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Óscar Jiménez

Estado.- Los cuerpos de quienes fallezcan a causa del Covid-19 en Guanajuato, la gran mayoría, deberán ser incinerados,  aunque en los criterios establecidos por la Secretaría de Salud estatal también se permite –con condicionantes– la inhumación de cadáveres afectados por la enfermedad.

Otros estados, como Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Coahuila, esta semana decretaron que los cadáveres de las víctimas de esta enfermedad deben cremados, sin que se efectúen ceremonias de velación en las funerarias, ante el riesgo de una mayor propagación del nuevo coronavirus.

“Al fallecer, es riesgo para la familia si hay contacto con las secreciones del paciente que murió”, explicó el martes el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos.

Mientras dichos estados asumieron esa medida de prevención, Guanajuato y otras 27 entidades federativas permitirán que los cuerpos sean enterrados, sujetándose a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Difunden protocolos

El pasado 5 de abril, la Secretaría de Salud federal publicó la ‘Guía de Manejo de Cadáveres por Covid-19 en México’, un documento de 12 cuartillas en el que se especifican los criterios y protocolos para el tratamiento de los cuerpos de quienes fallezcan por este mal.

En general, se exige cumplir las normas de bioseguridad y el uso de equipo de protección personal, así como los traslados, estudios y la atención en la morgue.

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) confirmó que aquí se aplicarán las mismas recomendaciones para las necesidades estatales.

La Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios de la SSG elaboró una guía que establece que en Guanajuato se permitirá la cremación o inhumación, aunque con diversas condiciones.

“El destino final del cadáver deberá ser preferentemente incineración”, advierte el punto 3.3, en el que se establece que la incineración debe realizarse en instalaciones adecuadas, garantizando las medidas de seguridad necesarias para los trabajadores que estén a cargo.

Cuando el destino final sea la inhumación, se deberán considerar tres puntos obligatorios: que el entierro se realice de inmediato, que se efectúe en el panteón más cercano posible al centro de atención médica, y que las empresas funerarias informen del procedimiento en caso de incidencias o accidentes durante el traslado y destino final del cadáver.

Difieren entidades

No obstante, existen diferentes criterios en el país: el 28 de marzo, el gobierno de Tabasco emitió un decreto para prohibir el entierro de los cuerpos y establecer que sólo se puede realizar la cremación, la cual se deberá realizar dentro de las primeras 12 horas luego de la muerte. También prohíbe grandes reuniones en crematorios y velatorios.

A esta reglamentación se unieron los gobiernos del noreste del país: Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con el fin de también permitir como único medio, la cremación.

En el resto de los estados del país, incluido Guanajuato, se ha apostado por las mismas políticas que tuvieron su base federal, en la que también se hace hincapié en que en las atenciones funerarias no se permitirán participaciones masivas, incluso si las velaciones se realizan en casas particulares.

“Las ceremonias deberán ser sencillas, privadas y breves, con el propósito de limitar expresión de emociones y afectos que puedan generar contacto físico”, se señala en los Lineamientos para el Manejo de Cadáveres de pacientes infectados con coronavirus en el Estado de Guanajuato.

 

Los protocolos



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Este dato se obtuvo a partir de un estudio que se contrató a una consultora independiente, se estimó que el impacto económico en Guanajuato derivado del coronavirus oscilará entre los 70 mil y los 125 mil millones de pesos

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Fernando Velázquez

León.- La contingencia sanitaria del covid-19 generará que se pierdan entre 120 mil y 180 mil puestos de trabajo en el estado, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos.

En rueda de prensa virtual, apuntó que este dato se obtuvo a partir de un estudio que se contrató a una consultora independiente, el cual también estimó que el impacto económico en Guanajuato derivado del coronavirus oscilará entre los 70 mil y los 125 mil millones de pesos.

Añadió que los sectores más perjudicados serán el turismo y el calzado, y proyectó que tomará entre 1 año y 2 años y medio retomar los niveles de empleo y economía que se tenían antes de que comenzara la pandemia.

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El mandatario adjudicó por lo menos un 70% de estos crímenes a la delincuencia organizada por los conflictos de este tipo que existen en el estado

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Redacción

Ciudad de México.- Guanajuato sigue encabezando los registros como el estado con más homicidios dolosos del país, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

“Ayer por ejemplo de los homicidios que registraron en el país, un porcentaje muy alto se cometió en Guanajuato y esto es una constante”

El mandatario mostró una gráfica de los homicidios del día de ayer, en donde aparece que dos estados no registraron homicidios y el total a nivel nacional de estos crímenes fue de 71, dentro de los gráficos destacó que Guanajuato registró 20 homicidios, lo que significa el 28% a nivel nacional, casi el doble que el Estado de México que registró 11, lo que adjudicó al crimen organizado.

Conflicto de grupos organizados

Al ser cuestionado respecto a la congelación de cuentas del Cártel Nueva Generación y la participación de la DEA en el operativo, el titular del Ejecutivo comentó que su gobierno se mantiene en cooperación con las agencias de EUA, algo que no es secreto ni clandestino pues se realiza respetando la soberanía del país.

“Hubo una solicitud del gobierno de EUA, de que tenían información y de acuerdo a los convenios de cooperación se tenían que cooperar cuentas y fue lo que se hizo.”

Así mismo el mandatario federal dijo que se tiene que seguir enfrentando a toda la delincuencia, al crimen organizado y “para decirlo con toda claridad, a toda la delincuencia”.

Respecto a esto manifestó su preocupación respecto a los homicidios, ya que dijo que un porcentaje considerable de estos delitos tiene que ver con los grupos delictivos.

“…es público el enfrentamiento que traen [el CJNG] con otro grupo en Guanajuato y eso nos ha afectado mucho. Guanajuato es de los estados ahora con más homicidios, desde luego nada que ver con Campeche, Yucatán, con Chiapas”.

“No vamos a dejar de enfrentar a la delincuencia organizada sin declarar guerras, sin masacres, con inteligencia y sin permitir la corrupción, la impunidad”, aseguró

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Están inculpados por el rapto de ciudadanos mexiquenses; en septiembre de 2017, los acusados detuvieron a los mexiquenses en la Glorieta Fundadores, último lugar donde fueron vistos los aún desaparecidos

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Nicolás y Martín ‘N’, fueron capturados la AIC en 2018 y 2019 respectivamente. Foto: Archivo

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Estado.- Dos expolicías municipales de Celaya, identificados como Nicolás N. y Martín N. son los únicos que han sido detenidos por participar en la desaparición forzada de dos ciudadanos, cuyo caso fue documentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, en el expediente 208/17-C.

De acuerdo con información que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, ambos fueron inculpados por su relación con el rapto y desaparición de dos hombres originarios del Estado de México, el 27 de septiembre de 2017.

Nicolás ‘N’ fue el primero en ser detenido por Agentes de Investigación Criminal (AIC), en junio de 2018, mientras que Martín ‘N’ fue capturado a finales de agosto de 2019. Hoy ambos se encuentran en prisión.

De acuerdo con la información recabada, los ciudadanos Jorge y Jonathan fueron entrevistados por los entonces policías municipales a la altura de la Glorieta Fundadores en el municipio de Celaya, sin embargo, tras la revisión fueron seguidos por los elementos de la Policía en vehículos oficiales, y nunca más se supo del paradero de los ciudadanos.

Cabe señalar que, de acuerdo al Código Penal del Estado de Guanajuato, el delito de desaparición forzada de personas conlleva una pena de cinco hasta 40 años de prisión, según se establece en el capítulo VIII de dicha ley estatal.

 

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