los contratos aparecen a nombre de un tercero, todo apunta a que el real ejecutor es Armando Rangel Villegas (hijo).

Lo primero que llama la atención es que todas las obras están ubicadas en el noreste, distrito que Rangel representa: 6 en San Luís de la Paz, 5 en San José Iturbide, 2 en Victoria, 1 en Santa Catarina, 1 en Xichú. También, sorprenden tantas adjudicaciones directas a una misma persona ajena a la región, cuando es queja generalizada que a últimas fechas muchos contratistas han enfrentado dificultades para acceder a esos presupuestos, aun teniendo capacidad e infraestructura pues se trata de rehabilitación de pisos, construcción de salones, instalaciones eléctricas, bardas, etc…

Se encontraron evidencias de que ya en el primer semestre del 2018, la entonces Secretaría de Obra Pública del estado le habría adjudicado tres contratos a Bernardo Borbolla en el municipio de San Luis de la Paz (dos mantenimientos de caminos y una pavimentación por un monto de: $12 millones 187 mil pesos). Fue público que entonces Miguel Márquez estaba confrontado con el alcalde y delegó en Rangel Hernández mucha de la operación política y el manejo de inversiones estatales en el municipio.
Sin embargo, aún con ese precedente el ingeniero civil Borbolla que ahora aparece como beneficiario de contratos de infraestructura escolar, hasta la fecha es desconocido tanto entre quienes se dedican a esa misma actividad, como en los círculos sociales locales. Entre trabajadores hubo quien dijo haber oído que la empresa se llama JOBBE -las iniciales remiten al nombre del contratista- pero nadie afirmó conocerlo.

Se preguntó a INIFEG por los “residentes” en cada una de las obras y aunque no se precisó en cuales, el hijo del diputado aparece en dos. El listado que la institución dio como respuesta no concuerda con lo que arrojó esta investigación pero en ese dato asoma su cercanía. Luego, según publicaciones en redes sociales, habrían coincidido en Constructora Chufani durante un lapso.

Pero hay otras evidencias que no dejan lugar a dudas sobre sus estrechos vínculos de negocios. En abril de 2018, en la ciudad de León, constituyeron la empresa “Constructora Boran S.A. de C.V.” la cual está formalmente inscrita en el Registro Público del Comercio. Borbolla Escobosa aparece como administrador único y Rangel Villegas como Gerente General.

Pero en este entramado también se pudieron encontrar otras dos empresas que los involucran. En la plataforma de Linkedln Rangel Villegas se ostenta como director de “Constructora Padstone”, y en su Instagram como CEO (abreviatura en ingles de director ejecutivo) de padstonemx y PPromesaMX.

Según documentos del Registro Público del Comercio, Padstone SA de CV. fue constituida en noviembre de 2017, en San Francisco del Rincón, por Rubén Valenzuela Ramírez y Edgardo Daniel Espinosa Ruiz. Por otra parte, “Proveedora Mexicana Promesa S.A. de C.V.” fue constituida en la ciudad de León, en julio de 2018, por Sindia Violeta Ortíz González y Alexandra Borbolla Rodríguez.

En las dos se observa que un año después de constituidas le otorgan poder amplio a José Bernardo Borbolla Escobosa, también en ambas posteriormente se registra la revocación de un socio fundador y la incorporación de Luis Alberto Fonseca Galván (quien según INIFEG ha sido “residente” en cuatro de las obras adjudicadas). Pero en el caso de Padstone hay un dato muy relevante: quien aparece como “comisario” es Aida Hernández Zepeda, de quien no se aportan más información pero coincide con el nombre y apellidos de la octogenaria mamá del Diputado Armando Rangel Hernández. Todo apuntaría a que estas dos empresas son piezas importantes en el entramado financiero.

“Los meros encargados…”

Al oír el nombre de Armando Rangel Villegas, un trabajador dijo no conocerlo, aunque refiriéndose al apellido, agregó: “pero he oído que esos son los meros encargados”.

Divisadero pudo acopiar ese y otros indicios de que el hijo del diputado no aparece en campo, pero opera a la distancia y tiene un rol principal en la línea de mando, pues es a él a quien le reportan dos “encargados” que cuando menos de 2020 a la fecha han sido claves en la realización de los trabajos. Se trata de dos jóvenes veinteañeros, Cesar Iván Galván, que al parecer cursó arquitectura en una escuela particular de la localidad y Luis Stephens Villegas, este último sobrino y ahijado del diputado Armando. Los papás de este joven son conocidos entre los ludovicenses como dueños del restaurante El Mezquite, lugar frecuentado por los políticos locales, aunque radican en la Riviera Maya.

El joven Stephens dejó registro en sus redes sociales de que en 2019 vivía en el caribe mexicano y referencias de que su familia está realizando construcciones residenciales en Tulum, pero ya a principios de 2020 se le vio en San Luis de la Paz y se pudo confirmar su activa presencia y conducción en muchas de las 12 obras realizadas el último año y medio.

También se pudo constatar que las obras se han realizado subcontratando, lo cual presumiría presupuestos muy holgados. En varios de los lugares visitados se mencionó que los responsables sólo llegaban con equipo menor y en el entorno rentaban retroexcavadoras, camiones y en casos hasta la revolvedora. Por ejemplo, en la que por estos días está en proceso en una primaria de San Luis de la Paz, se observa personal y maquinaria del conocido político panista local Rubén Urías.

Pero el dato que termina fortaleciendo la sospecha de que todas esas operaciones cruzan por el círculo íntimo de Armando Rangel, papá e hijo, es que en los contratos en poder de esta columna (en algunos fue borrado aunque puede deducirse que es idéntico en todos) se consigna como domicilio fiscal del contratista “el ubicado en Calle Bravo Num. 321, Colonia Centro, en el Municipio de San Luís de la Paz, Gto. y correo electrónico: [email protected] “.

Al llegar a ese domicilio lo primero que se observa es una lona del candidato a diputado exactamente encima de la puerta con el número 321, enseguida, por un portón de la misma vivienda, se accede a un local que ofrece cosméticos “Mary Kay”.

Se pudo confirmar que la casa es habitada desde hace muchos años por Claudina Beatriz Pons, promotora de esos productos de belleza, ha sido consejera en el distrito 01 del INE y actualmente labora en la delegación de la SEG, en 2016 Armando Rangel siendo delegado la incorporó como Jefa del Departamento de Equidad Educativa. También, ahí reside su esposo Agustín González Huerta, ingeniero agrónomo originario de León, siempre ha pertenecido a círculos cercanos al PAN pero aun así durante 17 años (hasta 2012) coordinó el Instituto Estatal Electoral en todo el noreste. Su relación con el diputado es tan estrecha, que son padrinos de uno de sus hijos.

Este matrimonio es el que vive en el domicilio fiscal que señala en los contratos José Bernardo Borbolla Escobosa.

En esas 15 adjudicaciones directas obtenidas en menos de dos años, y cuyo monto total rebasa los quince millones de pesos, muchos caminos conducen al candidato del PAN Armando Rangel, y a esa práctica de los políticos mexicanos de amasar fortunas al amparo del poder.