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Piden que Carlos Zamarripa no pueda ausentarse de su cargo sin autorización

Por medio de una iniciativa de reforma se pretende que el fiscal general del Estado no pueda ausentarse de su cargo por menos de 6 meses bajo licencia sino se lo autoriza el gobernador

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Lourdes Vázquez

Guanajuato.- A través de una iniciativa de reforma impulsada por Morena, se pretende que el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, no pueda ausentarse de su cargo por menos de 6 meses bajo licencia sino se lo autoriza el gobernador del Estado, esto en virtud de que actualmente la ley no contempla ninguna restricción en el tema.

La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado fue presentada por el legislador Ernesto Prieto Gallardo quien señaló que existe un vacío legal en la materia; esto se da luego de que el pasado 2 de junio, el Congreso local aprobó que será el Legislativo quien autorice solicitudes de licencia por más de 6 meses que llegará a pedir Carlos Zamarripa.

Pero sin esta adición, actualmente la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, en su artículo 15, señala que:“durante las ausencias temporales o excusas del Fiscal General, el despacho y resolución estará a cargo del fiscal que éste designe (…)” y no menciona nada sobre solicitud de licencias.

Por ello, en la sesión del pleno del Congreso del Estado, Ernesto Prieto, señaló que aunque ya se encuentra estipulado que el Poder Legislativo deberá autorizar las licencias mayores a 6 meses que llegara a presentar Zamarripa, se debe legislar sobre las licencias por un periodo menor, esto porque: “dada la importancia de las funciones que tiene el titular de la Fiscalía General, es importante que cualquier licencia menor a 6 meses también se le deba ser aprobada al fiscal General del Estado y que el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador sea el encargado de dicha aprobación o no”.

A decir del diputado morenista, en caso de no legislarse en la materia, se estaría dejando abierta la posibilidad de que Zamarripa se pudiera ausentar menos de 6 meses y no dar ni siquiera aviso de su ausencia.

Y agregó “si bien la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía se debe dar cuenta de las ausencias de su titular, dado que en él se deposita la procuración de justicia y preservación de la seguridad pública del estado, cuestiones de suma relevancia sobre todo ante este fallido estado de seguridad que se vive día a día en el estado de Guanajuato”.

Dijo que, si por ley el gobernador tiene facultad de intervenir en la designación y remoción del fiscal, entonces tendría la facultad de autorizar ausencias menores a 6 meses.

Además, propuso que las ausencias temporales con goce de sueldo no excedan un mes y que cuando fuere por un lapso mayor, sea sin goce de sueldo hasta por 6 meses.

Manifestó que con dicha propuesta: “se busca que el fiscal General del Estado de Guanajuato en caso de que necesite una licencia menor a los 6 meses, esta le sea concedida o no por el gobernador, pues dada la naturaleza de su encargo, el fiscal no puede estar fuera de funciones por mucho tiempo, esto impacta a la sociedad en la medida en que el encargado de la procuración de justicia en el estado no puede ausentarse de sus labores, a menos de que sean causas mayores y plenamente justificadas”.

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G.R

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En la ciudad de Irapuato suspendieron 11 centros por no contar con todos los permisos municipales; no se sabe cuántos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad

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Foto: Eduardo Ortega

Staff Correo

Estado.- El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez informó que de 300 centros de rehabilitación en la entidad solo 14 cumplen con la normativa en materia de tratamientos contra las adicciones.

Díaz Martínez indicó la cifra durante la reunión virtual que sostuvo con los diputados locales, luego de que el legislador del PAN, Rolando Alcántar Rojas, le cuestionó sobre los avances y acciones llevados a cabo durante el 2019 en materia de atención a la drogadicción.

A decir del funcionario estatal, no se sabe cuántos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad, no obstante, manifestó que cuando hay alguna notificación se acude a verificar que estos anexos cumplan con la normatividad en la que deben operar sobre todo en su modelo de atención.

Revisan 142 sitios

Refirió que durante el 2019 se han revisado alrededor 338 sitios y en este año un total de 142 por la contingencia sanitaria, “así como no podemos entrar ahorita a estos centros donde viven personas como no pueden entrar los brigadistas para el control del dengue”, señaló.

Y reiteró que lo que supervisa la Secretaría de Salud es el modelo de atención y las condiciones de saneamiento bajo las que operan los anexos, pues la autorización de uso de suelo no lo otorga la dependencia estatal.

Dijo que los 14 centros de rehabilitación para tratamiento residencial que cumplen con el modelo de atención reconocido en la normativa tienen una disponibilidad de 509 camas.

Recordó que antes, con apoyo del gobierno federal se otorgaban becas para que las personas pudieran ser atendidas en estos lugares “pero la Federación ya nos quitó la posibilidad de otorgar esas becas para tratamiento residencial a organizaciones civiles, por eso es que en estos centros residenciales se complica el seguimiento, pero no lo hemos dejado de lado, es un tema prioritario”.

