Redacción

Ciudad de México.- El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

Un año y medio después las agencias de su gobierno registraron los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.

Es decir, agencias de Peña Nieto registraron, en promedio, más de 33 objetivos de ciberespionaje al día, a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, India, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group.

Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite a una agencia de gobierno acceder a prácticamente toda la memoria del teléfono de un objetivo, incluyendo mensajes —SMS, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería— y correos.

También capta la geolocalización, permite consultar el historial en cualquier momento, escuchar las llamadas y tomar el control del micrófono de la cámara cuando lo desee.

Los nombres

En el caso de México, uno de los teléfonos incluido en la lista de espionaje es el del reportero Cecilio Pineda Birto, quien fue asesinado el 2 de marzo de 2017, mientras que su teléfono no fue encontrado.

Otros periodistas incluidos son Carmen Aristegui; Andrés Villareal; Ismael Bojórquez; Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso; Jorge Carrasco Aráizaga, entonces reportero y hoy director del semanario; Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Álvaro Delgado, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna.

Asimismo aparecen los celulares del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y del entonces fiscal del estado, Xavier Olea Peláez.

Los datos también sugieren la existencia de un cuarto ente, no identificado, que realizó una menor cantidad de ataques pero los dirigió exclusivamente hacia personajes políticos de primer nivel.

Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que Proceso publicará a lo largo de la próxima semana en el marco de Pegasus Project, y que exhibirán la magnitud del espionaje ilegal operado desde el gobierno de Peña Nieto. Puedes leer más AQUÍ.

ndr