Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá señaló que el confinamiento a causa de Covid-19 ha tenido serias repercusiones en las actividades judiciales, pues las cifras de entradas, sentencias y convenios registradas en el Poder Judicial han disminuido en este año con relación al 2019, lo que hace necesario realizar cambios a la normativa para facilitar el acceso a la justicia digital.

Márquez Alcalá presentó en sesión del Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, a fin de establecer que la normativa es aplicable a los procedimientos jurisdiccionales.

De acuerdo con las cifras presentadas, en 2019 se registraron 29 mil 590 entradas de asuntos en el Poder Judicial y en el 2020 esta cifra bajó a 17 mil 614; mientras que las sentencias emitidas en este año ascienden a ocho mil 349, casi la mitad de las registradas en el 2019 que fueron 16 mil 843. Y respecto a los convenidos en el 2019 hubo dos mil 790, contra mil 360 en este año.

“Con las cifras anteriores, queda patente que es imperante la necesidad de realizar los cambios propuestos a efecto de facilitar el acceso a la justicia, en este caso la justicia digital”, señaló la diputada.

Expuso que las reformas propuestas permitirán que el Poder Judicial certifique a los litigantes a efecto de que obtengan su firma electrónica certificada y puedan realizar actuaciones en juicio mediante el uso de la misma.

La legisladora manifestó que la pandemia de coronavirus plantea desafíos para quienes trabajan en el sistema judicial y para usuarios de sus funciones constitucionales. La propuesta, que también establece modificaciones a la Ley de Justicia Alternativa, se turnó para su estudio en la Comisión de Justicia.

Iniciativa para eliminar delito de ‘halconeo’

El diputado de Morena, Ernesto Prieto presentó una iniciativa para eliminar el delito de ‘halconeo’ del Código Penal pues reprime la libertad de expresión y acceso a la información pública, además de que criminaliza el trabajo de periodistas.

Prieto Gallardo indicó que con la iniciativa se busca proteger a los guanajuatenses, dándoles certeza jurídica a la hora de acceder a la información, respetando y garantizando el derecho al reconocimiento de la persona jurídica y la libertad de pensamiento y expresión, así como el derecho de acceso a la información.