Pólvora e infiernitos

LA AUSTERIDAD DE MORENA: LOS QUE SON… Y LOS QUE FALTAN

EFECTOS. Esto de la Cuarta Transformación y una de sus máximas que es la austeridad promovida por Morena es todo un tema por las manifestaciones que adquiere y las reacciones que provoca.

VARIANTES. Hay algunas que son de gran calado e impredecibles consecuencias como las que se dan en el Poder Judicial porque los ministros, magistrados y funcionarios de la Corte son los más afectados por este lineamiento trazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que nadie puede ganar un salario superior al suyo.

TOMA Y DACA. Esas prometen dan mucho de qué hablar por todas las aristas que implican los salarios, prerrogativas y prebendas que tienen los integrantes del Poder Judicial en este país, los mejor pagados y menos cuestionados públicamente.

LIGAS MENORES. Pero hay otro tipo de austeridad que aparentemente no tiene tanto impacto pero que merece también la reflexión.

AL ABORDAJE. Ayer, los diputados de la bancada de Morena en el Congreso del Estado anunciaron lo que ellos llaman como un ‘autodescuento’ de salario de 25 mil pesos de su dieta mensual que destinarán al apoyo de sectores vulnerables.

SOLITARIOS. Los morenistas adoptan esa vía porque no encontraron eco en ninguna bancada a su propuesta de disminución de salarios en el Congreso local. Ya habían anunciado que no aceptarían seguro de gastos médicos mayores ni vehículos.

ALCANCES. El punto es que, institucional y administrativamente, el término autodescuento no existe. El anuncio que hizo Morena ayer es un gesto que puede ser verificable y que es ante todo, mediático.

PARA ELLOS. Por principio de cuentas, ese autodescuento no representa un ahorro para el erario como sí lo significa la renuncia al seguro de gastos médicos mayores. El Congreso seguirá erogando lo mismo para pagar a morenistas que al resto de los diputados.

MODUS OPERANDI. Ernesto Prieto y compañía deciden donarlo a algunas instituciones. Harán su informe bimestral. En otras palabras, es una segunda versión de la partida de Ayuda Social que ya tienen en el Congreso del Estado.

LOS QUE FALTAN. El punto con Morena no es quienes se van sumando a la austeridad sino quienes no lo han hecho y no lo harán. No todos los  alcaldes y alcaldesas emanados de este partido no se han pronunciado en torno al tema. Ya incluso hubo cuestionamientos a los gastos de la presidenta de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz.

JUNTO CON PEGADO. En otras palabras, una apuesta que en principio da en el clavo porque los ciudadanos están hartos de los excesos y extravagancias de los políticos, puede revertirse o volverse trivial si no la practican todos y sobre todo, si no se acompaña de eficacia en el ejercicio del poder o de la labor legislativa.

¿EL TIRO POR LA CULATA? Morena a nivel nacional, enfrenta el riesgo de pasar en un santiamén, en su práctica de austeridad de la novedad a la banalidad o la superficialidad.

LAS AUDITORÍAS QUE VIENEN: SALAMANCA Y GUANAJUATO

MÁS VALE. Ahorita todo es presupuesto 2019 e iniciativas de leyes de ingresos pero nomás que pase este período ordinario de sesiones y llegue el primero del año siguiente, la Auditoría Superior del Estado (ASEG) puede ir incluyendo en su programa anual de auditorías, un par de intervenciones en las administraciones que encabezaron Antonio Arredondo en Salamanca y Edgar Castro Cerrillo en la capital del estado.

LA RUTA. Ya la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz dejó claro en donde tiene que hacerlo que la rueda de prensa de la semana pasada no fue un exabrupto ni un simple periodicazo en contra su antecesor panista, hoy flamante subsecretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

CON TODO. En otras palabras que, aquello de los aviadores y de las presuntas irregularidades que encontró tendrán su puntual acreditación en las instancias que se requieran. La petición que prepara la alcaldesa salmantina es para una auditoría integral.

OTRO FRENTE. En el caso de Edgar Castro, también se dice que hay la intención de solicitar algo similar. Aquí, el gobierno lo encabeza el panista Alejandro Navarro. Habrá que esperar.

SERENOS. Ahora, hay que tomar las cosas con cautela. Solicitar auditorías integrales ni denunciar públicamente supuestas anomalías es un equivalente de que un exgobernante está en aprietos.

EL ANTECEDENTE. En el trienio pasado, desde la legislatura se solicitaron auditorías integrales a las gestiones de Bárbara Botello en León e Ismael Pérez Ordaz. Los resultados finales son distintos. La abogada leonesa todavía litiga algunos señalamientos mientras que Pérez Ordaz ya no tiene nada de qué preocuparse.

PUNTA DE LANZA. Esto apenas empieza. No se descartan auditorías a otros municipios y exalcaldes. Pero las arriba citadas, sin duda, serán las más taquilleras desde el punto de vista mediático.

EL FACTOR. Particularmente porque la de Salamanca señala a un político que hoy ocupa un cargo importante en el gabinete dieguista.

