Vida Pública

Piden investigar el presunto ‘acarreo’ preparado en el IECA

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Ante la posible comisión de un delito, las legisladoras locales Vanessa Sánchez Cordero, del PVEM, y Magdalena Rosales Cruz, de Morena, coincidieron en que es necesario que los trabajadores del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) presenten una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, luego que se les pidió que inscribieran al menos a 10 personas para preparar la estructura para el ‘acarreo’ de ciudadanos en la jornada electoral del 6 de junio.

Vanessa Sánchez afirmó que de ser cierto el señalamiento que hicieron empleados del instituto, se estaría cometiendo un delito, por lo que es importante que se acerquen a la Fiscalía Especializada, pues, de ninguna manera, las autoridades del instituto pueden hacer uso de su cargo para fines electorales y pedirle a las empleados del instituto que colaboren con un partido político o con un candidato.

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Manifestó que en caso de que exista esa denuncia se esperaría una actuación imparcial de la Fiscalía Especializada, pues “no se ha mostrado así, al menos, en las pasadas elecciones”.

La legisladora verde ecologista manifestó que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) debe intervenir en el tema e iniciar una investigación de oficio “para saber si es que hay uso de recursos públicos para beneficiar a un candidato o a un partido y, en su caso, imponer las sanciones administrativas que correspondan”.

Y es que a través de un audio enviado por Whatsapp por el director de Comunicación Social y Vinculación del IECA, Cristóbal García Esteves, les pidió a los empleados de la institución participar en un ‘reto’ para sumar a 300 personas inscritas con la foto de las credenciales de los participantes para el próximo domingo en Irapuato, León y Guanajuato capital, como parte de un simulacro para saber cuántas personas se podrán llevar el día de las elecciones para que puedan emitir su voto.

No obstante, Vanessa Sánchez Cordero reiteró que  el llevar a personas a votar ya constituye un delito en materia electoral.

“Es el modus operandi”

Entrevistada por separado, Magdalena Rosales Cruz afirmó que lo que ocurre en el IECA es sólo un ejemplo de lo que ocurre en todas las dependencias del gobierno estatal, de cómo se organizan para beneficiar a Acción Nacional.

“Esto que cada trabajador tenga que buscar a 10 personas para cubrir en primer lugar toda la defensa de votos, todas las casillas electorales y además que se dediquen a la promoción del voto, es una práctica que el Partido Acción Nacional ha ido implementando y perfeccionando: cómo poder influir de manera facciosa en las elecciones de nuestro estado; realmente es penoso”.

Señaló que se estaría frente a un delito electoral, por lo que se debe denunciar ante la instancia competente: “yo no tengo las pruebas, pero las buscaríamos para denunciar este hecho porque realmente, a estas alturas de las elecciones, ellos ya están promoviendo las formas de intervenir en el voto de los guanajuatenses”.

La legisladora morenista recordó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se negó a firmar la carta propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que se señala que el gobierno no se entrometería en el proceso electoral “y no la firma porque él ya sabe que toda la estructura del gobierno del estado está para servir al partido en el poder”.

También del PRI se suman

El Gobierno del Estado y el Instituto Estatal del Estado de Guanajuato (IEEG) debe investigar ‘el activismo político’ por parte del director de vinculación y comunicación del IECA, Cristóbal García, ante la comisión de un delito electoral y el uso de recursos públicos con fines electorales, señaló la secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, Yulma Rocha Aguilar.

“Si esto está sucediendo en esta dependencia, seguramente está sucediendo en otra y seguro está sucediendo en todas las demás. Esto afecta la equidad en la contienda, el uso de recursos públicos que sí pueden tener un impacto en el resultado electoral y se espera la investigación de ambas dependencias”, dijo.

Yulma Rocha mencionó que la autoridad tiene la obligación de garantizar que el proceso electoral se conduzca y se garantice la equidad y que no haya involucramiento de recursos públicos en las campañas electorales, por lo que tanto el IEEG como la Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas del IECA y de Gobierno del Estado deben de investigar esta situación.

“Se tiene conocimiento de posibles actos que son irregularidades en un proceso electoral y que puede ser constitución de un delito, tiene que ser investigado por parte del Gobierno del estado porque finalmente estamos hablando de un funcionario público que está con una responsabilidad y que está coaccionando la participación en un tema de tipo electoral”, propuso.

Añadió que no se debería de esperar a que exista una denuncia formal, pues ya existe pública y eso habla de que hay empleados que se sienten afectados en su ejercicio de libertad en su decisión electoral.

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ndr

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