EVALUACIÓN A DIPUTADOS LOCALES… POR CUMPLIR CON LO MÍNIMO

VIEJO PROBLEMA. Ya sabemos que encontrar un método de evaluación eficaz de la labor de los diputados locales es algo más que complejo y ayer quedó demostrado con la primera evaluación del Observatorio Ciudadano Legislativo (OCL) a los legisladores locales.

UNA MÁS. Los ciudadanos que integran el organismo arrastraron el lápiz, se documentaron y al final no pasaron de hacer la evaluación típica que incluye solo los datos numéricos y las estadísticas. Lo cuantitativo y no lo cualitativo. Nada extraordinario. Lo mínimo que los legisladores están obligados a cumplir.

EL QUE PAGA, MANDA. Otra restricción es el hecho de que la evaluación es financiada por el mismo poder al que pertenecen los evaluados pero ese es otro cantar.

MÁS Y MENOS. El punto es que las diputadas Cristina Márquez Alcalá, del PAN; y Vanessa Sánchez Cordero, del Verde; así como el de Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, resultaron los mejor calificados. Solo se tomaron en cuenta aspectos cuantitativos como iniciativas presentadas, aprobadas, asistencia a sesiones y comisiones y el cumplimiento y comprobación de la asignación de partidas. El reporte señala que María del Carmen Vaca y Ernesto Prieto de Morena resultaron los peor evaluados.

UNO. Son tres aspectos los que se evalúan. El primero que es el índice de transparencia y eficiencia legislativa y que incluye la asistencia y votación en comisiones y en el pleno.

DOS. El segundo que es el índice de eficiencia presupuestal y de fiscalización que incluye la comprobación adecuada de las tres partidas que reciben los legisladores así como el porcentaje de votaciones sobre informes de auditorías y de asistencia a comparecencia en la glosa del informe.

TRES. El tercer aspecto es el índice de impacto social y agenda legislativa que incluye un recuento de las iniciativas aprobadas, en trámite y archivadas. En este rubro, el OCL asigna una calificación de 63% a todos los diputados.

LÍDERES. Tomando en cuenta las otras dos variables y el puntaje que suman, Márquez Alcalá tiene 100 en el de transparencia y eficiencia legislativa y 98 en el de eficiencia presupuestal y fiscalización. Vanessa Sánchez tiene 99 en el primer rubro y 97 en el segundo mientras que Elías Chávez, 100 en el primero y 96 en el segundo.

ARRIBA Y MEDIA TABLA. Luego, aparecen Germán Cervantes del PAN con 98 y 97 respectivamente; después Libia Denisse García, Martha Delgado y Víctor Zanella también panistas y Magdalena Rosales con 98 y 96 cada uno.

ABAJO.  Los únicos tres diputados que tienen al menos una calificación por debajo de 50% son María del Carmen Vaca (86 y 36); Ernesto Prieto (83 y 50) y Angélica Paola Yáñez (93 y 47). En el caso de Prieto, sólo registra 10% en asistencia de comparecencias y 75% de votación en comisiones. Su compañera de bancada, Carmen Vaca tiene 8% en asistencia a comparecencias y 71% en votaciones de informes de auditorías. Por su parte, la diputada sin partido, Paola Yáñez no registra una sola asistencia a comparecencias.

NI ESO. Esos datos, por supuesto que sirven, particularmente los de estos últimos quienes no cumplen. Si no pueden asistir a una comparecencia, incluidas algunas virtuales, ¿qué hacen en una curul?

DIFÍCIL. Tendremos que esperar un método para ver si ese diputado o diputada, además de cumplir con lo mínimo. Hace la diferencia. El único detalle es que el que paga manda: ¿permitirá el Congreso un mecanismo que los ponga en calidad de piñata?

LA DEL ESTRIBO…

Entre marzo y septiembre de este año, la percepción de inseguridad en Guanajuato capital aumentó de 79.4 a 80.1 mientras que en León bajó de 89.6 a 82.3%. No obstante, en la comparación de año con año, la percepción 2020 está 2 puntos arriba de la 2019.

Datos sin lugar a dudas interesantes que nos muestra la fotografía del momento. No es un dato menor que el periodo evaluado incluye la parte más dura de la primera oleada de la pandemia por Covid-19. Es decir, bajo la percepción de inseguridad cuando la movilidad era menor. Ahí queda el dato.

