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Proceso contra imputado, que sea apegado a la legalidad: Alcántar

 “Lo que pido y creo que por toda la sociedad es que se siga un proceso aplicado con toda la legalidad habida y con el respeto irrestricto a los derechos humanos”, comentó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública

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Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas pidió que el proceso judicial que se lleva en contra de un imputado por el ataque a un anexo de Irapuato que dejó como saldo 27 personas muertas, se lleve a cabo apegado a la legalidad, pero que se ejerza con toda la severidad y el peso de la ley.

“Lo que pido y creo que por toda la sociedad es que se siga un proceso aplicado con toda la legalidad habida y con el respeto irrestricto a los derechos humanos pero que sí sea con toda la severidad y con todo el peso de la ley si se determina la responsabilidad objetiva del responsable”.

El lunes un juez de control determinó vincular a proceso a Emmanuel ‘N’ acusado del delito de homicidio calificado.

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En la ciudad de Irapuato suspendieron 11 centros por no contar con todos los permisos municipales; no se sabe cuántos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad

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Foto: Eduardo Ortega

Staff Correo

Estado.- El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez informó que de 300 centros de rehabilitación en la entidad solo 14 cumplen con la normativa en materia de tratamientos contra las adicciones.

Díaz Martínez indicó la cifra durante la reunión virtual que sostuvo con los diputados locales, luego de que el legislador del PAN, Rolando Alcántar Rojas, le cuestionó sobre los avances y acciones llevados a cabo durante el 2019 en materia de atención a la drogadicción.

A decir del funcionario estatal, no se sabe cuántos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad, no obstante, manifestó que cuando hay alguna notificación se acude a verificar que estos anexos cumplan con la normatividad en la que deben operar sobre todo en su modelo de atención.

Revisan 142 sitios

Refirió que durante el 2019 se han revisado alrededor 338 sitios y en este año un total de 142 por la contingencia sanitaria, “así como no podemos entrar ahorita a estos centros donde viven personas como no pueden entrar los brigadistas para el control del dengue”, señaló.

Y reiteró que lo que supervisa la Secretaría de Salud es el modelo de atención y las condiciones de saneamiento bajo las que operan los anexos, pues la autorización de uso de suelo no lo otorga la dependencia estatal.

Dijo que los 14 centros de rehabilitación para tratamiento residencial que cumplen con el modelo de atención reconocido en la normativa tienen una disponibilidad de 509 camas.

Recordó que antes, con apoyo del gobierno federal se otorgaban becas para que las personas pudieran ser atendidas en estos lugares “pero la Federación ya nos quitó la posibilidad de otorgar esas becas para tratamiento residencial a organizaciones civiles, por eso es que en estos centros residenciales se complica el seguimiento, pero no lo hemos dejado de lado, es un tema prioritario”.

Daniel Díaz manifestó que, de manera adicional, el estado tiene nueve centros de atención primaria de adicciones que se llaman ‘Capas’ o ‘Nueva Vida’ y se proyecta la creación de dos más en León y uno en Irapuato durante la presente administración estatal.

Buscan anexos regularizarse

El titular de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, Pedro Cortés Zavala informó que hasta el momento 24 representantes de centros de atención en adicciones acudieron dependencia para regularizarse.

El funcionario señaló que finalizó el operativo de revisión de permisos en 47 anexos; como resultado de esta acción, seis centros fueron clausurados y 11 más suspendidos por falta de licencia de uso de suelo.

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Demanda de este tipo de intervenciones creció en 2019 y 2020; el Código Penal de Guanajuato sí permite interrumpir la gestación en caso de abuso sexual

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Óscar Jiménez

Estado.- En los últimos cuatro años, en Guanajuato se han interrumpido de manera legal 23 embarazos, debido a la causal de violación.

