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Lourdes Vázquez / Gilberto Navarro

Guanajuato.- A través de una iniciativa presentada por el PVEM se busca que centros de rehabilitación de adicciones cuenten con mayor supervisión por parte de la Secretaría de Salud del Estado (SSEG), esto, ante los casos de homicidios, abusos y negligencia registrados en los anexos.

Luis Gerardo Suárez, diputado local del Verde Ecologista, expuso en la presentación de la propuesta, que los establecimientos de este tipo registrados en el estado no cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos en la ley, mostrando condiciones insalubres e incluso existen testimonios de personas en rehabilitación que mencionan ofensas, maltrato psicológico y físico, y hay otros que operan de forma clandestina.

Explicó que de acuerdo con la dirección general de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en el 2020 existían 243 anexos, de los cuales, casi el 80% se encontraba con un procedimiento abierto respecto al cumplimiento de la normativa.

“Pareciera que muchos de estos establecimientos sólo son negocio, pues no cuentan con los servicios integrales que requieren para cumplir con el objetivo por el que existen y a esto se suma que hoy en día no existe, por parte de la autoridad sanitaria, un informe total de personas que ingresan a estos establecimientos, desconociendo cuántas personas se rehabilitaron y continuaron con su tratamiento, o cuántas claudicaron. Registrar esta información es clave para realizar un análisis completo de la situación y poder hacerle frente de una manera adecuada”.

Falta información

Por ello, señaló que la propuesta establece que la Secretaría de Salud solicite a dichos centros de rehabilitación, la información de las personas que tratan ahí sus adicciones, mencionando las altas y bajas, así como cuántos de estos superaron su adicción. Esto, confió, “servirá para medir y poder implementar políticas públicas para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en el estado”.

A la vez, propuso que esta información se cotejara por la Fiscalía General del Estado, a fin de conocer si dentro de estos establecimientos hay personas que cuentan con un proceso abierto por la comisión de un delito.

El legislador recordó que en el 2019, en León, una joven de 17 años que estaba internada en un centro de rehabilitación murió tras ser golpeada. Además, en ese mismo año, otra joven de 16 años perdió la vida tras ser lesionada con un arma blanca en el centro ‘Juventud, Vida y Esperanza’.

Asimismo, dijo que se han presentado otros casos alarmantes como el ataque registrado en un anexo  de la comunidad Arandas, en Irapuato, en donde perdieron la vida 26 personas.

Anexos de Guanajuato capital, sin permiso de uso de suelo

Los centros de rehabilitación que existen en la capital no han solicitado a la dirección de Desarrollo Urbano el permiso de uso de suelo necesario para poder regularizar su actividad.

En declaraciones pasadas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, refirió que en la capital existen siete centros de rehabilitación, pero sólo uno opera con todos los requerimientos de las autoridades en regla.

Al respecto, Juan Carlos Delgado, titular de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, señaló que el primer documento con el cual deben de contar los llamados ‘anexos’ es un permiso de uso de suelo, independientemente de los requerimientos que hagan otras autoridades para poder operar.

Sin embargo y pese a los requerimientos que se han hecho a quienes operan dichos centros, estos no han buscado iniciar el proceso de regularización.

“Tampoco hemos obtenido solicitudes, fue reiterado el caso de puquero, no lo podemos otorgar por el entorno y las viviendas. Otro que se reubicó de jalapita a puentecillas, tampoco ha habido una solicitud formal. El uso de suelo no delimita la instalación formal del anexo, hay que cubrir con las autoridades sanitarias una serie de requisitos”.

Los dos anexos a los que se refirió, afirmó están clausurados hasta que cumplan con todos los requisitos de operación.

Dijo que habrá revisiones a dichos establecimientos, coordinados con otras instancias municipales y estatales para reiterar la necesidad de regularizarse para poder operar sin problemas.

ndr