A DOS AÑOS DEL ENCUENTRO LUIS ERNESTO VS. MORENA

Fue el primero y hasta el momento el único encuentro que han tenido legisladores morenistas con el gobierno de Guanajuato sin terceros en la mesa.

Hace un par de años, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, recibía en su despacho de Palacio a las senadoras morenistas y a los diputados locales. Era apenas el arranque de las respectivas legislaturas y del sexenio y digamos que había buenas intenciones que con el pasar de los meses, se fueron trastocando.

– ¿A sus órdenes Malú?, fueron las primeras palabras que pronunció Luis Ernesto Ayala.

– Perdón secretario, ustedes fueron los que nos convocaron, repuso de inmediato la senadora Micher Camarena, de Morena.

Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre habían solicitado el pasado 11 de octubre la renuncia de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa.

Y fue justamente, esa demanda en el Senado que hicieron las senadoras morenistas, lo que hizo que el gobierno de Guanajuato reaccionara para buscar un encuentro con los morenistas y Álvar y Zamarripa.

En ese tiempo, preocupaba al gobierno estatal panista, le apedrearan el rancho en la ciudad de México y reaccionaba de inmediato. Una vez que la 4T se asentó y esos señalamientos no sólo se hicieron más frecuentes sino que se extendieron a Palacio Nacional, el gobierno de Diego Sinhue optó por aguantar vara y responder solo en momentos apremiantes.

De hecho, el gobernador Diego Sinhue ha optado por no dialogar con dirigentes de partidos de oposición en el estado pese a que, algunos le han pedido citas.

En algún momento, su antecesor Miguel Márquez sí aceptó reunirse con dirigentes opositores. Es una cuestión de estilos y prioridades. Rodríguez Vallejo delega toda la relación política con la oposición a su número dos y no cree necesitar de una comunicación directa con los otros partidos.

La afrenta mayor que ha enfrentado ha sido el cuestionamiento directo de Palacio Nacional al fiscal, Carlos Zamarripa, que pudo salir bien librado de aquella embestida.

IEEG: ¿CON QUÉ SE COME LA AUSTERIDAD?

Tumbando caña y mostrando sus cartas credenciales, pero además evidenciando que a la mayoría de los consejeros del Instituto Estatal Electoral la austeridad les hace los mandados, la consejera Esther Aboites Sámano votó en contra del capítulo 1000 del anteproyecto de presupuesto de egresos 2021 del Instituto Estatal Electoral.

Resulta que entre los incrementos proyectados, los primeros que se despachan con la cuchara grande son los consejeros electorales cuyo salario pasaría de 121 mil pesos a 128 mil, algo así como 5.75% de aumento.

Aquí le comenté el pasado domingo que llama la atención el incremento desorbitado en lo que corresponde a la operación del IEEG. Hace seis años costó 306 millones y ahora, 536 millones. Esos 230 millones de pesos representan un 75.15% adicional para un proceso intermedio en el que no se elige gobernador.

“En comparación con el Proceso Electoral inmediato anterior, en el que además se renovó, como ya se dijo la gubernatura del Estado; en esta ocasión se está contemplando la contratación de poco más de 800 personas eventuales”, dice la consejera Aboites.

Pero ahí no termina la cosa porque ahora los consejeros tendrán asesores que ganarán mejor que el año pasado pues su salario pasará de 42 mil a 58 mil 600 pesos, casi un 40% adicional y por si fuera poco, con una compensación del 20% durante el proceso electoral.

Para Aboites Sámano, el aumento no se justifica porque las funciones que realizan los asistentes de cada uno de los consejeros y consejeras, no implican un grado de responsabilidad como el que tienen las asesoras y los asesores de la Secretaría Ejecutiva o la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, con quienes se pretende homologar las remuneraciones.

En otras palabras, la mayoría de los integrantes del consejo del IEEG, incluido el presidente, se pasan por el arco del triunfo los mensajes que se envían con los recortes presupuestales y el castigo que reciben los proyectos de infraestructura.

En el trámite de la sesión del pasado viernes, la consejera que votó en contra en lo particular el capítulo 1000 entregó el escrito al consejo y no pudimos escuchar sus argumentos de viva voz. Hubiese sido interesante escuchar la justificación del consejo para esos aumentos.

No sabemos si por decisión de la consejera o del consejo, el voto particular ya no formó parte de la discusión abierta. Falta que el Congreso local apruebe el presupuesto pero no se ve por dónde vayan a echar para atrás el regalito que se recetaron los consejeros electorales.