Datos concentrados en el Informe General de Avances (IGA) Interrupción voluntaria del embarazo, que elabora la Dirección de Salud Mental de Secretaría de Salud de Guanajuato, arrojan que de los 23 embarazos interrumpidos, en nueve casos se trató de menores de edad que fueron abusadas sexualmente en la entidad.

De acuerdo con los registros oficiales, en 2017 se recibieron cinco solicitudes de jóvenes de 31, 22, 21 y 19 años, así como una menor de apenas 11 años de edad.

Al año siguiente, aunque la demanda disminuyó a sólo tres solicitudes, todas las víctimas eran menores de edad, de 12, 13 y 14 años, revela información que Correo mediante una solicitud de acceso a la información pública.

Fue en 2019 cuando las solicitudes para interrumpir un embarazo alcanzaron su máximo histórico, al tramitarse nueve solicitudes, tres de las cuales correspondían a menores de edad de 12, 15 y 16 años, así como jóvenes mujeres de 18, 20, 21, 27, 30 y 36 años.

En 2020, hasta el corte de la primera semana de agosto, se había interrumpido seis embarazos, dos en menores de 14 y 15 años, y mujeres de 18, 24, 26 y 31 años.

En su respuesta, la SSG informó que entre 2012 y 2016 no se recibieron solicitudes de este  tipo en la entidad.

Las dos causales

En el estado de Guanajuato solo es permisible por las leyes, la interrupción del embarazo mediante dos causas; cuando es producto de una violación o si el aborto fue provocado de manera imprudencial.

La primera de estas causas es válida en todo el país, pues no hay excepción para condenarle, sin embargo, para el resto de las condicionantes hay variaciones en las diversas entidades, entre las cuales, Guanajuato -junto con Querétaro– significa uno de los espacios geográficos del país con más restricciones en torno al tema.

En la contraparte, entidades como Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tlaxcala y la propia Ciudad de México, son las que consideran más factores, con seis, para la interrupción legal del embarazo.

“En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”, señala la norma NOM-046-SSA2-2005 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El capítulo VII del Código Penal del Estado de Guanajuato se dedica al aborto, donde se hace hincapié en que “A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa”, esto en el artículo 159 de dicho código, y en el artículo 163 se refrenda que no es punible el aborto si es resultado de una violación.

En mayo de este año, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud del Congreso del Estado rechazaron las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de Morena y PRD, en los que se proponían ampliar las causales, como en otros estados del país, que permitieran no castigar el aborto.

 

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Sánchez castellanos señaló al gobierno del estado y al federal; indicó además que la necesidad de salir a trabajar fue otro de los factores que influyeron

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Fernando Velázquez

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, consideró que el hecho de que Guanajuato haya sido el estado en donde menos disminuyó la movilidad hacia centros de trabajo se debe a los mensajes confusos que han mandado la Federación y el gobierno del estado.

Según el reporte que Google elabora con base en los registros de GPS de los celulares, Guanajuato es la entidad con la mayor movilidad hacia centros de trabajo durante la pandemia de la Covid-19.

Esto puede deberse a distintos factores, comentó Sánchez Castellanos, quien enlistó la imposibilidad de muchas personas de quedarse en casa y tener que salir a trabajar, y que Guanajuato, a diferencia de otros estados, cuenta con varias ciudades grandes entre las cuales personas se desplazan para ir a trabajar.

Sin embargo, también agregó que existe incredulidad de algunos en la existencia de la enfermedad, que suman a las políticas erráticas por parte del gobierno federal y la inconsistencia que el gobierno del estado ha mostrado en el semáforo de reactivación.

Además, reconoció que en parte puede deberse a que algunos negocios que no deberían estar abiertos durante la contingencia sanitaria, sí lo hicieron.

Cuestionado sobre si otra razón podría ser que patrones no hayan permitido a sus empleados trabajar desde casa, el líder del CCEL descartó que eso sea representativo, pues quienes pueden laborar en esa modalidad representa a la minoría en las empresas.

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