Redacción

Guanajuato.- A través de un comunicado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) pidió a las autoridades respetar a los ciudadanos que decidan iniciar o participar en manifestaciones.

Este pronunciamiento se dio luego de las faltas cometidas por elementos de seguridad durante la manifestación de feministas en la plaza del Templo Expiatorio en agosto del 2020 durante una protesta sobre abuso sexual por parte de la Policía Municipal de León. Las manifestantes denunciaron detenciones arbitrarias en la zona, e incluso agresiones por parte de oficiales contra reporteras que estaban cubriendo el caso. Ante este hecho, la PDHEG inicio el expediente 108/2020-A para investigar lo sucedido.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad presentó un comunicado en el que se informó la detención de 22 mujeres y  un hombre, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico por faltas al reglamento de Policía y Vialidad.

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Otro caso similar se presentó en la capital del Estado, donde Colectivos de Búsqueda de Personas desaparecidas luego de que estos tuvieran la intención de tomar la glorieta Santa Fe a manera de manifestación. No obstante, fueron detenidos por elementos de las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado, quienes iban vestidos con trajes antimotines.

Aunque al principio los elementos de seguridad pidieron a los manifestantes retirarse de la zona, después los comenzaron a empujar e incluso llegaron a golpearlos. Durante los hechos fueron detenidas tres mujeres acusadas por el bloqueo a las vías de comunicación.

El hecho tuvo tal impacto que llegaron a participar miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron a una investigación pronta y eficaz de lo sucedido.

Ante estos hechos, la Procuraduría conformó la Propuesta General PDHEG/01/2021, que está dirigida a los 46 municipios, con la finalidad de garantizar el ejercicio de la manifestación pacífica.

“Este organismo está convencido de que, para garantizar un estado democrático, las autoridades municipales tienen el deber de respetar y proteger a todas las personas que participen en manifestaciones, ya que ejercen diversos derechos humanos, entre otros, el derecho de reunión pacífica, libertad de expresión y libertad de asociación”, señalan en el comunicado.

Esta iniciativa tiene como objetivo que las autoridades municipales consideren, entre otras circunstancias, aprobar la creación de un reglamento que garantice el ejercicio del derecho humano a la manifestación. Además, buscan que se incluyan programas de capacitación a las personas servidoras públicas que con motivo de sus funciones deban intervenir en las manifestaciones.

EZM