Karla Silva 

Romita.- Por perder juicios promovidos por empleados despedidos de la administración pública de Romita en 2018, fueron puestos en garantía un vehículo del Sistema DIF y una partida presupuestal de la Presidencia Municipal para garantizar los pagos que superan los 200 mil pesos.  

Poco antes del mediodía en el acceso trasero del DIF se realizó la diligencia en la que se señaló como bien mueble, una camioneta con caja seca que permanecerá en depósito para garantizar los 125 mil pesos motivo de laudo determinado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De incumplirse el pago, la unidad tendrá que ser rematada.  

Jorge Armando Falcón, representante legal de la demandante, mencionó que se trata de un requerimiento de pago ante un asunto iniciado al principio de la presente administración. Aunque también se solicitó la reinstalación laboral de la trabajadora, sobre esto todavía no existe resolución. Hay cerca de 80 casos más, dijo: “Hay otros asuntos que ya también cuentan con laudos a favor de los trabajadores”. Al menos cuatro diligencias más se realizarán en próximos días.  

Al mismo tiempo y pese a que el acto fue negado por Francisco Antonio Durán Serrano, secretario particular del alcalde, Oswaldo Ponce Granados, en la Casa Municipal se ejecutaban otras dos diligencias: la primera por poco más de 60 mil pesos establecidos por la Julca y la segunda, por 45 mil pesos ante un convenio incumplido según determinó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje  
Quedó a disposición la partida presupuestal para Liquidaciones por Indemnización que considera dos millones 200 mil pesos y que forma parte del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021. Las actividades se realizaron en la Sala de Cabildos. 

Exigen se respete la ley 

Con pancartas en mano afuera del DIF, ciudadanos se manifestaron para solicitar se les liquide conforme a la ley por el tiempo que prestaron sus servicios al Municipio. Uno de ellos es José Alfredo Zúñiga, quien laboró en Desarrollo Social: “Yo pedía una justificación por escrito por el motivo que me estaban despidiendo pero me dijeron que estaban atendiendo órdenes de ‘arriba’. No estamos pidiendo millones como lo dijo la licenciada (una representante del Municipio), estamos pidiendo nada más lo de ley”. 

Minerva Negrete trabajó en la administración 2015-2018 y tres días después de que el nuevo Ayuntamiento tomara posesión, la dieron de baja. “Resulta que hicieron un fraude con nuestra firma”, pues aseguró, falsificaron las renuncias.  Los requerimientos de pago continuarán.

LC