Pólvora e Infiernitos

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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN: LAS MANOS ALZADAS

PLANCHADO. A propósito de los reclamos empresariales hacia los requisitos del Fiscal Anticorrupción, una cosa es evidente: desde el punto de vista del proceso legislativo, no había argumentos válidos para reclamar el proceso.

ANTECEDENTE. Es cierto que lo que solicitó anteayer el diputado priista Santiago García López fue declarar desierta la convocatoria en la que solo se ha inscrito un interesado para participar en el proceso pero en el fondo, lo que reclamaba era cambiar el requisito para que el Fiscal no requiera 10 años de experiencia en la persecución del delito, un trámite inalcanzable para cualquiera que no haya sido funcionario.

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TODITOS. El punto aquí es que la ley que incluye los requisitos fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Justicia que preside la priista Arcelia González y por el pleno del Congreso del Estado.

TRANQUILITOS. Es decir, en su momento, nadie objetó y si lo hizo no fue suficiente para votar en contra la ley este requisito. Una muestra de cómo los legisladores no alcanzan a calcular los efectos que van a tener en los hechos la aplicación de las leyes.

AMERITABA. Y llama la atención, sobre todo en este caso específico, porque no se trata de una ley cualquiera sino una de las más polémicas en la actual legislatura: la del Sistema Estatal Anticorrupción.

DE ORIGEN. La propia Arcelia González, presidenta de la Comisión de Justicia, ya admitió que es factible revisar la norma. Pero no habla bien de nuestros legisladores en lo general  que se hagan parches a un traje que todavía ni siquiera estrenan.

PAN-GOBIERNO: SENTIMIENTOS DE CULPA Y CARGOS DE CONCIENCIA

DIDÁCTICO. Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba, explicó a Gustavo Guraieb y a Jaime Gallardo, respectivos líder del Consejo Coordinador Empresarial de León y del Parlamento Ciudadano, todo ese proceso legislativo.

MENÚ. La aprobación por unanimidad, la dificultad para cambiar a estas alturas los términos de la convocatoria porque quien se registró ya tiene derechos adquiridos, el hecho de que nadie haya impugnado la ley desde julio, entre otros argumentos.

MEA CULPA. Pero al final, con todo y que desde el punto de vista del proceso legislativo la razón le asistía, admitió que puede haber cambios. De hecho, el propio Ramírez Barba ya había dialogado previamente con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la forma más adecuada para cambiar la ley y flexibilizar los requisitos para el Fiscal.

DE UNA VEZ. No se descarta incluso que esos cambios a la ley se hagan ‘fast track’ para que se acomoden los tiempos  y con la flexibilización de los requisitos, tengamos Fiscal Anticorrupción a más tardar al cierre del presente año.

UNOS MESES. Si la agenda no les alcanza a los diputados, entonces el nombramiento se retrasaría hasta el año entrante.

LA DUDA. ¿Por qué el PAN decide escuchar la voz de los reclamantes y abrir el proceso? Podría ser un poco de cargo de conciencia. Es evidente que uno de los grandes deberes de la construcción de los sistemas estatal y nacional anticorrupción es la credibilidad.

CONTRASTES. A nivel nacional, los panistas se quejan de un Fiscal carnal del PRI; en Guanajuato, la queja es porque parece pavimentarse el camino para que ese Fiscal carnal sea Carlos Zamarripa.

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PARCIALMENTE. Es cierto. Ahorita el tema es el Fiscal Anticorrupción. Pero es parte de lo mismo. La hipótesis es global: el PAN-Gobierno en Guanajuato quiere que todo sea a modo, manejable. Éctor Jaime y los diputados azules reaccionan.

UNA FALACIA. Falta ver de qué tamaño será la apertura. Tampoco hay que esperar que les den gusto a todos. En algo tiene razón de lo que dijo ayer el presidente del CCE leonés, Gustavo Guraieb: la separación de poderes en Guanajuato es cuestionable y el Legislativo a veces solo parece bailar al son que le toca Miguel Márquez.  Ya hubo apertura. Vamos a ver si no les dan atole con el dedo.

LOS EMPRESARIOS Y LA TALACHA

LES HABLAN. Y finalmente, pero no por ello menos importante, los jerarcas empresariales quizá aprendieron ayer que cuando van a subirse al ring, hay que ir bien asesorados en torno al proceso legislativo y quién es quién en los acuerdos.

CLARITO. El derecho al pataleo no está peleado con la fundamentación de los argumentos. Saben perfectamente que el pie del que más cojea el gobierno panista y el Congreso de mayoría azul es el de la credibilidad y ahí estuvo la base de su victoria en esta pequeña batalla.

