Cuando algunos grupos moderados al interior de Morena, tanto del gabinete como del Congreso, trataban de “suavizar” el contenido de la reforma constitucional en materia eléctrica y aseguraban que, en ningún caso, la propuesta del presidente López Obrador dañaría las inversiones ni expropiaría o cancelaría contratos de empresas privadas que generan electricidad, los grupos más radicales de la 4T saltaron a la escena. Y entre Paco Ignacio Taibo, con su “nos los vamos a chingar”, y Manuel Bartlett aceptando que sí cancelarán todos los contratos privados de generación y ni siquiera pagarán indemnizaciones, los duros de este gobierno lanzaron un “fuera máscaras”, sobre las verdaderas intenciones de esta reforma.

La afirmación de Bartlett ayer en una conferencia de prensa donde pretendía explicar los alcances de la contrarreforma eléctrica de López Obrador, fue como abrir su juego en una partida de poker, en la que el director de la CFE dice con todas sus letras que la estatización que propone esa iniciativa es total y que, aunque se cuiden de usar la palabra expropiatoria, en los hechos estarán de facto expropiando todas las plantas de generación de energía eléctrica construidas y operadas por el sector privado nacional e internacional, a quienes se les cancelarán sus contratos sin tener derecho siquiera a una indemnización.

“No los vamos a indemnizar… los contratos se van a cancelar, ya se acabaron, esta telaraña que inventaron ya no se sostiene y no la vamos a sostener en el gobierno mexicano, entonces eso de que los vamos a indemnizar no va a pasar”, dijo Manuel Bartlett Díaz. Y mientras los grupos moderados de Morena en San Lázaron hablaban de “parlamento abierto” y de escuchar a todas las voces y opiniones de especialistas, de empresarios y hasta de los actuales concesionarios del sector eléctrico, para incluso modificar algunos aspectos de la iniciativa presidencial, el ala más radical en el tema eléctrico, representada por Manuel Bartlett y por la propia Rocío Nahle, desvelan la verdadera naturaleza de esta reforma que va por la estatización total y por obligar a los privados a cancelar sus inversiones ante un marco normativo que, si no les cancela de inmediato sus contratos, les va a obligar a vender la electricidad a precios muy bajos a la CFE que desmantelaría todos los esquemas de autogeneración, no solo de empresas sino de cientos de miles de hogares mexicanos, 281 mil para ser exactos, que hoy generan su propia electricidad a partir de paneles solares.

Barlett lanzó el grito de guerra que desnuda las intenciones reales de la propuesta eléctrica lopezobradorista: van por todas las canicas de la industria de generación de energía eléctrica mexicana; van a devolverle, en los hechos, el monopolio de generación a la CFE y a revertir todo el avance del 46% de generación en manos privadas para entregárselo, ya sea con cláusulas leoninas o con cancelación de contratos, al organismo estatal que terminará quedándose no sólo con las plantas y la infraestructura construida con inversiones nacionales y extranjeras en los últimos 8 años, sino con toda la energía que generan esas plantas. ¿Quién va a asumir todos esos costos que significarían miles de millones de pesos en demandas y quejas a nivel nacional e internacional?