LA DEL ESTRIBO…

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo parece haber arrancado una nueva operación desde el Estado a favor del deporte profesional. En esta ocasión, para tratar de salvar la permanencia del beisbol profesional en León. A los aficionados ni a melón les supo el retorno de los Bravos de León al exDomingo Santana.

Las deudas ahogaron a sus dueños que aventaron la toalla. Rodríguez Vallejo no prometió nada. Sólo que presentará una propuesta en la próxima asamblea de la Liga  a celebrarse en Las Vegas. Esas coincidencias de la política. Ahora que el deporte presidencial es el beisbol, ¿le echarán alguna manita desde Palacio Nacional?

CCE-GOBIERNO: DE LA GUERRA AL AMOR, HAY UNA ELECCIÓN

Para pintar con un sólo trazo el ayer y el hoy de la relación entre el gremio empresarial y el gobierno del estado, basta una sola estampa.

Hace exactamente dos años, el entonces gobernador Miguel Márquez emplazaba a los empresarios de Guanajuato a colaborar con el Fideicomiso de Seguridad que se iba a conformar con integrantes del sector privado de León, Irapuato, Celaya y Salamanca y el gobierno estatal.

“Si no quieren el Fideicomiso, nos llevamos el dinero a otro Municipio”, respondía a botepronto el Ejecutivo estatal en una entrevista donde le preguntaban por las resistencias de la dirigencia en León del Consejo Coordinador Empresarial ante la solicitud de aportación al Fideicomiso de Seguridad.

El gobierno del estado se había comprometido a aportar 50 millones para la inversión en proyectos de capacitación en los municipios de Irapuato, León y Celaya.

Pero los empresarios se resistían una y otra vez. Uno de los argumentos que sostenían algunos líderes empresariales era que no querían convertirse indirectamente en los validadores de políticas públicas del gobierno marquista.

“Los más de dos mil 300 millones de pesos anuales que aportamos por concepto de impuestos a nóminas, que precisamente aceptamos hace ya 10 años, bajo la condición de que se utilizara también para proyectos de beneficio social, los cuales, sabemos, contribuyen significativamente con la reducción de la pobreza y de la violencia”.

Toda una novela se armó en la constitución de un Fideicomiso por la Seguridad que gobierno e iniciativa privada habían pactado en el segundo semestre de 2016.

Y mire lo que son las cosas, a dos años de distancia, son los propios empresarios quienes toman la iniciativa y ven materializada la propuesta más interesante en su paquete de planteamientos que hicieron en campaña al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

No un paquete de 10 o 20 millones sino un 0.3% de aumento al impuesto sobre nóminas que pregonaba en su momento Guraieb quien, sin ninguna duda, ha sido uno de los líderes más verticales del Consejo Coordinador Empresarial de la última época. Miguel Márquez no lo podía ver ni en pintura.

Hoy, Sánchez Castellanos y Rodríguez Vallejo hacen sinergia, suman y multiplican recursos. ¿Cuál es el estilo y perfil ideal de jerarca empresarial?

AMLO, DIEGO Y EL ‘HUACHICOL’ EN GUANAJUATO: ABRAZOS, NO BALAZOS

Dato duro y demoledor del presidente Andrés Manuel López Obrador que ameritó respuesta breve y afable del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

De los 70 homicidios que se registraron en el país el pasado miércoles, 20 se dieron en territorio guanajuatense. La sola referencia reafirma el nivel que ha alcanzado la violencia en la entidad.

Un par de días antes, el gobierno del estado había presumido la disminución paulatina de los homicidios dolosos en Guanajuato en el trimestre septiembre, octubre, noviembre.

48 horas después, Rodríguez Vallejo tiene que hacer control de daños ante la declaración hecha por el Presidente en su tradicional conferencia matutina. Por eso, va de nuevo. En esto de las cifras de los homicidios dolosos, hay que irnos con calma.

Cada gobierno, el Federal y el Estatal, desde su trinchera querrán abonar a favor de sus políticas públicas para combatir la violencia. No hay tono de conflicto en la postura presidencial. Tampoco es una disputa, conflicto o diferendo en donde el gobierno vaya desprotegido frente a la federación.

El principal problema de violencia criminal en el estado tiene que ver con el ‘huachicoleo’. Así lo dejó ver López Obrador que se comprometió a presentar un plan para combatir este problema.

Y uno de los centros neurálgicos de la violencia relacionada con este delito está en Salamanca, un municipio que gobierna Morena con una expanista.

No es cosa de partidizar el combate al crimen organizado pero ya se había advertido. La ecuación política que dejó el 1º de julio puede ayudar a resolver el problema.

En manos del gobierno federal está el cambiar la lógica que se vivió con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un Guanajuato abandonado a su suerte por la Federación, un Pemex indolente y un gobernador evasivo.

Las dos primeras variables están en manos de López Obrador. El tercero debe atenderlo Diego Sinhue. El Presidente no querrá con un municipio gobernado por su partido sea catalogado como uno de los más violentos del país.

Ojalá los astros se alineen, para bien.