Daniel Díaz manifestó que, de manera adicional, el estado tiene nueve centros de atención primaria de adicciones que se llaman ‘Capas’ o ‘Nueva Vida’ y se proyecta la creación de dos más en León y uno en Irapuato durante la presente administración estatal.

Buscan anexos regularizarse

El titular de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, Pedro Cortés Zavala informó que hasta el momento 24 representantes de centros de atención en adicciones acudieron dependencia para regularizarse.

El funcionario señaló que finalizó el operativo de revisión de permisos en 47 anexos; como resultado de esta acción, seis centros fueron clausurados y 11 más suspendidos por falta de licencia de uso de suelo.

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Demanda de este tipo de intervenciones creció en 2019 y 2020; el Código Penal de Guanajuato sí permite interrumpir la gestación en caso de abuso sexual

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Óscar Jiménez

Estado.- En los últimos cuatro años, en Guanajuato se han interrumpido de manera legal 23 embarazos, debido a la causal de violación.

Datos concentrados en el Informe General de Avances (IGA) Interrupción voluntaria del embarazo, que elabora la Dirección de Salud Mental de Secretaría de Salud de Guanajuato, arrojan que de los 23 embarazos interrumpidos, en nueve casos se trató de menores de edad que fueron abusadas sexualmente en la entidad.

De acuerdo con los registros oficiales, en 2017 se recibieron cinco solicitudes de jóvenes de 31, 22, 21 y 19 años, así como una menor de apenas 11 años de edad.

Al año siguiente, aunque la demanda disminuyó a sólo tres solicitudes, todas las víctimas eran menores de edad, de 12, 13 y 14 años, revela información que Correo mediante una solicitud de acceso a la información pública.

Fue en 2019 cuando las solicitudes para interrumpir un embarazo alcanzaron su máximo histórico, al tramitarse nueve solicitudes, tres de las cuales correspondían a menores de edad de 12, 15 y 16 años, así como jóvenes mujeres de 18, 20, 21, 27, 30 y 36 años.

En 2020, hasta el corte de la primera semana de agosto, se había interrumpido seis embarazos, dos en menores de 14 y 15 años, y mujeres de 18, 24, 26 y 31 años.

En su respuesta, la SSG informó que entre 2012 y 2016 no se recibieron solicitudes de este  tipo en la entidad.

Las dos causales

En el estado de Guanajuato solo es permisible por las leyes, la interrupción del embarazo mediante dos causas; cuando es producto de una violación o si el aborto fue provocado de manera imprudencial.

La primera de estas causas es válida en todo el país, pues no hay excepción para condenarle, sin embargo, para el resto de las condicionantes hay variaciones en las diversas entidades, entre las cuales, Guanajuato -junto con Querétaro– significa uno de los espacios geográficos del país con más restricciones en torno al tema.

En la contraparte, entidades como Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tlaxcala y la propia Ciudad de México, son las que consideran más factores, con seis, para la interrupción legal del embarazo.

“En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”, señala la norma NOM-046-SSA2-2005 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El capítulo VII del Código Penal del Estado de Guanajuato se dedica al aborto, donde se hace hincapié en que “A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa”, esto en el artículo 159 de dicho código, y en el artículo 163 se refrenda que no es punible el aborto si es resultado de una violación.

En mayo de este año, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud del Congreso del Estado rechazaron las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de Morena y PRD, en los que se proponían ampliar las causales, como en otros estados del país, que permitieran no castigar el aborto.

 

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Sánchez castellanos señaló al gobierno del estado y al federal; indicó además que la necesidad de salir a trabajar fue otro de los factores que influyeron

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Fernando Velázquez

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, consideró que el hecho de que Guanajuato haya sido el estado en donde menos disminuyó la movilidad hacia centros de trabajo se debe a los mensajes confusos que han mandado la Federación y el gobierno del estado.

Según el reporte que Google elabora con base en los registros de GPS de los celulares, Guanajuato es la entidad con la mayor movilidad hacia centros de trabajo durante la pandemia de la Covid-19.

Esto puede deberse a distintos factores, comentó Sánchez Castellanos, quien enlistó la imposibilidad de muchas personas de quedarse en casa y tener que salir a trabajar, y que Guanajuato, a diferencia de otros estados, cuenta con varias ciudades grandes entre las cuales personas se desplazan para ir a trabajar.

Sin embargo, también agregó que existe incredulidad de algunos en la existencia de la enfermedad, que suman a las políticas erráticas por parte del gobierno federal y la inconsistencia que el gobierno del estado ha mostrado en el semáforo de reactivación.

Además, reconoció que en parte puede deberse a que algunos negocios que no deberían estar abiertos durante la contingencia sanitaria, sí lo hicieron.

Cuestionado sobre si otra razón podría ser que patrones no hayan permitido a sus empleados trabajar desde casa, el líder del CCEL descartó que eso sea representativo, pues quienes pueden laborar en esa modalidad representa a la minoría en las empresas.

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