PÓNGANSE LAS PILAS. Por ejemplo, llamó la atención no ver ayer al presidente de Coparmex, Jorge Ramírez Hernández, quien parece dominar más estos temas del Sistema Estatal Anticorrupción en cuestiones técnicas.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, una mala nueva para el presidente del CCE leonés, Gustavo Guraieb, quien resultó uno de los seis personajes que no calificaron para llegar a la final de quienes compiten por los cinco lugares del Comité de Participación Ciudadana del Comité Ciudadano Anticorrupción.

De los 29 que se registraron, sólo quedaron 23 que participarán en la ronda de entrevistas que hará el Comité de Delección del Consejo de Participación Ciudadana.

No se especificó qué requisito no cumplió el líder empresarial leonés pero llama la atención que no haya podido acreditar ni siquiera su derecho a participar en este proceso. Tampoco pudo pasar a la siguiente ronda Jorge López Cueva de la organización Primero León y Luis Alanís Villarreal también leonés que se postuló por su cuenta; Saúl Nuñez de Coroneo, Juan Vaca Estrada de Celaya y Andrea Varona Rojas de Coparmex Salamanca también quedaron fuera de los elegibles.

Las entrevistas a los finalistas se celebrarán el miércoles y jueves de la siguiente semana en 2 tandas. La primera de 12 y la segunda de 11 prospectos.

METROFINANCIERA: IRREGULARIDADES NIVEL PAN, PERDONADA Y OLVIDADA

Los panistas tienen su propio rasero para medir irregularidades y errores de los funcionarios de su gobierno. Ya lo dijo alguna vez el gobernador Miguel Márquez: se puede meter la pata pero no se puede meter la mano.

No importa que las metidas de pata cuesten 33 millones de pesos al erario. Treinta y tres millones de pesos. Una cantidad que no se ha descubierto como desfalco a funcionario alguno de otra administración en León y que fue el monto que perdió la Tesorería de León con la fallida inversión en la empresa Metrofinanciera.

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Lo hizo el tesorero del gobierno de Vicente Guerrero Reynoso, Francisco Javier González,  y el escándalo estalló hace exactamente ocho años, en los albores de la administración de Ricardo Sheffield.

En esos tiempos, los funcionarios de primer nivel se iban por la libre y no pedían permiso para muchas cosas. González un buen día decidió que podía invertir 37 millones en Metrofinanciera. Así, nomás por sus pistolas.

Pero la apuesta no funcionó como él esperada y toda la inversión del Municipio se perdió. Nadie supo nada hasta que el equipo de Sheffield lo dio a conocer públicamente.

La laxitud de las leyes de fiscalización permitieron que González Álvarez no sólo no fuera castigado sino que pudiera seguir con un cargo público, pues años después, fue asesor de la bancada panista en el Congreso local. La Contraloría Municipal investigó pero en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo exoneraron.

Apenas este año, en enero, se declaró irreversible la pérdida de los recursos. Según notificación de la directora general de Egresos de Tesorería municipal, Nelly Ríos Jáuregui.

La directora de Egresos explicó que en 2014 se creó una cuenta incobrable por 17 millones de pesos con Metrofinanciera.

Ese fue el triste final de una inversión que en tiempos de la opacidad absoluta, un funcionario podía hacer sin pedirle permiso a nadie y también sin el menor riesgo de ser castigado. La fiscalización según el PAN o con la vara que se mida al adversario, no se medirá a los de casa.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN; LOS RECLAMOS Y LAS CULPAS DE TODOS

Finalmente, el Congreso del Estado cederá a los reclamos de agrupaciones ciudadanos que piden flexibilizar los requisitos del Fiscal Anticorrupción; y cede más quizá por la presión y por un sentimiento de culpa que pone en entredicho la credibilidad del proceso, que por convicción propia.

La fracción mayoritaria encabezada por Éctor Jaime Ramírez Barba no tuvo de otra más que reaccionar y apechugar ante el reclamo sobre el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción. El requisito de 10 años en la persecución del delito en los días previos al cierre de registros de la convocatoria terminó por ser una pesada losa.

A los ojos del círculo rojo y de la opinión pública, el proceso parece a modo para que en Guanajuato se tenga un Fiscal Anticorrupción carnal, siendo que el único registrado está vinculado a la Procuraduría de Justicia.

Lo curioso es que los panistas, encabezados por el presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba, tenían argumentos legales y hasta políticos para evadir los reclamos y montarse en su macho.

Pero de haberlo hecho, el costo en credibilidad hubiera sido lapidario. Es más, está por verse si la enmienda que prometen los diputados son suficientes para revertir los flancos débiles que tiene este Sistema Estatal Anticorrupción que parece un traje a la medida para que desde el gobierno todo cambie para seguir igual.

Sin embargo, para el análisis quedan las debilidades que exhiben en este proceso cada uno de los actores en este proceso de construcción del Sistema Estatal Anticorrupción. Todos, sin excepción, quedan a deber, incluidos los representantes de los ciudadanos que reconocieron ante Ramírez Barba que su reclamo fue tardío.