María Espino/Gilberto Navarro

Guanajuato.- Mientras una organización de la sociedad civil exigía respuestas y sanciones por la pérdida de inmuebles, que debieron cuidarse como parte del patrimonio de la Universidad de Guanajuato (UG), el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino apostó a evitar la polémica.

El Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato (OEC-GTO) presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por posibles actos de corrupción, abuso de autoridad y tráficos de influencias que derivaron en que la UG perdiera siete inmuebles en San Miguel de Allende.

Se trata de fincas que, al haber quedado intestadas tras la muerte de su propietaria Carmen Beckham Macías de origen estadounidense, debieron pasar a ser parte del patrimonio de la Universidad de Guanajuato.

Foto: Archivo

El caso fue publicado por Correo; se evidenció que por descuido, negligencia o por un probable acto de corrupción, la UG perdió los derechos que tenía sobre un bien inmueble lo que fue aprovechado por un tercero en San Miguel de Allende.

Ayer, la UG fijó su postura en la que estableció que el área jurídica había realizado los movimientos necesarios para adjudicar dicho inmueble a la “masa hereditaria”, sin embargo “la autoridad judicial resolvió que la prescripción positiva ya se había consumado”.

Hoy, el presidente del OEC-GTO, José Miguel Juárez Velázquez, apuntó que debido al tiempo que ha transcurrido y a que las propiedades ya están en manos de terceros, resulta muy difícil que se puedan recuperar.

Sin embargo, resaltó que al interponer esta denuncia lo que se busca es que se haga la averiguación pertinente y se determine si de manera interna la UG estaba enterada, así como el entonces gobernador, Miguel Márquez Marquez, y el alcalde en turno, Mauricio Trejo Pureco, para que se defina si hubo omisión en evitar la pérdida de esos bienes.

Recordó que en el 2015 el Frente Amplio de Ciudadanos en San Miguel de Allende ya había hecho de conocimiento al presidente municipal, al gobernador del estado y a la propia universidad que esas propiedades deberían ser exhibibles para la universidad.

“En su momento tanto el gobernador como el alcalde en turno sabían del asunto y nunca se requirió una acción contundente para evitar la pérdida (…) se reporta desde el 2015, sólo se busca demostrar que se hizo lo suficiente para no perder (…) son hechos pasados pero que tiene mucha relevancia actualmente.

“La Universidad tiene contrapeso social. El que tenga este tipo de actos y que sea una constante de la universidad, es muy preocupante”.

Sobre la postura de la UG, consideró extraño que no se hizo referencia al convenio celebrado por parte de la exapoderada legal de la UG, María Isabel Rodríguez Aguilera, en el que cedió los derechos “por buena fe” y reconoció la posesión en manos de Gloria Espinoza Briseño, quien trabajaba en la casa sin sustentar que fuera colaboradora de Beckham.

Miguel Juárez manifestó que buscarán que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se sume y acompañe en el proceso que el OEC comenzó.

Foto: Carlos Ontiveros

Por su parte, el activista en rendición de cuentas, Fernando Revilla, resaltó que buscan que se finquen las responsabilidades correspondientes contra quien resulte responsable, por la pérdida de los inmuebles y por las omisiones, si es que se demuestra que la rectoría de la UG tenía conocimiento, al igual que los consejos y comisiones dentro de la máxima casa de estudios.

Sugirió que de comprobar irregularidades, la UG reforme la manera en como realiza este tipo de procedimientos, pues subrayó que de no hacerlo podrían repetirse estos errores.

“La Ley de Responsabilidades y el Código Penal señala que ellos tendrían que enfrentar algún proceso. Por otro lado, es necesario cambiar las cosas en que se están realizando las cosas porque si no entonces ponemos en riesgo operaciones futuras”.

Finalmente, el abogado Roberto Saucedo Pimentel comentó que de confirmarse que hubo corrupción no se puede hacer nada en contra del abogado Ignacio Reyes Retana quien ya falleció.

Reiteró la casi nula posibilidad de recuperar los inmuebles, pero mencionó que sí se pude proceder en contra de las personas que se prestaron al juego o “estrategia legal”, como lo es Gloria Espinoza, el notario que estuvo implicado y la entonces apoderada legal quien aún trabaja en la UG.

Respecto a la posible responsabilidad del rector general, Saucedo Pimentel dijo que como cabeza de la institución debió recibir este caso, sin embargo, en su postura no se menciona que él haya ordenado o él mismo haya presentado una denuncia penal y destacó que, aunque al parecer iniciaron procesos disciplinarios, los hicieron mal porque la apoderada salió absuelta.

Respaldo al área jurídica

El Rector General de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe guerrero Agripino, respaldó al departamento jurídico en su actuación sobre la pérdida de inmuebles en San Miguel de Allende y aseguró que no hará juicios de valor en el caso.

Luis Felipe Agripino, aseveró que la actuación del equipo jurídico fue apegado a la ley; “actuamos paso a paso en cuanto al orden jurídico establece, es lo que hacemos en este y todos los casos”.

Foto: Gilberto Navarro

Respecto a la denuncia penal por advertir actos de corrupción que se presentó en contra de la máxima casa de estudios, por parte del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, se negó a hablar ya que dijo que solo se apegaría lo estrictamente jurídico.

“No voy a entrar al análisis polémico en torno a un caso que no sea desde el punto de vista jurídico, no voy a entrar a esos detalles, no voy a entrar a una polémica que no sea jurídica, técnica, ya cualquier especulación, análisis de otro tipo, con todo respeto no voy a contestar”.

Finalmente dijo que no emitiría juicios de valor en torno a la actuación de los involucrados en la pérdida del inmueble, como la entonces encargada del área jurídica María Isabel Rodríguez Aguilera, quien permanece como asesora jurídica de la Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior.

Gobernador pide información

Sobre este caso, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se limitó a decir que a través de medios de comunicación se enteró del tema, pero que no emitirá una opinión hasta no estar plenamente enterado jurídicamente de lo que sucedió.

“Vi la nota, no conozco, pedí una ficha y me gustaría opinar una vez que tenga bien la información, no desconfió de la nota periodística pero si me gustaría tener información en medios jurídicos para defender el tema y poder tener una opinión al respecto”.

En rueda de prensa, los integrantes del OEC-GTO hicieron un recuento.

El 13 de Octubre del 2014, falleció Carmen Beckham quien no tenía herederos aún como dueña de siete inmuebles que en consecuencia, quedaron intestados. Por esta situación jurídica debieron adjudicarse a la Universidad de Guanajuato, sin embargo, el 17 de Diciembre de ese año la apoderada legal de la UG autorizó el ceder todos los derechos de una finca a Gloria Espinoza Briseño, como supuesta extrabajadora de Beckham.

Posteriormente, Gloria Espinoza vendió la finca por 40 millones de pesos. El 13 de Noviembre el 2015 el Juez segundo civil en San Miguel de Allende, ratificó la propiedad a su nombre con base en el convenio sesión que antes había firmado la apoderada legal de la UG

El 15 de diciembre del 2016, la UG apeló la decisión tratando de recuperar la finca pero en febrero del 2017 la segunda sala civil del Supremo Tribunal de Justicia, determinó que esa decisión era irreversible.